El pasado mes de abril la empresa General Motors anunció el cierre
de la unidad de producción que fabricaba el emblemático motor Motor HFV6
(High Feature) de 6 cilindros.
Su fabricación se trasladaría de su planta de Ramos Arizpe a una en St. Catherine de Canadá.
El motivo: la incertidumbre que provocó el triunfo de Donald Trump y sus
amenazas de poner aranceles a las exportaciones provenientes de México.
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| Humberto y Rubén Moreira. Foto: El Universal |
La llegada del presidente republicano representó un balde de agua fría
para los planes de expansión de la poderosa industria automotriz
establecida en Ramos Arizpe, el semidesértico poblado mexicano que
atrajo desde principios de los años ochenta a las empresas ensambladoras
que abandonaron Detroit, Michigan, en busca de mejores rendimientos con
la mano de obra barata mexicana.
Desde entonces la incertidumbre
se postró en este pequeño poblado de menos de 100 mil habitantes que
alberga también una plantas de Chrysler así como un gran “cluster” de
empresas de autopartes.
También se derrumbó el ilusorios proyectos, que buscaba convertir a
Coahuila en una potencia energética: la extracción de gas lutita, el
cual fue abandonado ante la crisis mundial generada en la industria
petrolera ante la caída de los precios de los energéticos.
Para este proyecto, Pemex, y el gobierno estatal, ya habían invertido
millones de dólares en la región norte del estado para perforar pozos
exploratorios que ahora están abandonados.
Los nubarrones también se postraron en el horizonte del sector acerero, otro de los piares económicos de Coahuila.
“Por décadas, Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) ha sido la fortaleza
de acero de Monclova, el sostén económico de miles de familias que hoy
tiemblan ante el catastrófico anuncio del despido de 4 mil 500
trabajadores; la siderúrgica más grande de México se aferra a la
supervivencia, ante el desplome en los precios del acero por la
competencia ilegal”, publicó meses atrás el diario local Zócalo.
La sobreoferta mundial de acero empujada por China provocó que se
derrumbaran los precios de diversos productos producidos por AHMSA. Por
ejemplo, la lámina rolada cayó casi un 50 por ciento. Mientras que la
lámina rolada en caliente, su costo en el mercado se desplomó más de un
41 por ciento.
Actualmente la empresa acerera trabaja muy por debajo de su capacidad de producción.
Educación y sector salud, hundidos
El pasado mes de febrero, empleados y maestros de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) se fueron a huelga. Alrededor de
720 maestros iniciaron el paro debido a la quiebra del fondo de pensión
a los trabajadores de la educación.
La dirigente sindical Roxana Cuevas exigió que el gobierno de Coahuila
explique en dónde quedaron mil 200 millones de pesos que formaban
parte del fondo para la seguridad social de los trabajadores.
Ese fondo de pensiones pertenece a los trabajadores de la UAAAN, de la
Universidad de Coahuila y de la sección 38 del Sindicato de Maestros y
es administrado por el Instituto de Pensiones para los Trabajadores
al Servicio del Estado de Coahuila.
Desde el año 2010, durante la administración del exgobernador Humberto
Moreira, se desconoce dónde quedaron esos recursos de las aportaciones
históricas de los trabajadores de la educación.
Debido al desfalco en el Fondo de Pensiones, ahora ya no hay dinero
para pagar a los maestros y trabajadores que se jubilen en próximos
años, y las clínicas para la seguridad social carecen de medicamentos.
Actualmente
cientos de maestros y trabajadores de la Universidad de Coahuila, la
Antonio Narro y de la Sección 38 no se pueden atender en las clínicas
del sector Salud debido a la falta de medicamentos.
Rubén Moreira
también sumergió en bancarrota al sector de la educación al grado que
las universidades tecnológicas están en riesgo.
Des del año 2012
hasta el 2016, el gobierno de Coahuila ha dejado de aportar casi 700
millones de pesos que debieron llegar a cinco institutos tecnológicos,
cuatro universidades politécnicas y siete universidades tecnológicas que
operan en el estado.
Las aportaciones que debe destinara el
gobierno estatal a las universidades tecnológicas forman parte de los
acuerdos entre el gobierno de Coahuila y la Secretaría de Educación
Pública federal.
Actualmente, por la falta de esos fondos, se pone
en crisis las operaciones de las universidades ya que si Coahuila no
paga, la SEP también puede frenar sus aportaciones.
Continuidad a la corrupción
La
administración de Rubén Moreira también continúo ofreciendo contratos
millonarios a Luis Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, acusado
en una Corte Federal de Estados Unidos por pagar sobornos a cambio de
esos contratos.
En su página de Transparencia del gobierno estatal se registran seis contratos otorgados a las empresas de Castillo Cervantes.
Entre
otras irregularidades del actual gobernador destaca la denuncia
realizada por la Auditoría Superior de la Federación por el desvíos de
más de 32 mil millones de pesos.
Como lo hizo Javier Duarte en
Veracruz, también Rubén Moreira permitió que empresas fantasma desviaran
más de 500 millones de pesos del erario público.
Además, uno de
los miembros de su gabinete, Gerardo Garza Melo, era socio del capo del
narcotráfico preso en España, Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”
Muñoz. Ambos tenían una gasolinera donde se vendía combustible robado
ahora conocido como huachicol.
En Coahuila, “El Mono” Muñoz es
propietario de una 20 estaciones que también venden combustible robado
que les surtían los Zetas.
El narco y traiciones
Los Zetas llegaron a Piedras Negras en el año 2005, como avanzada del
Cártel del Golfo. Para 2007 ya controlaban las principales ciudades de
estado: Saltillo, Monclova, Ciudad Acuña y la región Carbonífera.
El capo Alfonso Poncho Cuéllar testificó en un juicio celebrado en la
ciudad de Austin, en abril del 2013, que pagaron millones de dólares a
la Policía Federal, a la delegación estatal de la PGR, a mandos del
Ejército y a las autoridades estatales para que los dejaran trabajar.
En marzo del 2010, los Zetas rompen con el CDG y se desatan en
Tamaulipas y Nuevo León pavorosas batallas cuyo único antecedente se
remontaba a la Revolución Mexicana.
La narcoguerra provocó que la élite Zeta, Heriberto Lazcano, Miguel
Ángel Treviño y Enrique Rejón Aguilar, se mudaran a Allende y otras
ciudades del norte de Coahuila, donde disfrutaron de paz gracias a los
sobornos que pagaban a mandos de la Fiscalía y a otros funcionarios
estatales.
El grupo criminal pudo operar libremente y cometer la más terrible
masacre del México actual, la cual se mantuvo en secreto por casi dos
años, gracias a los sobornos a las autoridades.
La violencia se redujo en Coahuila debido a la disputas y traiciones de
los capos, que destruyeron a la organización criminal y no por las
acciones de las autoridades.
No obstante, los hermanos Moreira pagaron con sangre su relación con los líderes Zetas.
El 3 de octubre del 2012, Alejandro Treviño Chávez, sobrino del “Z40”, y
tres hombres más caían bajo las balas del cuerpos de élite de la
policía estatal: los Gates.
La muerte de su sobrino rompía el
supuesto acuerdo que los hermanos Treviño mantenían con el gobernador
Rubén Moreira. Complicidad que se sustentaba en una Suburban atestada
de maletas con dinero que le habían mandado al gobernador, según reveló
el narcotraficante Efrén Tavira en un juicio celebrado en San Antonio,
Texas.
En venganza por la muerte de su sobrino, Miguel Ángel
Treviño ordenó a Rodolfo Castillo, subdirector de la policiaco de Acuña,
que les “pusiera” a José Eduardo Moreira, el hijo mayor de Humberto que
contaba con 25 años.
José Eduardo trabajaba como coordinador regional de programas sociales en la administración de su tío Rubén.
El
jefe policiaco lo citó en una tienda de conveniencia donde lo
“levantaron” varios policías municipales para luego entregarlo a
sicarios Zetas, quienes se responsabilizaron de asesinarlo.
Horas más tarde su cuerpo fue localizado sobre en un camino que conduce a la comunidad de Santa Eulalia de Ciudad Acuña.
En
esos días Miguel Ángel Treviño le mandó un mensaje desde Piedras Negras
al gobernador Rubén Moreira en una narcomanta que apareció en la
región, en la cual se leía: “Sobrino por Sobrino”.
Humberto Moreira y su hermano Rubén pagaban con carne propia su complicidad con el grupo criminal.
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