La Jornada
Las elecciones estatales
efectuadas ayer en el estado de México se encaminaban, con la
información disponible al cierre de esta edición, hacia un conflicto
poselectoral por la vía judicial. Ello es así porque, poco después de
que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) reclamaron el triunfo para sus
candidatos, Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez,
respectivamente el presidente del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM), Pedro Zamudio, divulgó un conteo rápido
no oficialy que sólo
marcaba una tendencia, en el que el priísta tendría una ventaja de dos puntos porcentuales sobre la ex alcaldesa de Texcoco. Minutos más tarde, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó de
descontónel anuncio del IEEM, señaló que los resultados del ejercicio
no corresponden a la realidady anunció que su partido no lo acepta.
Las anticipaciones a los resultados finales de la jornada electoral
–en la que también se realizaron elecciones estatales en Coahuila y
Nayarit y municipales en Veracruz– arrojan, de manera irremediable, la
sombra de la sospecha sobre ellos. A la luz de lo ocurrido en las
últimas horas de ayer, cabe dudar que los candidatos punteros vayan a
aceptar las cifras finales, sean cuales sean.
Tal circunstancia resulta particularmente preocupante en el
caso del estado de México, la entidad con mayor número de votantes en el
país, y en cuyo proceso electoral se prefiguran los comicios
presidenciales del año próximo.
Y, a menos que se presente el escenario improbable en el que uno de
los contendientes acepte los números finales de la elección, el curso
previsible es una querella legal de resultados inciertos en la que
tendrá que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Tal perspectiva es del todo indeseable, si se considera que los dos
comicios presidenciales anteriores (2006 y 2012) han terminado en esa
instancia judicial a la que debería recurrirse por excepción, lo que
habla a su vez de la nula capacidad de los procesos electorales
regulares de arrojar resultados confiables, verosímiles y aceptables
para todas las partes, algo que debería ser parte de la normalidad
democrática.
En suma –y a reserva de comentar en este espacio lo ocurrido ayer en
Coahuila, Nayarit y Veracruz–, son los comicios mexiquenses los que
marcan la tendencia de la institucionalidad y los procesos electorales, y
lo sucedido allí indica que sigue su curso el grave deterioro por el
que ambos atraviesan y que el país posee una democracia disfuncional.
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