En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un sistema paralelo, lo que alguno de los funcionarios inmersos en la implementación de la estrategia describió como un sistema encima del sistema de transporte de combustible por ductos.
“Es un sistema diseñado con tanta precisión que se roba lo necesario para quitarle la ganancia a Pemex, pero le permite subsistir”, me dijo.
De acuerdo con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado, se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse de la ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de entre 46 mil millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la fuente, en el último año.
En su edición 2204, actualmente en circulación, el semanario Proceso expuso la forma en que el gran robo ocurre a través de una red que, con tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos clandestinos que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar decenas de miles de litros de combustible.
Por supuesto, la dimensión de la extracción así como su capacidad de transporte demuestran que, en efecto, se trata de una operación idéntica a la de Pemex, respecto a la que falta aun ver cuál es el destino, es decir, si todo el proceso tiene características similares a las de la otrora paraestatal, necesariamente tiene que haber clientes similares.
Hasta ahora, con los indicios que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera y, aunque en menor medida, la Fiscalía General de la República, resulta más o menos claro que hay franquiciatarios de Pemex involucrados en la recepción del robo de combustible.
Existe la posibilidad de que también participen del mercado ilegal de combustibles, tanto empresas transportistas de amplio parque vehicular, como grandes empresas de distribución de productos en transportes terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.
Luego, el resultado de esta operación tiene que ser en dos vías: una, la que implica a poderosos servidores o exservidores públicos de la petrolera y otra, la de quienes de manera consciente comercializan el combustible robado.
Aun cuando se han anunciado averiguaciones previas y casos ya judicializados, hasta ahora no existen indicios de que las investigaciones lleguen hasta los más altos niveles de responsabilidad. Y, en el caso más sonoro de todos, el del general Eduardo León Trawitz, ni siquiera se ha abierto averiguación previa pese a que todo indica que será el primero en ser llamado a cuentas.
León Trawitz, quien fuera responsable de la seguridad de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México, ocupó la posición clave en la seguridad de Pemex durante el sexenio pasado y, para que esté disponible, la actual administración lo acaba de regresar de la representación diplomática en Panamá, a donde se le destinó como agregado militar.
Ese país centroamericano, famoso por los paraísos fiscales que ahí se desarrollaron fue un destino temporal para el mando castrense, ascendido en el sexenio peñanietista, notable su relación con el llamado Grupo Atlacomulco, que tiene en Acambay uno de sus semilleros, lugar enclavado en una región que se ubica como uno de los principales puntos huachicoleros.
Fieles a su tradición de combinar política y negocios al amparo del poder, los priístas mexiquenses son conocidos en parte por su empresas transportistas y por ser franquiciatarios de gasolinerías, aunque lo mismo ocurre en diferentes zonas del país, como ya se evidencia en Puebla con los alcaldes involucrados en el proceso ilegal.
Con tufo mexiquense en este primer momento, el huachicoleo parece encaminarse a dejar en evidencia a empresarios y políticos de distinto signo.