Ha evitado referirse a los grupos de delincuencia organizada que se adueñaron de tramos de los ductos, a pesar de tener esa información. En Hidalgo, por ejemplo, después de la tragedia que ha dejado hasta ahora 117 muertos han sido asesinados dos jefes locales que se dedicaban al robo de gasolina.
Las agencias de seguridad federales tienen la suficiente información para identificar a qué grupo o grupos pertenecían y sus áreas de operación. El tema de la delincuencia organizada parece no existir en el lenguaje del presidente.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tampoco lo ha hecho.
Pareciera que el robo de combustible ha sido cosa de pobladores. Seguramente a esos casos corresponden las más de dos mil carpetas de investigación que se han abierto.
El 17 de enero, durante su comparecencia antes de que el Senado lo designara, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se refirió a más de mil 700.
El lunes 28, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, les dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente que ya eran dos mil 286 las carpetas abiertas. De esas, solo 112 se han judicializado, es decir que ya fueron presentadas ante un juez.
Mencionó también la detención de 558 personas. Es factible que la mayoría sean pobladores que participaban en la recolección del combustible, pero no se ha informado sobre un solo funcionario detenido.
Únicamente hicieron traer desde Panamá al general Eduardo León Trauwitz, quien era el agregado del Ejército en ese país, conocido como uno de los principales centros de lavado de dinero. Lo trajeron para lo que se ofrezca.
En julio pasado, luego del triunfo de López Obrador, Trauwitz renunció a la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, a la que llegó bajo la protección del expresidente Enrique Peña. Es muy probable que su nueva asignación la haya hecho el anterior secretario de la Defensa Nacional, el ahora general retirado Salvador Cienfuegos.
Las estructuras mafiosas van mucho más allá de los recolectores de la gasolina en las tomas clandestinas. Incluye a los llamados delincuentes de cuello blanco, del sector público y privado. En el público, autoridades y empleados de los tres niveles de gobierno.
En el privado, no solo a los concesionarios de gasolinerías o dueños de bodegas o depósitos clandestinos. También, las grandes firmas compradoras de combustible robado ante las cuales el presidente también ha guardado silencio.
Según el gobierno, se está parando la sangría. Pero no ha dicho lo que hará para recuperar parte del millonario robo. O, muy en el estilo presidencial, también estaremos ante un borrón y cuenta nueva.
El robo de combustible significa toda una estructura mafiosa con células en todo el país y ante las cuales no basta la propaganda para enfrentarlas. Aun cuando decida hacer del problema solo un asunto político, el presidente está embarcado en un viaje del que no se sabe a dónde llegará.