Germán Larrea: un engendro más del neoliberalismo
FRAGUA
“Cinco pesos, ocho
horas” era la leyenda que se podía leer en los carteles de los más de
tres mil trabajadores mineros que tomaron las calles de Cananea, Sonora,
un 1ro de junio de 1906. Estos hombres estaban dejando a la historia de
nuestro pueblo una valiosa enseñanza: la clase trabajadora sólo
necesita valentía y organización para hacer que la tierra se cimbre y
los burgueses demuestren lo que son: un puñado de cobardes asesinos, una
minoría rapaz.
La huelga de Cananea es recordada por ser uno de los
movimientos que abrieron camino a la Revolución Mexicana, uno de los
tantos en los que el Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado por los
hermanos Flores Magón, realizó su tarea de agitación, propaganda y
organización, y despertó en los obreros la conciencia de lo indigno de
sus condiciones laborales. Primero fue en la Unión Liberal Humanidad
donde los obreros más conscientes se agruparon; poco tiempo después
nació el Club Liberal de Cananea. Estas dos expresiones del PLM fueron
la punta de lanza de un movimiento que, aunque en su mayoría fue
espontáneo, cuestionó la explotación, el despojo y la represión que la
empresa Cananea Consolidated Copper Company imponía a los mineros, y
exigió una jornada laboral de ocho horas, un salario mínimo suficiente y
un trato justo.
Ante estas exigencias, el dueño de la empresa,
William C. Greene, respondió: “Es del todo imposible aumentar los
salarios sobre su nivel actual...”, y a la justa manifestación obrera
siguió la represión: elementos militares y policíacos del Estado
mexicano, soldados estadunidenses, empleados gringos de la mina y
pistoleros al servicio de la compañía imperialista asesinaron a 23
trabajadores y dejaron heridos a 22 más. Así gobernaba la burguesía
mexicana: al servicio del capital extranjero, de los capitalistas
nacionales y de los latifundistas.
Tuvieron que pasar muchos
años para que en 1971 la mina de cobre de Cananea, la más grande del
país y la tercera más grande del mundo, pasara a manos del gobierno
mexicano y, con esto, que el usufructo de nuestras tierras y riquezas
sirviera al desarrollo del pueblo. Sin embargo, la burguesía siempre
estuvo al acecho, y con la entrada del neoliberalismo, ese mismo
gobierno oligarca que con la huelga de Cananea demostró su carácter
servil y sumiso ante el capital extranjero y nacional, volvió a entregar
nuestra riqueza a la burguesía.
En agosto de 1989, el
presidente Carlos Salinas de Gortari y su equipo de gobierno, entre el
que se encontraba Claudio X. González, remataron la mina de Cananea,
valuada en dos mil millones de dólares (mdd), por sólo 400 mdd al ahora
llamado Grupo México, en ese entonces dirigido por el empresario minero
Jorge Larrea.
Grupo México, dirigido actualmente por el
hijo de Larrea, Germán Larrea Mota Velasco, es un conglomerado de
empresas conformado por Southern Copper Corporation, ASARCO, Minera Los
Frailes, Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, Texas Pacífico, México
Compañía Constructora, GM Servicios de Ingeniería, Perforadora México,
Grupo México Energía, Grupo México Autopistas y Entretenimiento GM de
México.
En el sector minero, Grupo México es la compañía
minera más grande en el país, opera en Perú, Estados Unidos, Argentina,
Chile, Ecuador y España, y, sólo en el último año, tuvo una ganancia de 6
210 mdd, por la venta de 1 millón 054 mil 414 toneladas de cobre
anuales. Culpable de la muerte de 65 mineros en 2006 en la mina Pasta de
Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, esta empresa tiene su mina estrella,
Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, responsable del “desastre
ecológico más grande de México”: el derrame de 40 mil litros cúbicos de
tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014.
Además, tiene una extensión concesionada para la explotación minera en
Sonora de casi seis millones de hectáreas, lo que representa el poder de
usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente
a la superficie total de Michoacán.
En el sector de
transporte, Grupo México obtuvo ganancias por 1 767 mdd durante el 2017,
y opera a través de diversas líneas ferrocarrileras, entre las que se
encuentra el Ferrocarril Mexicano, propiedad de la empresa Ferrocarriles
Nacionales de México, vendida durante el periodo neoliberal con Ernesto
Zedillo. Fue gracias a esta privatización que Grupo México se
convirtió en el operador ferroviario más grande de México en cobertura y
tamaño de flota: su red cubre aproximadamente el 71% del área
geográfica del país y casi el 80% de las áreas industriales y
comerciales. Además, Germán Larrea posee más de la tercera parte de
las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico que opera los
aeropuertos internacionales de las principales ciudades del país, con
excepción del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de
México.
En infraestructura, este monopolio de la burguesía
ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así
como perforación terrestre y marina, que incluye arrendamiento y
operación de plataformas petroleras, los cuales se han visto ampliamente
beneficiados con la reforma energética y las concesiones de las
autopistas nacionales: no son fortuitas sus ganancias por 608 mdd,
durante el 2017.
Desde el sexenio de Salinas de Gortari
hasta el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, las filiales mineras, de
infraestructura y de transportes de Grupo México han recibido 333
concesiones, con una vigencia hasta el año 2063, las cuales
aproximadamente representan 83 582 hectáreas del territorio nacional,
según datos de la Secretaría de Economía.
Como puede
verse, la fortuna de Germán Larrea Velasco —miembro de la oligarquía
burguesa agrupada en el Consejo Mexicano de Negocios—, valuada en 17 mil
300 mdd, se ha fincado en el robo al pueblo, pues todas las empresas
que ahora le pertenecen alguna vez fueron propiedad del Estado, de
manera que las ganancias que de ellas se obtenían alimentaban el erario
público, es decir, al presupuesto a la salud pública, a la educación, a
la seguridad social, a la vivienda social y a los servicios básicos con
tarifas justas. Así, gracias al despojo, a la explotación y a la
represión del capitalismo y sus políticas neoliberales, Larrea Velasco
es el segundo hombre más rico de México y el número 79 del mundo.
Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es momento de terminar con
el neoliberalismo, pues sólo ha significado pobreza, corrupción y
violencia. Para esto, ha emprendido una serie de reformas
gubernamentales que apuestan a la “austeridad republicana”; es decir, al
adelgazamiento de las nóminas de la alta burocracia, a la eficiencia
del uso de recursos de algunas instituciones públicas —como Pemex— y
al recorte de personal que, justamente con la entrada del
neoliberalismo, perdió todos sus derechos laborales de manera que fueron
contratados bajo el esquema de trabajadores por honorarios, de
confianza, eventuales y prestadores de servicios. En pocas palabras, a
un ajuste presupuestal que permita al gobierno “hacer más, con menos” y
destinar lo ahorrado a políticas públicas en “beneficio de los más
pobres”, y a la seguridad pública.
Sin duda, consideramos
que es urgente que la alta burocracia deje de percibir los cientos de
miles de pesos que año con año se embolsan. Sin embargo, creemos que
para acabar con el neoliberalismo en los hechos, también es necesario
que esa mafia que aún sigue en el poder, devuelva al pueblo lo que se
robaron: aquellas empresas que eran nuestras y servían al bienestar de
los trabajadores, pues aunque mientan y nos digan que gracias a ellos
tenemos trabajo, nosotros no olvidamos que esa riqueza sale de nuestras
tierras y la generan nuestras manos. Es cierto, necesitamos “un
gobierno del pueblo y para el pueblo”, y la única manera de acercarnos a
eso es que el Estado recupere la propiedad de los grandes medios de
producción (las minas, la industria petrolera, las fábricas, las
telecomunicaciones, entre otros), y que vuelva a tener el control sobre
la explotación de los recursos naturales.
Hemos escuchado que
la corrupción dejó a nuestra patria en banca rota, que no hay dinero y
que justamente ésta es la razón de la austeridad. Sin embargo,
consideramos que la austeridad no debe aplicarse únicamente a altos
funcionarios de gobierno, pues aunque esa burguesía mezquina haya
aceptado aumentar el salario mínimo, la realidad es que los precios de
los alimentos y los servicios siguen aumentando, de manera que debemos
seguir apretándonos el cinturón con las políticas de austeridad que los
patrones nos imponen. Más bien, la austeridad debe aplicarse, como
dicen, “de arriba para abajo”, pero no únicamente al gobierno, sino a
toda esa oligarquía, a esos vividores del sufrimiento e incertidumbre
del proletariado.
Así, el presidente debe utilizar la
comunicación directa que tiene con esa minoría rapaz —a través del
Consejo Asesor Empresarial conformado por Ricardo Salinas Pliego,
Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel
Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán—, para exigirles
que devuelvan lo robado, pues sólo así se podrá garantizar una justicia
social a corto plazo.
¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección ENGENDROS DEL NEOLIBERALISMO del No. 39 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2019.
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