Astillero de Julio Hernández López

Romero Deschamps, (casi) limpiecito

Solitaria denuncia en su contra

Amnistías contradictorias

Termina guerra contra el narco

Durante décadas, las plazas públicas y los espacios de comunicación al alcance de la oposición electoral de izquierda se vieron poblados de nombres y apellidos que simbolizaban lo peor del régimen al que combatían: mafia del poder, era el terceto de palabras que englobaba a los villanos nacionales. No se necesitaban procedimientos judiciales ni asideros jurídicos: la sabiduría popular y sus intérpretes sentenciaban sin apelación posible a los principales responsables de la desgracia nacional. Contra ellos se pedía castigo: cárcel, exilio, expropiación de bienes, inscripción estigmatizante en el muro de la podredumbre nacional.

Al amparo de la amnistía política que a título personal (es decir, discrecional) ha determinado otorgar el Presidente de la República del primero de diciembre de 2018 hacia atrás, el catálogo de la corrupción punible se ha visto drásticamente enflaquecido, casi en vías de extinción. El principal beneficiario inmediato de ese virtual perdón político es el antes satanizado Enrique Peña Nieto, quien compró indulgencias transexenales al facilitar el acceso al poder de su antiguo contrincante tabasqueño. Los miembros del gabinete peñista también gozan de cabal salud, salvo casos de añejo encono como el de Rosario Robles Berlanga, a quien, tal cual ella lo pidió, le buscan hasta debajo de las piedras, de tal manera que se ha armado un expediente de irregularidades que podría (o no, diría el clásico) ser activado en fecha próxima.

Un caso de probable benevolencia andresina está a la vista con Carlos Romero Deschamps como protagonista (a menos que la policía y el MP demuestren lo contrario). A pesar de las múltiples evidencias de corrupción y despilfarro de este dirigente sindical, jefe de una camarilla nacional bajo fundada sospecha de participar en el saqueo que sucedía en Petróleos Mexicanos, ayer se informó en la conferencia mañanera que sólo hay en su contra una denuncia, que no ha sido ratificada, y nada más en cuanto a robo de combustible.

Cierto es que Romero Deschamps y sus allegados se han allanado ante acciones y decisiones andresinas relacionadas con el combate al huachicol. Pero resulta desproporcionado el pago político a esa mafia sindical, aun cuando la responsabilidad de tal desvanecimiento de corrupción se pretenda endilgar a los ciudadanos, pues éstos no habrían presentado hasta ahora más denuncias contra el citado Romero Deschamps (podría, desde luego, abrirse procedimiento contra dicho líder con la solitaria investigación eventual, pero ¿sólo por un caso y como reclamo individual menor?).

Corresponde al gobierno federal, sobre todo si se tiene un apoyo popular tan amplio y firme, generar acciones justicieras más allá de que existan o no diligencias personales de algunos ciudadanos. Un caso claro de ese actuar selectivo de Palacio Nacional puede verse en las acusaciones que se cocinan contra el general Eduardo León Trauwitz, operador y protegido del peñismo en la presunta vigilancia estratégica de Petróleos Mexicanos. Los delitos de los que se le pretende acusar corresponden al periodo amnistiado, es decir, antes del primero de diciembre de 2018, pero aun así ha habido esmero en documentar ese pasado presuntamente delictivo del brigadier.

Otro tema de manejo gelatinoso es el del presunto finiquito de la guerra contra el narcotráfico, según anunció ayer el Presidente de la República en su espacio noticioso. Es evidente que el comercio ilegal y criminal de drogas y estupefacientes no ha terminado, y que los grupos armados llamados cárteles se mantienen activos en ese rubro y en otros que ya le están siendo más que complementarios, como el del robo al combustible y la trata de personas, por dar ejemplos.

De tal manera que declarar terminada esa guerra es solamente un buen deseo presidencial, sobre todo si se contrasta con los aprestos militares, disfrazados de Guardia Nacional, que se organizan desde ya (aun cuando ni siquiera hay autorización legislativa) para acciones que encuadran en los escenarios bélicos conocidos durante el calderonismo y el peñismo, como acaba de verse en el municipio guanajuatense de Villagrán.

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