Editorial La Jornada
Los ciudadanos mexicanos
son conscientes de una realidad atroz: si llegan a ser víctimas de un
delito, las posibilidades de obtener justicia son prácticamente nulas.
Las cifras resultan demoledoras: ni siquiera uno de cada 100 delitos
recibe un castigo, pues sólo se denuncian cinco de cada 100, y de ellos
sólo 12 por ciento llega a una resolución favorable al denunciante. Con
un índice de impunidad nacional de 99.3 por ciento, hay algunas
entidades donde el panorama es aún más desolador; en el estado de
México, de 202 mil carpetas de investigación abiertas en 2017, sólo 0.59
terminó en sentencia.
Hasta cierto punto, la situación puede atribuirse al déficit crónico
que experimentan las diversas instancias del sistema de justicia
(policías, ministerios públicos, tribunales). Por ejemplo, mientras que
la media mundial es de 16 jueces o magistrados por cada 100 mil
habitantes, en México apenas se cuenta con 3.59; asimismo, se estima que
hacen falta 120 mil policías estatales debidamente capacitados para
cubrir las necesidades en la materia. En el caso del Poder Judicial, el
déficit llama la atención habida cuenta de los ingentes recursos
asignados a este rubro por la administración federal anterior: entre
2013 y 2018 su presupuesto pasó de 46 mil a 71 mil millones de pesos
anuales, un incremento de 54 por ciento.
Pero las carencias materiales y humanas no bastan para explicar los
pobres resultados del conjunto del sistema de impartición de justicia.
En efecto, no poco del deterioro que experimenta la persecución y
sanción de los delitos ha de atribuirse a la ineptitud, la indolencia,
la insensibilidad y la cada vez más difícil de ocultar corrupción de
amplios sectores dentro de las corporaciones policiacas, los ministerios
públicos y los juzgados. La lista de atropellos a la justicia
perpetrados por los primeros responsables de garantizar el cumplimiento
de las leyes resultaría interminable, pero puede ilustrarse a través de
dos casos emblemáticos. En primer lugar, la agraviante conducción de las
indagatorias en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, en
Iguala, Guerrero. Esta tragedia, quizás el más notorio episodio de
violación de los derechos humanos en nuestros país durante la década
pasada, se convirtió durante el sexenio anterior en un lamentable
ejemplo de desaseo institucional, y sigue agraviando a los familiares de
las víctimas por las liberaciones de detenidos dictaminadas por jueces.
Por su parte, la conducta de los juzgadores que han conocido el caso de
pederastia agravada en contra de la menor Daphne Fernández –violada de
manera tumultuaria en 2015 por cuatro jóvenes pertenecientes a familias
adineradas de Veracruz– se convirtió en un signo tanto de la
insensibilidad de los impartidores de justicia, como del poder de los
sectores pudientes para delinquir impunemente.
El asesinato de Abril Cecilia Pérez Sagaón, perpetrado el lunes 25,
volvió a poner en el centro del debate público la inoperancia del
sistema de procuración de justicia, y levantó una justa indignación
social que debería constituir el inaplazable punto de inflexión para un
saneamiento profundo del aparato de procuración de justicia con la
finalidad de cortar de raíz la impunidad de los agresores y la
revictimización de los afectados.
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