La IM-Mujeres detectó que para el periodo 2017-2018, las defensoras de la tierra, el
territorio y el medio ambiente siguen siendo las más agredidas (mil 14),
seguidas de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación
(666).
Las defensoras mencionaron que se viven tiempos de
represión brutal de gobiernos de Chile, Colombia y Bolivia, en la que se
enfrentan a políticas neoliberales, extractivismo y fundamentlaismo religioso.
La Iniciativa hizo una breve síntesis de las situaciones de
los 5 países, en la cual coincidieron que frente a estos contextos de violencia
las mujeres siguen a la vanguardia de todas las luchas, en todos los países y
comunidades.
En Nicaragua, la crisis
socio-política y de Derechos Humanos que vive el país desde abril de 2018,
lejos de cerrarse, se prolonga y profundiza junto con la represión de la
protesta pacífica y la violencia paramilitar contra las defensoras. Doloroso
testimonio de ello son las 7 compañeras que este 29 de noviembre amanecen bajo
la condición de presas políticas o las decenas de defensoras que siguen
exiliadas.
En Honduras, a 10 años
del Golpe de Estado, la corrupción y el crimen organizado campan a sus anchas
en un gobierno que reprime a la población que ejerce su legítimo derecho a la
protesta. Garantiza impunidad para corporaciones que usurpan territorios para
los asesinos de Berta Cáceres y para quienes ejercen violencia criminal contra
las comunidades y las mujeres -como es el caso de las garífunas- mientras
criminaliza a quienes defienden derechos.
En El Salvador, las
mujeres seguimos siendo víctimas de femicidio y criminalización por abortar o
por denunciar abusos y violencia sexual. Nuestras compañeras de las comunidades
LGBTI son asesinadas con crueldad y con la más absoluta impunidad mientras el
discurso de odio se expande por las redes sociales y medios de comunicación, en
ocasiones con la connivencia de destacados funcionarios del gobierno.
En Guatemala, mientras
el Estado blinda sus dinámicas corruptas expulsando a la CICIG del país y
tramita leyes que suponen una amenaza para las organizaciones de Derechos Humanos
y para los derechos fundamentales de la población, las mujeres seguimos siendo
asesinadas -571 en lo que va de año- y las defensoras, especialmente las
integrantes de los pueblos originarios, agredidas y criminalizadas por defender
la tierra y nuestras comunidades.
En México, las periodistas son asesinadas y atacadas
por ejercer su libertad de expresión y derecho a informar, las
defensoras feministas enfrentan un discurso de odio y criminalización
por denunciar las violencias contra las mujeres o por defender el
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Quienes defienden los derechos
de las personas migrantes son objeto sistemático de agresiones en el
marco del pacto sobre política migratoria firmado por los gobiernos de
México y Estados Unidos.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México (Cimacnoticias/ChiapasParalelo).
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