José Enrique González Ruiz*
¿Qué vale la verdad, fría y desnuda, frente al atractivo resplandor de la mentira?
Anatole France
El próximo 25 de mayo se cumplirán cuatro años de que los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron desaparecidos en pleno centro de Oaxaca, en un operativo en el que habrían participado policías municipales y estales, así como integrantes del Ejército Mexicano. Se trata de un hecho reciente, del actual gobierno federal y no de “cosas del pasado” como se quiso dar a entender cuando se creó la Fiscalía Especial en tiempos de Vicente Fox y cuando Fernando Francisco Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defenderse en el caso Radilla.
Lo relevante es que, a pesar del tiempo transcurrido y, se supone, de la importancia que el gobierno da a este tipo de casos, no hay en el horizonte ni una brizna de aire fresco que haga pensar que nos acercamos a la solución del caso. No hay hechos como los siguientes:
1. La presentación con vida de los desaparecidos o la información de su paradero, como lo sugirió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 7/2009.
2. La detención de los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad judicial para que sean juzgados por este crimen de lesa humanidad.
3. La entrega a los familiares de los desaparecidos, y a la opinión pública, los resultados de la indagación que comenzó hace varios años la Procuraduría General de la República.
En lugar de eso, tenemos:
a) Negativa del gobierno federal a aceptar que se trata de una desaparición forzada.
b) Administración del asunto para que el tiempo haga su tarea y diluya el interés de las partes.
c) Intento de “resolverlo” mediante la petición de muestras de ADN a los familiares para compararlas con quién sabe qué restos humanos.
Así, la ausencia total de voluntad política es el rasgo característico de este problema. Las declaraciones que hacen los funcionarios no se traducen en hechos concretos que hagan pensar en su disposición de avanzar.
Posibles explicaciones a la nula voluntad política
Podría pensarse que el gobierno mexicano está muy preocupado porque está sentado en el banquillo internacional del acusado. Cada vez son más los casos que se formalizan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y va aumentando el número de sentencias condenatorias. El mundo se enteró de que, al igual que en Argentina y en Chile que sufrieron sanguinarias dictaduras, aquí se ha dado una guerra sucia de las autoridades contra su propio pueblo. Pero eso no parece perturbar el sueño de los gobernantes mexicanos.
¿A qué se deberá esa actitud? Veamos algunas hipótesis:
a) El gobierno está interesado en resolver el asunto de las desapariciones forzadas, pero no ha podido. Caben varias posibilidades:
I. No existen pruebas, porque los autores de la desaparición forzada las borraron.
II. Su capacidad no llega a los niveles requeridos para resolver una desaparición forzada.
III. Es imposible dar con la verdad.
b) El gobierno federal no tiene interés en encontrar la solución. Las posibilidades son:
I. El EPR no representa ningún riesgo para su poder, de modo que no hay razón para preocuparse y ocuparse de sus desaparecidos. Por ello, la tregua que ha decretado no es cuestión que deba valorarse; está acotado y bajo control.
II. Los perpetradores de la desaparición forzada son muy poderosos y más vale no meterse con ellos; especialmente si hay militares involucrados.
III. Abrir el tema de las desapariciones forzadas podría resultar riesgoso, porque el caso se multiplicaría por miles.
IV. Entre 40 mil muertos por la “guerra contra el narcotráfico”, dos desaparecidos son asunto menor.
V. El sistema no está preparado para admitir culpas de Estado que implican responsabilidades en delitos graves. Mucho menos si hay elecciones presidenciales en el horizonte cercano.
Los escenarios viables
En escena, hay varios actores. Los esenciales son los familiares de las víctimas, el gobierno federal y el EPR. Vienen luego la Comisión de Mediación (Comed), la CNDH y los organismos no gubernamentales de derechos humanos. En lo mediato, juegan la prensa y la sociedad en general. Tomando en cuenta lo que motiva a cada uno de ellos, vemos los siguientes escenarios a futuro:
1. Presionado por las circunstancias nacionales e internacionales, el gobierno toma acciones firmes y aporta hechos que den constancia de su voluntad real de ocuparse, en serio, del problema. En ese caso, puede haber justicia (con el conocimiento de la verdad y el castigo de los culpables) y reparación a quienes sufrieron daño.
2. Llevado por sus intereses, el gobierno continúa en la actitud que ha tenido hasta ahora, caso en el que podría terminar la tregua. Los familiares tal vez acudirían a la justicia internacional y la Comed perdería razón de ser.
3. La sociedad civil exige solución a ésta y a las demás desapariciones forzadas y el gobierno es rebasado.
Conseguir justicia en estos casos es cuestión de lucha. Las y los mexicanos tenemos que conseguir que los criminales de lesa humanidad sean llevados a juicio.
*Integrante de la Comisión de Mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México
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