Los cuerpos de mujeres vistos por dirigentes políticos como bienes de consumo a libre disposición
Por: Ruth Rubio y Stépanie Hennette-Vauchez*
Si se confirma que Dominique Strauss-Kahn, el director del FMI, cometió la agresión de la que le acusan, nuestras democracias deberían cerrar filas y articular una condena unánime de los abusos sexuales
Dominique Strauss-Kahn es inocente. Y lo es, porque en un Estado de derecho lo avala la presunción de inocencia. Este principio basilar del derecho penal exige un proceso con todas las debidas garantías antes de poder afirmar que DSK es un delincuente, pues esto es, a fin de cuentas, lo que se está dirimiendo.
Más allá de la falta de certezas, lo que es comprensible es que el desplome súbito de un icono como DSK, que en su sola persona reunía todos los rasgos estadísticamente representativos del poder (a la vez político, económico, global ¡y masculino!) haya sacudido al mundo entero. Y es por ello entendible que el mundo entero esté calibrando qué consecuencias pueda tener sobre el futuro del FMI, la crisis financiera, el euro o las elecciones presidenciales y el Partido Socialista en Francia.
Sorprende, sin embargo, (o tal vez no) que la gran ausente, hasta el momento, sea la reflexión acerca de qué implicaciones pueda tener el asunto no solo para la vida de la mujer presuntamente abusada (de la que solo alguna fuente en Estados Unidos ha informado de que no ha podido regresar ni a su casa ni al trabajo, teme perder el empleo y quedarse sin fuente de subsistencia en su condición de madre y viuda), sino para la mitad de la población mundial, que conforma el sexo femenino y sobre quien estadísticamente recae este tipo de violencia. Y sorprende porque hay buenas razones para pensar que el asunto DSK debiera abordarse más bien como el fenómeno DSK, realzando lo que de sistémico tiene, y permitiéndonos atar cabos. Porque haberlos, haylos.
Escándalos sexuales y clase política
Parte de los incidentes de infidelidad conyugal (el más reciente, (¿Schwarzenegger?), es condenada por la ética puritana pero, en último término, todas las éticas, puritanas o no, la acaban exculpando en un acto conciliatorio en el que típicamente concurren la caracterización de lo ocurrido como algo que atañe a la vida privada: la rehabilitación del orden familiar amenazado a través de un gesto de perdón ofrecido públicamente por el esposo infiel (asunto Bill / Hillary Clinton) y el trasfondo de una sociedad que entiende y tolera que el hombre de poder sea, casi por definición, un seductor de mujeres.
Mucho habría que decir acerca de las formas de violencia que históricamente se han condonado al amparo de la doctrina de la intimidad familiar. Lo que en todo caso resulta impresionante es la fuerza de su legado cuando observamos que en calidad de “sexo” y de “privadas” se siguen condonando otras muchas formas de abuso de poder.
Esto incluye las que se dan, por un lado, en las esferas paradigmáticamente públicas (el mundo laboral y el de la política) y por otro, en situaciones en las que la relación de superioridad jerárquica del hombre con respecto a la mujer con la que tiene sexo es tan clara que no puede uno sino desconfiar de que sean expresión de libertad (asuntos Bill Clinton-Monica Lewinsky, Dominique Strauss-Kahn/Piroska Nagy).
Más grave aún es, por supuesto, pensar que incluso las formas de abuso de poder más indiscutiblemente delictivas puedan encontrar acomodo en la vida y en la carrera de los grandes hombres políticos. Pensemos no solo en DSK, a quien se acusa ahora de intento de violación y abusos sexuales, sino por un momento también en Silvio Berlusconi, acusado de prostitución de menores y abuso de poder.
La línea que traza la ley
Pero donde el imaginario público, fascinado por la atracción atávica que ejerce el poder, sigue obsesionado con el presunto victimario y se lanzan adjetivos que torpemente buscan explicaciones e inevitablemente sirven para exculpar y reforzar estereotipos (“mujeriego, seductor, enfermo, adicto…”) la ley acude al rescate de la presunta víctima devolviéndole su condición de sujeto de derechos y recordando que lo que el derecho tutela como expresión de autonomía e intimidad es una sexualidad libremente consentida.
Es por ello por lo que aun aceptando que pueda ser cierto el fenómeno de la irresistible atracción sexual que ejercen “los hombres de poder”, no quede más remedio que diferenciar. Que en la mente del magnate de turno seducción, coacción y violencia se confundan en uno solo, y que, en todo caso, en la conciencia colectiva reine el común entendimiento de que ni el error ni la mala fe se han de pagar caros, es lo que explica el fenómeno DSK, que, de otra forma resulta, en efecto, difícilmente comprensible. ¿Cómo, si no, explicar que, de ser cierto, alguien de su talla, conocido en todos los círculos parisienses por su activa vida sexual, se lo haya podido jugar todo por un mal polvo?
Llegados a este punto no está de más recordar la línea que traza la ley separando sexo de subyugación; la línea entre lo legítimamente privado (la intimidad sexual de las personas) y lo que, por definición, no puede ser asunto privado (la conducta criminal) por mucho que algunos miembros del Partido Socialista Francés se empeñen en sugerir lo contrario.
Después de largas batallas feministas
Se ha logrado que los ordenamientos jurídicos de las democracias occidentales, aún muy lejos de ser instrumentos verdaderamente eficaces en su lucha contra la violencia de género, tipifiquen ampliamente los delitos contra la libertad sexual. Al hacerlo, reflejan una comprensión de que el abuso de poder se produce no solo cuando en la base del acto sexual está la violencia o la intimidación.
Basta la falta de consentimiento, pues solo el consentimiento expresa libertad. Para demostrar falta de consentimiento no hay que demostrar resistencia a la violencia (el “sí” es lo que hace falta, y el “no”, suficiente expresión de su carencia). Y para ser válido el consentimiento no puede verse viciado por una situación de manifiesta superioridad entre víctima y victimario con entidad suficiente para coartar la libertad de la primera.
Con todo, el asunto que nos ocupa tal vez no dé para tantos matices, aunque conviene preparar al lector pues sin duda los abogados de la defensa intentarán que así sea, a falta de otra coartada. Y es que en cierto sentido nos encontramos con un caso atípico.
Que los hombres poderosos cometen impunemente abusos sexuales nadie, en el fondo, lo duda. Que llegados a “tu palabra frente a la mía” la voz femenina que clama el “¡yo dije no!” logre tener la misma resonancia que la masculina que, investida de autoridad, lo niega, ilusorio. Que por ello, y por miedo a no perder más aún, víctimas y allegados opten por el silencio (asunto DSK-Tristane Banon) entristece, pero no sorprende.
Y todo confluye y explica que impunidad, connivencia y silencio sigan imperando. Por eso, de confirmarse su perfil aparente, el asunto DSK ofrece una ocasión histórica pues, de haberse cometido, el delito sexual lo fue sin que mediase relación personal, familiar o laboral de tipo alguno, con violencia y con un “no” expresado con resistencia a la fuerza, y que dejó huellas. Decepciona que el Partido Socialista Francés dé instrucciones de cerrar filas justo en sentido contrario.
Tal vez sea la ocasión
De un caso de manual la que haga falta para que en nuestras democracias, incluyendo algunas que (como la francesa o la española) se autoproclaman paritarias, hombres y mujeres de todas las ideologías políticas, empezando por los afincados en el poder, cierren filas y articulen una condena unánime.
*Ruth Rubio Marín es catedrática de Derecho Público Comparado del Instituto Universitario Europeo, Florencia, en excedencia de la Universidad de Sevilla. Stéphanie Hennette-Vauchez es profesora de Derecho de la Universidad de París Oeste Nanterre La Défense.
El artículo fue tomado de diario El País, sección Opinión, Madrid, 19/05/2011. Fue editado para su publicación en Palabra de Mujer
El artículo fue tomado de diario El País, sección Opinión, Madrid, 19/05/2011. Fue editado para su publicación en Palabra de Mujer
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