Francisco Valdés Ugalde
El símil con la Edad Media se confirma. Se ha dicho que los gobernadores son “señores feudales” porque se mandan solos, paradójicamente, desde que se rompió el binomio Presidencia-partido. Ahora quieren pasar de esa condición a la de monarcas. Recordemos que los primeros reinos medievales surgieron de las alianzas entre señores feudales para protegerse de las amenazas a su poder.
El dinero y los brincos para conseguirlo en mayores cantidades no mienten. En la semana que pasó, el líder del Revolucionario Institucional pidió: “primero más dinero a los estados y luego las reformas”, y nada menos que en pretemporada electoral.
La deuda de las entidades federativas ha crecido hasta representar 2.5% del PIB. En contrapartida, los estados no han conseguido el equilibrio entre ingreso propio y gasto ni han respondido a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas que debería ser concomitante a su responsabilidad. Desde afuera, la federación aún carece de “dientes” para obligar a los gobiernos estatales a presentar sus cuentas adecuadamente y sin trampas, como lo ha reiterado una y otra vez la Auditoría Superior de la Federación. Desde adentro carecen de presión por la ausencia de un auténtico contrapeso de parte de los congresos y poderes judiciales locales.
La Secretaría de Hacienda ha revelado que varios gobiernos estatales (Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero) están pidiendo reestructuración de sus obligaciones con la federación, y lo mismo buscan con la banca privada. También ha informado de que varios estados han incrementado en el último año la proporción de su deuda respecto de sus ingresos totales (Coahuila, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Nayarit, están entre los casos extremos). El Estado de México tiene una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos.
El endeudamiento público es un buen instrumento para propiciar o fomentar el desarrollo, pero los límites de esta previsión son bien claros. Todo endeudamiento debe tener un tope en relación con los ingresos realmente previstos, y con los réditos de las inversiones que se realizan con él. Además, por tratarse de deuda pública, debe estar sometida a controles de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, en la medida en que los deudores y acreedores son actores políticos, no estrictamente agentes económicos, sus cálculos no se basan en un criterio económico, sino político.
Un gobernante gasta para obtener rentas y prestigio que puedan traducirse en votos futuros. Ya sea en elecciones por venir, en decisiones (votos) de sus superiores jerárquicos (partidarios o gubernamentales), es decir, en futuro político. Desde este punto de vista, la deuda pública es un descuento sobre ganancias futuras que no necesariamente se miden en pesos y centavos. Por consiguiente, cuando el descuento se realiza sobre numerario (y no, por ejemplo, sobre prestigio), el servicio de la deuda queda comprometido.
Cuando John Maynard Keynes pensó la inversión pública como una clave del bienestar social no resolvió el problema de la cobranza. Hoy Estados Unidos lo experimenta en carne propia. ¿Cómo cobrar el anticipo sobre crecimiento futuro que ya fue consumido en cálculo político? Sólo puede hacerse mediante un ajuste pagadero por quienes no habían firmado el contrato pasado (aunque se hayan beneficiado de él), sea reduciendo ingreso o aumentando impuestos. Deberíamos remojar nuestras barbas con el ejemplo del vecino, pero no…
Los gobernadores disfrutan del privilegio de arrancar a la federación cada vez más recursos sin equilibrar su propia hacienda. Hasta formaron un cuerpo especializado para ello: la Conago. A cambio, ni han incrementado sus ingresos propios ni han transparentado y hecho exigible su gasto. Por el contrario, han multiplicado las alianzas cleptocráticas en las entidades de la república, tienen cómplices en el Congreso que le autoriza los recursos y les revisa la cuenta, y resisten a fuego los intentos de las autoridades centrales para obligarse a recaudar y a presentar contabilidades claras.
El pedido del líder del PRI se inscribe en este esquema: primero más recursos. Acaso para garantizar las capacidades de los gobernadores (17 son del PRI) para gastar en año electoral. Todos sabemos lo que esto significa. Y entonces, dicen, aprobarían las reformas pendientes. Mejor llamar a las cosas por su nombre: chantaje.
Por el contrario, las reformas deberían ir primero, especialmente la política, pues es la única que haría viable un nuevo equilibrio de control entre poderes, inclusive dentro de cada entidad federativa.
Cada tema que surge, sea de finanzas públicas, sea de política pura o de políticas públicas se topa con lo mismo: la presión de los representantes del antiguo régimen para impedir el cambio frente a los que lo procuran genuinamente. Queda muy poco tiempo. Después de septiembre, de no haber cambios, se iniciará la cuenta regresiva de una minirrestauración.
@pacovaldesu
Director de la Facultad Latinoamericanade Ciencias Sociales (Flacso) sede México
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