México
vive una crisis de derechos humanos. No es noticia, pero es una
realidad. En un estado al sur de la capital, como es Morelos, con
raigambre histórica zapatista, se padecen las políticas neoliberales
aplicados por un gobierno surgido de la izquierda neoliberal
institucionalizada como es el PRD.
En Morelos se violan sistemáticamente los derechos humanos bajo el gobierno de Graco Ramírez.
Vigilar y castigar es la función que asumen los Estados represivos que
dejan a un lado su responsabilidad social. Es la doctrina neoliberal y
privatizadora, donde impera la impunidad y los métodos autoritarios. La
venganza cobra carta de naturalización y se generaliza la violencia
institucional. Entre la confusión que socialmente se genera, salen a la
palestra las peores justificaciones para aplicar toda suerte de penas
crueles, inhumanas, degradantes de la condición humana. La justicia se
transforma en una quimera.
Una sociedad en crisis favorece la
descomposición de las relaciones humanas y prevalecen los intereses
económicos y políticos del capital y la clase dominante, agudizando la
lucha para aplastar y sojuzgar a los que menos tienen. La injusticia
social y la explotación de la mayoría es la fuente de toda clase de
contradicciones que se padece cotidianamente. La ideología dominante
encubre, pero no elimina, esa realidad cruel y desgarradora.
En este sentido, las cárceles son la expresión concentrada de la fuerza
del aparato del Estado, donde finalmente esas contradicciones estallan:
violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico,
hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y
ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar, cadáveres con
mensajes que la autoridad dice que va a investigar, dando acuse de
recibo en lugar de un rechazo absoluto a los mismos. Todo ello tiene un
tufillo a descompuesto. Lo que está en el fondo es el objetivo de
privatizar las prisiones. Ya en Morelos las trasnacionales empezaron a
construir la cárcel en Coatlán del Río. La mano de obra de los presos,
casi esclavizada, es un apetitoso objetivo. El problema de fondo es
evitado por autoridades para apuntalar este proceso privatizador que
está a la vista. El Centro Estatal de Reinserción Social Morelos tiene
capacidad para albergar a 1,500 personas, sin embargo su población
actual es de 2,531. Esto constituye una tasa de sobrepoblación del
68.73%. En el penal hay 1,975 personas procesadas por delitos del fuero
común, 475 de ellas en prisión preventiva. En cuanto a las acusadas por
delitos federales hay 556, de las cuales 304 tampoco han recibido
sentencia. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado
cuenta de que el hacinamiento implica corrupción y la disminución de la
calidad de vida de las personas privadas de la libertad, quienes
constitucionalmente conservan su derecho a la salud, a la educación, a
la alimentación, etc.
Morelos es considerado como uno de los
estados que ya opera bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que
cuenta con instrumentos de justicia alternativa que permitirían la
persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos. Sin
embargo se sigue dictando la prisión preventiva de manera oficiosa, lo
cual viola el principio de presunción de inocencia.
II.
La pena de muerte no es la solución a la crisis del sistema
penitenciario que no cumple sus funciones de readaptación ni de
reinserción social. La alternativa es la utilización de penas
alternativas de prisión. Y muchos sectores de la sociedad así lo
entienden. Tenemos actualmente la protesta que ha generado amplia
respuesta por la condena a muerte que se aplicó a Edgard Tamayo. Esto
es porque hay conciencia de que este tipo de sentencia es inhumana y
brutal. Estados Unidos y China son los Estados donde más reos mueren
ejecutados legalmente. En México es ilegal, ya que fue eliminada de la
Constitución unos años atrás. Ningún juez puede aplicarla en nuestro
país. Por eso, de la misma forma en que condenamos esta ejecución
anunciada, denunciamos y nos oponemos a las decenas de miles de muertes
que ocurren mediante ejecuciones extrajudiciales, cometidas por
militares y policías o grupos para-militares aceptados o tolerados por
el Estado y que nos presentan como si fueran producto de supuestos
ajustes de cuentas entre bandas criminales.
Y por si fuese poco este
panorama, vemos como esta sociedad cada vez cree menos en sistemas de
procuración y administración de justicia que genera más dudas que
certezas. Esto ocurrió el día de 3 de enero del 2014, cuando el Juez
consideró que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó los
hechos constitutivos de delito de violación tumultuaria y feminicidio,
por los tres jóvenes acusados de drogar, violar y asesinar a una
adolescente de 16 años, que fueron puestos en libertad porque un juez
de Control y Constitucionalidad consideró en su resolución que la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no acreditó el hecho
delictivo, de hecho, el Código Penal del Estado de Morelos señala que
comete el delito de violación el que sostiene relaciones sexuales con
una menor de edad, sin importar que sea con el consentimiento de la
víctima. La fiscal Perla Violeta Velázquez insistió que los tres
detenidos, de acuerdo a las indagatorias, sí fueron ubicados en tiempo,
lugar y circunstancias, y que el peritaje del médico legista demuestra
que sí se cometió una doble violación tumultuaria, delito que es
castigado hasta con 30 años de cárcel. Finalmente, el juez de Control y
Constitucionalidad tomó la decisión de dejar en libertad a los tres
hombres de los cargos que se le imputaban.
Todos estos temas
están vinculados a esta crisis institucional que no permiten el respeto
pleno a los derechos humanos de todas y todos y no permiten que
finalmente la justicia se siente entre nosotras y nosotros.
III.
Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del
mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como
muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy
temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada
en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos
familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que
sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos.
No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de
Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres
más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la
Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos
que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en
Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia
institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos
acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos
documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que
se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia.
No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de
la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia
institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las
responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de
justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y
sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el
día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente
traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de
Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las
delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de
un sector empresarial que ha exigido la implementación de políticas de
mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los
derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y
migrantes.
El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores
políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en
Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido
desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que
ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una
vez que cambien la ley y le hagan un traje a la medida, como acostumbra
cualquier gobierno autoritario, que si la ley prohíbe hacer algo la
aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así
le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del
Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año,
aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de
la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento
como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando
ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere.
H emos documentado y denunciado la criminalización de la protesta
social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral,
educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia
reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Ese doble
discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma
con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las
instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta
y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas
represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la
injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del
poder, partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan
mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un
reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases
dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas
conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad,
interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo
que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino
producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones,
revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su
propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por
conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni
al mejor postor, porque la historia política personal se construye día
a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva,
asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado,
congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos
tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo
que ninguna medida superficial podrá erradicarla.
IV.
Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. En 2013 en
Morelos se vivió un retroceso en derechos económicos y sociales.
Contrariamente a la imagen propagandizada por el gobierno de que se ha
avanzado en una sociedad de derechos, vemos como se aplican las mismas
recetas neoliberales y privatizadoras que a nivel nacional. Ni las
becas-salario, ni los apoyo a madres solteras son soluciones de fondo,
cuando se mantienen diferencias abismales entre los ingresos de quienes
trabajan y los dueños de los medios de producción. El ridículo aumento
de 3.9 por ciento al salario mínimo, empobrece la vida y la dignidad de
las y los trabajadores mexicanos y sus familias. El nuevo monto de la
minipercepción, que comenzará a regir desde el primero de enero de
2014, no resolverá los problemas y carencias de los más de 50 millones
y medio de mexicanos que integran la población económicamente activa.
Además, viola el derecho a un salario justo y suficiente, e incumple el
mandato constitucional determinado en el artículo 123, fracción sexta
de la Carta Magna, que refiere que los salarios mínimos generales
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para
proveer la educación obligatoria de los hijos.
Es tiempo de utilizar
nuevos mecanismos para determinar su incremento, unos basados en la
redistribución y justicia social, que consideren tanto la productividad
como el precio de la canasta básica, ya que las y los trabajadores
vemos la caída de 35 por ciento del poder adquisitivo de sus
remuneraciones de 1990 a la fecha. Las becas salario ni son becas para
dedicarse plenamente al estudio, ni representan un verdadero salario,
ya que no alcanzan ni el 50% de un salario mínimo. Este no puede ser el
gran cambio paradigmático que se nos quiere vender como ejemplo de
apoyo a los derechos de las y los jóvenes!
En Morelos existe
una población de un millón 871 mil personas y oficialmente se reconoce
la tasa de desempleo en el estado de un 3.9 por ciento, tomando en
cuenta que el 43.9 % (822,384) es económicamente activa (484,508 (58.9
%) hombres y 337,876 (41.1 %) mujeres). Este dato, sin embargo, no
puede ocultar el hecho de que el nivel de explotación laboral sigue
creciendo ante el empleo informal ahora legalizado por la reforma
laboral. Si hay personas que siguen muriendo por desnutrición en el
país, Morelos no es la excepción.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2000 y 2011, más de
102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales,
un promedio de 8 mil 547 al año. Desde 2004, la desnutrición representa
la decimotercera causa de muerte en México. Los más afectados, según el
Inegi, son los adultos mayores y los niños: el 75 por ciento de las
defunciones se concentra entre personas de 65 años y más, mientras que
el 7 por ciento ocurre en menores de un año.
Son ellas las
que mayormente están excluidas de la seguridad social y en particular
de las pensiones, lo que recarga los trabajos de cuidado que realizan
las mujeres en el hogar. El número de personas que están cubiertas con
pensiones varía en función de su nivel de ingreso, escolaridad, grupos
etarios y tipo de empleo. Este fenómeno se da en toda la región
latinoamericana, incluyendo México. Es más que evidente que las mujeres
presentan una pérdida de ingreso en la vejez, marcado por sus episodios
de empleo, desempleo y subempleo. Afecta sus riesgos relacionados con
enfermedad, necesidades de cuidado, determinan el bienestar presente y
futuro, su calidad de vida. Los niveles de afiliación a sistemas de
pensiones son indicadores de la informalidad en el mercado laboral y
provocan mayor pobreza. Por lo que concierne al tipo de empleo y su
calidad, son los y las trabajadoras de microempresas los más
desprotegidos en toda la región, pero particularmente en México, sólo 9
de cada 100 tienen afiliación a pensión. Hay que recordar que en el
país el volumen más alto de empleo se genera justo en las
microempresas, mujeres sin afiliación a pensión. En toda la región
persisten notables diferencias de afiliación a pensión según el tipo de
empleo. Por ejemplo, esta es generalizada (88 de cada 100) en los y las
empleadas en instituciones públicas. Sin duda, las que presentan los
índices más altos de desprotección son las empleadas del hogar: 99 por
ciento no tienen acceso a pensiones.
Estas duras condiciones
de vida son las que marcaron este 2013 para la mayoría de la población,
por lo que es necesario redoblar esfuerzos para que 2014 pinte un
escenario distinto en materia de vida digna y respeto a los derechos
económicos y sociales.
V.
Morelos: la lógica del capital contra los pueblos.
En Morelos este 2013 ha sido de confrontación entre la lógica del
capital y los derechos de los pueblos. El paradigma de desarrollo
capitalista fundado en la explotación irracional de los recursos
naturales parte de la falsa idea de que estos son inagotables, de ahí
que el capitalismo extractivista se finque en obtener la mayor ganancia
en el menor tiempo posible. Las consecuencias han sido verdaderamente
devastadoras en cualquier lugar del planeta. Morelos no es la
excepción.
El gran evento patrocinado por el
gobierno y las empresas del capitalismo verde (green solutions) dejó
muy en claro que el objetivo fundamental es promover los negocios para
las empresas que dicen respetar el medio ambiente, pero no respetar
verdaderamente los derechos colectivos de los pueblos. Muy lejos de
llevar a cabo una política integral que respete los derechos de la
población y garantice niveles dignos de vida, el gobierno morelense ha
asumido todas y cada una de las políticas diseñadas por las grandes
corporaciones trasnacionales a las que responden las directrices del
gobierno federal.
El gran logro que presume el
gobierno muestra precisamente las debilidades y contradicciones en las
que se mueve mediante un discurso que no implica transformaciones de
fondo. En este sentido, si bien es cierto se ha frenado parcialmente la
destrucción del cerro El Jumil por parte de la empresa Esperanza
Silver, las concesiones mineras en la mayor parte del estado se
mantienen intactas. Y son un riesgo latente. En el caso del Texcal se
ha mostrado que este gobierno ha sido incapaz de preservar un área de
reserva ecológica sin utilizar medidas represivas.
Pero en realidad la visión empresarial del gobierno que presume de
nueva visión, ha tenido una confrontación constante con los pueblos por
los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la
termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el
acueducto que lesiona el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la
ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios
y represivos de un gobierno intolerante han significado una
confrontación constante con los pueblos y comunidades que resisten
frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la
criminalización de los movimientos sociales independientes han sido la
constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de
activistas y luchadores sociales, así como el uso constante de las
fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan.
Los pueblos han recurrido a la movilización y la protesta social,
política y jurídica, demostrando que no se ha cumplido el derecho a la
consulta previa y suficientemente informada, razón por la que se ha
incrementado la inconformidad social y la organización de colectivos,
coordinaciones y frentes de lucha, llegando inclusive a obtener amparos
(Tepoztlán y Ayala) para detener las obras que causan un fuerte impacto
de daño ambiental y social. Estos logros han sido sobre todo en la toma
de conciencia de la necesidad de luchar por un paradigma distinto de lo
que significa el desarrollo, que de ninguna manera puede verse
exclusivamente en indicadores económicos, sino sobre todo de justicia
social y de inclusión en la toma de decisiones. Una sociedad de
derechos debe partir precisamente del respeto absoluto a los derechos
humanos!
En el seno del movimiento social existen
diversas corrientes políticas que reivindican la necesidad de mantener
la independencia frente al gobierno, de tal manera que se fortalezca
una perspectiva de democracia participativa y no se siga concentrando
el poder en la oligarquía y los representantes de la burocracia
partidaria, lo que implica avanzar en el fortalecimiento de la
conciencia organizada de la sociedad, donde los derechos van de la mano
del pensamiento crítico y la práctica social colectiva, amplia, plural,
incluyente, que abra nuevas perspectivas en la vida política en Morelos
hacia 2014. Esa, en todo caso, es una apuesta a construir con la
perseverancia y capacidad que a través de la historia ha demostrado
tener el pueblo de Morelos.
VI.
Muchas
preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden
caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte
sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están
en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro
Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se
encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua,
Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los
índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos,
Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad
delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las
empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el
gobierno considera bueno. La sociedad y los empresarios deben darle un
trato de héroe al policía, sólo así vamos a estar del otro lado, dijo
Capella, quien además aseguró que los policías no están dignificados
por la sociedad, que debería aplaudirles, tomarlos como ejemplo, por
ser una profesión respetable. Censura se llama la "nueva narrativa" en
los medios, que tienen el ejemplo en lo peor del periodismo que niega
la libertad de expresión, cuando se despide a reporteras que se atreven
a publicar notas distintas a la versión oficial, y en menos de un año
quitó el carácter público al sistema morelense de radio y televisión
para transformarlo en vocero oficial.
En realidad, no quieren dejar de
publicar la violencia que vende, sino ocultar la protesta social, la
crítica, la lucha del pueblo. Las personas y grupos, gobiernos, se
ganan el lugar y el prestigio que cultivan con su trabajo, no con
discursos vanos. La objetividad ante todo, como la verdad, nos hará
libres, no la mentira ni el ocultamiento de lo que en realidad sucede.
Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra del
conductor y director de noticias del espacio informativo Zona Centro,
Geovanni Barrios, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, quien
era mano derecha del ahora ex titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, David Gómez Basilio, por
lo que interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR). El
16 de enero, Geovanni , casi enfrente de la Procuraduría General de
Justicia, fue abordado por Israel Camacho Huerta, quien dijo al
periodista que los planteamientos hechos en su medio de comunicación no
eran verídicos, a lo que el reportero respondió que si gustaba hacer
las aclaraciones lo hiciera ante los mismos micrófonos en los cuales se
ha dado a conocer los detalles de irregulares que Camacho Huerta y el
funcionario estatal hicieron para regularizar unidades del servicio
público sin itinerario fijo. Este funcionario arremetió verbalmente en
contra del periodista diciéndole que se cuidara, a pregunta expresa del
comunicador si se trataba de una amenaza, el aún funcionario dijo una
vez que saliera de su cargo se encargaría de él y procedió a irse del
lugar.
Barrios responsabilizó a este funcionario gubernamental de
cualquier situación que pueda sucederle a él, a su familia o algún
miembro de la empresa para la que trabaja. “Hago un llamado para que
las autoridades tomen en cuenta lo difícil que se ha vuelto esta
profesión de ser reportero, periodista, en la vida pensé traer
seguridad y lo tengo que hacer porque es una amenaza y advertencia,
ojalá y las autoridades hagan algo y se tomen cartas en el asunto”,
subrayó. Ante ello, un grupo de reporteros y reporteras firmaron un
pronunciamiento, que asumimos también, donde reprueban de manera
categórica la amenaza de muerte en contra de nuestro compañero,
Geovanni Barrios, a quien expresaron total apoyo y solidaridad. La
amenaza en contra de Geovanni fue derivado de su labor periodística ya
que dio a conocer probables actos de corrupción en el manejo de las
concesiones del servicio de transporte público que otorga el gobierno
del estado a particulares. Exigimos al gobierno de Morelos garantice a
los representantes de los medio de comunicación el ejercicio de la
libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución
mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información
dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al
gobernador Graco Ramírez ordene a todos los funcionarios que laboran en
el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos
humanos y, en caso de que sean violados, se aplique el peso de la ley
administrativa y penal en contra de los servidores públicos. No
lograrán acallar la verdad con ocultarla, no lograrán impedir la
libertad de expresión si la defendemos en la práctica.
VII.
Hoy más que nunca es necesario denunciar los feminicidios y fortalecer
la lucha por la alerta de violencia de género (8 feminicidios en lo que
va de enero de 2014!), la inseguridad y la exigencia de seguridad
ciudadana (las marchas en Yautepec lo indican, y la llegada de Capella
desde Tijuana a imponer la militarización a través del Mando Único lo
confirman), la criminalización de movimientos sociales (Huexca,
Tepoztlán, Tetelpa, Ayala, son ejemplos, pero hay otros donde la gente
lucha contra megaproyectos privatizadores), ataques a la libertad de
expresión (amenazas a periodistas, control de medios mediante sujeción
económica, por ejemplo), así como detenciones arbitrarias, fabricación
de culpables, utilización de la tortura, todo lo cual indica esta
crisis de derechos humanos que hemos señalado, pero ante todo concluir
en la necesidad de construir una alternativa de organización política
independiente, donde los movimientos sociales tengan su propia
definición programática, no sólo táctica, sino estratégica, para
enfrentar y derrotar estas políticas neoliberales disfrazadas de
izquierda institucionalizada.
(Juliana G.
Quintanilla es coordinadora general de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos y José Martínez Cruz es coordinador de
comunicación de esta organización).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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