Alejandro Encinas Rodríguez
Difícil, complicada en extremo, es la situación que se vive en diversas entidades del país, en particular en el estado de Michoacán.
La firma del convenio de colaboración entre el gobierno federal y el local ha derivado en el nombramiento de un comisionado Especial para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Un poderoso comisionado que, junto con representantes del gabinete federal y la derrama de 45 mil 500 millones de pesos, han desplazado de facto los poderes locales para “abatir al crimen organizado”.
Se trata de una respuesta tardía frente a la ingobernabilidad en la entidad, el control de amplias regiones del estado por la delincuencia organizada, la ausencia de autoridad en todos sus órdenes y el fracaso del Programa Nacional de Prevención del Delito que excluyó a los municipios de Michoacán donde surgieron los grupos de autodefensa, pues como denunció México Evalúa, el gobierno de Peña Nieto no consideró a la región de “Tierra Caliente” para ser beneficiada por una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos para inversión en proyectos de rescate social, y que ahora, con gran demora, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa, ha anunciado un programa especial para atender 29 municipios de esta región en la que Sedesol invertirá además 3 mil millones de pesos.
Nadie puede negar la necesidad de canalizar un importante volumen de recursos a Michoacán, como también a otras regiones del país, para atender el flagelo de la pobreza y la inseguridad anidada en torno a ella. Pero la reconstrucción del tejido social desintegrado a lo largo de décadas y el restablecimiento de una autoridad con un mínimo de credibilidad va a requerir —más que dinero, infraestructura y sofocar a los cárteles delictivos— el involucramiento pleno de las y los michoacanos en todas las esferas de los asuntos públicos, respetando sus formas de organización y el ámbito de su gestión. Por ejemplo: reconocer a los grupos de autodefensa como legítimos representantes de las comunidades.
Sin embargo, la decisión de registrarlos como Cuerpos de Defensa Rurales tiene implicaciones que afectarán su legitimidad y en particular su representatividad ante la comunidad, ya que conforme a la ley vigente y su reglamento, los Cuerpos de Defensa Rural se sujetan al fuero y a la disciplina militar, ya que “el mando supremo de los Cuerpos de Defensas Rurales corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o por conducto del Secretario de la Defensa Nacional” y se someterán —sin percibir ningún emolumento— a las reglas de las Fuerzas Armadas para su organización, adiestramiento y operaciones, y podrán ser disueltas cuando la autoridad militar lo juzgue conveniente.
Las Defensas Rurales cooperarán en “auxiliar a las tropas como guías, exploradores y estafetas en la persecución, captura y consignación de trastornadores del orden y seguridad pública”.
Además, cuando algún autodefensa cometa alguna falta se someterá a un Consejo de Honor que podrá amonestar, destituir o dar de baja al defensa rural, consignando cuando resulte la comisión de un delito a las autoridades competentes del fuero de guerra, federal o común.
Ahí la inconveniencia de adoptar una medida que mine la naturaleza autogestiva y comunitaria de las autodefensas, lo que puede crear mayores problemas, como sucedió en Colombia, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia creadas en 1999 por políticos, militares y empresarios para combatir a las FARC, se transformaron en cuerpos paramilitares vinculados a la comisión de delitos y al control del territorio donde operaban.
Senador de la República
No hay comentarios.:
Publicar un comentario