Con
la última contra-reforma energética, el gobierno del PRI neoliberal de
Peña Nieto culmina un proceso de cambio político, conservador e
impulsado desde las altas esferas del poder económico y político, que
ya no sólo implica la transformación del régimen político (el paso de
un régimen populista y bonapartista a uno oligárquico y neoliberal)
sino la sustancial modificación de sus bases constitucionales.
Es indudable que estas últimas contra-reformas implican un cambio histórico en la vida política de nuestra nación. Para algunos críticos de izquierda, las modificaciones constitucionales significan un cambio geopolítico e histórico porque la Constitución de 1917 ha sido definitivamente desmantelada; para otros, estas contra-reformas significan el fin del nacionalismo revolucionario, ideología política que estaba incorporada en la Carta Magna y que había sido orientación estratégica del reformismo social del régimen bonapartismo y populista hasta antes del abierto y sostenido giro neoliberal que la alianza del PRI y el PAN impulsaron a partir del gobierno de Salinas de Gortari, quien asaltó el poder con un escandaloso fraude electoral.
A partir de la imposición desde arriba, a sangre y fuego, del neoliberalismo en México, pasamos abruptamente de un régimen populista, bonapartista y nacionalista a un régimen oligárquico, autoritario y subordinado a los intereses del capital extranjero, que empieza a gobernar cediendo la soberanía política nacional a las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Todo ello, por supuesto, significaba el abandono de la esencia social de la Constitución de 1917. Sin embargo, este régimen funcionó chocando con lo establecido en las normas constitucionales y modificándolas parte a parte, o a través de cambios legislativos o en sus leyes secundarias.
Es por eso que desde hace años los políticos neoliberales, del PAN y del PRI, han venido desmantelando y matando poco a poco la esencia nacionalista y social de la Constitución Política mexicana.
Después de años de "trabajo legislativo", la labor de zapa de estos políticos y gobernantes, ahora con la ayuda de un PRD "prianizado", parece asestar un golpe definitivo con estas últimas modificaciones a la Constitución de 1917.
Durante el gobierno de Salinas de Gortari se rompieron acuerdos históricos con los campesinos sobre la propiedad de la tierra, establecidos al término de la lucha revolucionaria. De golpe, en febrero de 1992, se terminó con una conquista histórica de los campesinos que se había elevado a rango constitucional en el Artículo 27: el derecho a ser dotados de tierras y que éstas fueran intransferibles. A partir de entonces, los gobiernos neoliberales excluyeron al campo mexicano de la economía del país, lo que a la larga provocó la pérdida de la soberanía alimentaria.
Pero esos gobiernos neoliberales no sólo rompieron los acuerdos históricos (plasmados en la Constitución) con los campesinos, también abandonaron los compromisos sociales, fijados en artículos constitucionales, de promover la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y su protección, etc. Durante todos estos años, los gobiernos neoliberales han privatizado y mercantilizado lo que era público y gratuito, han abierto las puertas al capital extranjero dejando de lado todo proyecto de desarrollo económico nacional, han disminuido constantemente el presupuesto social en la educación, salud, vivienda, etc., promoviendo al mismo tiempo el desempleo y la caída salarial, la pobreza, la sobreexplotación, la subordinación de nuestra nación al imperialismo.
Pero todo eso se hizo en contra de lo dispuesto en la Constitución. Siempre cuestionamos que lo que hacían los gobiernos neoliberales iba en contra de lo establecido en la Carta Magna. Con los últimos cambios constitucionales en lo laboral, en lo educativo y en la política energética, se perpetra por fin el asesinato de la Constitución de 1917.
Desde finales del 2013, tenemos otra Constitución, una acorde con el régimen oligárquico neoliberal, que se caracteriza por lo siguiente: 1) Por romper con el pacto social establecido en el Constituyente de 1917, lo que implica el abandono del compromiso de respetar los derechos de los campesinos, de los trabajadores en general, y el derecho a la educación, a la salud, etc; 2) Por modificar el papel del Estado, que ahora le otorga prioridad a la cuestión de la seguridad sobre la cuestión social, lo que sanciona el abierto abandono de las reformas sociales así como el control policiaco y militar de la población; 3) Por legalizar el despojo de nuestras riquezas, así como por institucionalizar la subordinación económica y política de la nación al capital extranjero; 4) Por imponerse autoritariamente, sin una verdadera consulta y participación democrática, incluso en contra de la lógica constitucionalista que impone límites en la posibilidad de modificar las bases de una Constitución; 5) Por quebrar la propia identidad nacional que aspiraba a que nuestro país fuera una república independiente, democrática, soberana, con justicia social.
Conclusión
Con este gobierno neoliberal príista se concluye el trabajo de demolición política de la Constitución de 1917, e incluso de las anteriores Constituciones que defendían la idea de que México se convirtiera en una república soberana e independiente, con justicia social.
Atreverse a romper con este referente histórico, con los pactos históricos que supone, con el país al que se aspiraba, deslegitima por completo a quienes asesinaron a la Constitución de 1917. Si estos políticos neoliberales pretenden volvernos una colonia y dejar de lado nuestro proceso histórico de lucha por la independencia de México, la última palabra, que le corresponde decir al pueblo trabajador, no está dicha.
Si la Constitución de 1917 ha sido asesinada por los gobernantes neoliberales, nunca como ahora se justifica históricamente la lucha por sacar a los neoliberales del poder así como la organización de una nueva Constituyente para recuperar una Carta Magna que garantice no sólo libertades y derechos sociales o la independencia y soberanía nacional sino una auténtica democracia y una verdadera justicia social que termine con todo tipo de explotación, opresión, discriminación y exclusión. Ante este crimen histórico, la insurrección política contra estos gobernantes nunca ha sido más legítima que ahora, aunque no esté dada todavía su posibilidad política.
Por eso, nunca como ahora, es necesaria la lucha política, y para ello se requiere a la OPT, un instrumento político del pueblo trabajador que se compromete con promover una organización amplia de los trabajadores que apoye todas sus luchas e insista en la lucha política por el poder. O ellos o nosotros. O la patria libre que los mexicanos queremos o la colonia subordinada al capital que ellos pretenden terminar de imponer.
Es indudable que estas últimas contra-reformas implican un cambio histórico en la vida política de nuestra nación. Para algunos críticos de izquierda, las modificaciones constitucionales significan un cambio geopolítico e histórico porque la Constitución de 1917 ha sido definitivamente desmantelada; para otros, estas contra-reformas significan el fin del nacionalismo revolucionario, ideología política que estaba incorporada en la Carta Magna y que había sido orientación estratégica del reformismo social del régimen bonapartismo y populista hasta antes del abierto y sostenido giro neoliberal que la alianza del PRI y el PAN impulsaron a partir del gobierno de Salinas de Gortari, quien asaltó el poder con un escandaloso fraude electoral.
A partir de la imposición desde arriba, a sangre y fuego, del neoliberalismo en México, pasamos abruptamente de un régimen populista, bonapartista y nacionalista a un régimen oligárquico, autoritario y subordinado a los intereses del capital extranjero, que empieza a gobernar cediendo la soberanía política nacional a las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Todo ello, por supuesto, significaba el abandono de la esencia social de la Constitución de 1917. Sin embargo, este régimen funcionó chocando con lo establecido en las normas constitucionales y modificándolas parte a parte, o a través de cambios legislativos o en sus leyes secundarias.
Es por eso que desde hace años los políticos neoliberales, del PAN y del PRI, han venido desmantelando y matando poco a poco la esencia nacionalista y social de la Constitución Política mexicana.
Después de años de "trabajo legislativo", la labor de zapa de estos políticos y gobernantes, ahora con la ayuda de un PRD "prianizado", parece asestar un golpe definitivo con estas últimas modificaciones a la Constitución de 1917.
Durante el gobierno de Salinas de Gortari se rompieron acuerdos históricos con los campesinos sobre la propiedad de la tierra, establecidos al término de la lucha revolucionaria. De golpe, en febrero de 1992, se terminó con una conquista histórica de los campesinos que se había elevado a rango constitucional en el Artículo 27: el derecho a ser dotados de tierras y que éstas fueran intransferibles. A partir de entonces, los gobiernos neoliberales excluyeron al campo mexicano de la economía del país, lo que a la larga provocó la pérdida de la soberanía alimentaria.
Pero esos gobiernos neoliberales no sólo rompieron los acuerdos históricos (plasmados en la Constitución) con los campesinos, también abandonaron los compromisos sociales, fijados en artículos constitucionales, de promover la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y su protección, etc. Durante todos estos años, los gobiernos neoliberales han privatizado y mercantilizado lo que era público y gratuito, han abierto las puertas al capital extranjero dejando de lado todo proyecto de desarrollo económico nacional, han disminuido constantemente el presupuesto social en la educación, salud, vivienda, etc., promoviendo al mismo tiempo el desempleo y la caída salarial, la pobreza, la sobreexplotación, la subordinación de nuestra nación al imperialismo.
Pero todo eso se hizo en contra de lo dispuesto en la Constitución. Siempre cuestionamos que lo que hacían los gobiernos neoliberales iba en contra de lo establecido en la Carta Magna. Con los últimos cambios constitucionales en lo laboral, en lo educativo y en la política energética, se perpetra por fin el asesinato de la Constitución de 1917.
Desde finales del 2013, tenemos otra Constitución, una acorde con el régimen oligárquico neoliberal, que se caracteriza por lo siguiente: 1) Por romper con el pacto social establecido en el Constituyente de 1917, lo que implica el abandono del compromiso de respetar los derechos de los campesinos, de los trabajadores en general, y el derecho a la educación, a la salud, etc; 2) Por modificar el papel del Estado, que ahora le otorga prioridad a la cuestión de la seguridad sobre la cuestión social, lo que sanciona el abierto abandono de las reformas sociales así como el control policiaco y militar de la población; 3) Por legalizar el despojo de nuestras riquezas, así como por institucionalizar la subordinación económica y política de la nación al capital extranjero; 4) Por imponerse autoritariamente, sin una verdadera consulta y participación democrática, incluso en contra de la lógica constitucionalista que impone límites en la posibilidad de modificar las bases de una Constitución; 5) Por quebrar la propia identidad nacional que aspiraba a que nuestro país fuera una república independiente, democrática, soberana, con justicia social.
Conclusión
Con este gobierno neoliberal príista se concluye el trabajo de demolición política de la Constitución de 1917, e incluso de las anteriores Constituciones que defendían la idea de que México se convirtiera en una república soberana e independiente, con justicia social.
Atreverse a romper con este referente histórico, con los pactos históricos que supone, con el país al que se aspiraba, deslegitima por completo a quienes asesinaron a la Constitución de 1917. Si estos políticos neoliberales pretenden volvernos una colonia y dejar de lado nuestro proceso histórico de lucha por la independencia de México, la última palabra, que le corresponde decir al pueblo trabajador, no está dicha.
Si la Constitución de 1917 ha sido asesinada por los gobernantes neoliberales, nunca como ahora se justifica históricamente la lucha por sacar a los neoliberales del poder así como la organización de una nueva Constituyente para recuperar una Carta Magna que garantice no sólo libertades y derechos sociales o la independencia y soberanía nacional sino una auténtica democracia y una verdadera justicia social que termine con todo tipo de explotación, opresión, discriminación y exclusión. Ante este crimen histórico, la insurrección política contra estos gobernantes nunca ha sido más legítima que ahora, aunque no esté dada todavía su posibilidad política.
Por eso, nunca como ahora, es necesaria la lucha política, y para ello se requiere a la OPT, un instrumento político del pueblo trabajador que se compromete con promover una organización amplia de los trabajadores que apoye todas sus luchas e insista en la lucha política por el poder. O ellos o nosotros. O la patria libre que los mexicanos queremos o la colonia subordinada al capital que ellos pretenden terminar de imponer.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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