Al
concepto de progreso hay que fundamentarlo en la idea de catástrofe. La
catástrofe consiste en que las cosas “siguen adelante” así como están.
No es lo que nos espera en cada caso sino lo que ya está dado en todo
caso.
Walter Benjamín, Tesis sobre la historia
El capitalismo o la vida
El capitalismo del siglo XXI es mucho más poderoso y arrasador que el
del pasado, y a la vez mucho más frágil, con claros signos de senilidad
y descomposición. Su capacidad destructiva se multiplica y difunde por
todos los vasos capilares de la sociedad carcomiendo la vida, los
cuerpos, los territorios y la imaginación. Aire y agua envenenados,
alimentos que pudren el organismo, medios que trastornan el sentido
común, balas, bombas, químicos, bacterias y virus generados para
mutilar, dañar y eliminar son sólo algunos de los elementos que van
marcando las rutas del mundo de los negocios y el poder. Y, no
obstante, vemos vida brotando incansablemente hasta de las piedras, en
una lucha sin cuartel de la que nadie se atreve a perfilar el final. El
capitalismo o la vida parece ser claramente la disyuntiva de este siglo
que comienza convertido en un campo de batalla. [1]
Si
bien los planes de despliegue sobre el petróleo, el agua, los
minerales, las rutas y las selvas estratégicas estaban prefigurados de
antemano, el acontecimiento en las torres gemelas de la city de
Manhatan detonó una carrera de velocidad con múltiples derroteros: Asia
Central, el Medio Oriente, África y América, sin dejar de mirar hacia
Europa y el Lejano Oriente. El Secretario de Defensa aseguraba, en
1998, que “... Estados Unidos se encuentra en un periodo de oportunidad
estratégico. La amenaza de guerra global ha retrocedido y los valores
fundamentales de la nación de democracia representativa y economía de
mercado son adoptados en muchos lugares del mundo..." (Cohen, 1998)
para instar a una política de despliegue hegemónico planetario haciendo
frente no sólo a los competidores sino al conjunto de resistencias que
emergían desde todos los rincones del mundo.
Planes
hegemónicos ambiciosos desarrollados en este siglo XXI,
consecuentemente, llevaron a poner en juego mecanismos de todos tipos,
combinados de acuerdo a las situaciones específicas. Afganistán, Irak,
Colombia, Sudán, Libia, siempre Palestina, Honduras y tantos otros
lugares recibieron parte de las esquirlas detonadas el 11 de septiembre
de 2001, unas más leves, otras contundentes. Dos casos, Pakistán y
México, fueron evaluados como piezas especiales en el rompecabezas
planetario, destinados a jugar un papel de bisagras, diques, enlaces en
contextos regionales de la más alta relevancia. El argumento: a pesar
de su situación de relativa estabilidad están en riesgo de devenir
estados fallidos súbitamente, "por colapso". El colapso puede ser
atribuido a acciones desproporcionadas del narco, a inestabilidad
social, a problemas políticos, a migraciones, a conflictos
transfronterizos o a cualquier otra causa, incluso inundaciones que den
lugar a desequilibrios sociales. No está definido para admitir
definiciones a modo (igual que la categoría terrorista), adaptables a
las circunstancias.
Así se asienta en el Joint operating environment 2008:
En la literatura de los estados débiles y fallidos hay una dinámica que
ha recibido relativamente poca atención, y es el fenómeno de “colapso
rápido”. (…) El colapso de un estado viene usualmente como una
sorpresa, tiene un comienzo rápido y plantea problemas graves. (JOE,
2008: 35. Traducción AEC) .
México: el aliado incondicional
Después de ser el primer país de América Latina (1994) en incorporarse
a un bloque económico regional (Tratado de Libre Comercio de América
del Norte) en condiciones de total desventaja, México, en 2005, adhiere
al primer bloque regional de seguridad (Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte) mediante un acuerdo marco casi
inespecífico, que iría siendo dotado de contenido atendiendo a las
circunstancias.
Simultáneamente a la firma de estos acuerdos,
a México le toca la distinción de entrar a formar parte del área a
cargo del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en
ocasión de la reorganización ocurrida en secuela de los acontecimientos
de las torres gemelas. El Northcom, que cuida la seguridad interna de
Estados Unidos, extendió sus fronteras abarcando Canadá y México, en
razón de las amplias líneas fronterizas que comparten.
Así el
México pacifista de la autodeterminación y de la no injerencia empezó a
realizar ejercicios militares navales con el Comando Sur y a tener
intercambios y entrenamientos en el marco de las actividades del
Comando Norte.
Poco a poco, todo el funcionamiento de la
Nación se fue adecuando a las normas regionales, manteniendo siempre la
distancia en salarios y la permisividad para los capitales foráneos en
el territorio mexicano, pero conservando las brechas que hicieron
apetecible el agrupamiento regional. Desde la constitución de la
Nación, nunca la soberanía se había encontrado en las condiciones de
fragilidad con las que abre el 2014. Nunca el país había estado tan
desatado. Nunca se había tenido una situación de inmoralidad,
corrupción, saqueo y violencia generalizada como la que se vive en este
momento.
México ha transitado hacia un estado de impunidad en
el que se han desatendido las reglas mínimas de convivencia social: Con
un poder legislativo que sesiona amurallado por vallas de metal y de
policías para impedir que cualquiera de los supuestos representados
pudiera acercarse a ver cómo se decide su futuro, crecientemente a
contrapelo del clamor popular; con un poder judicial que rara vez, y
después de mucha presión, tiene un fallo justo; y con un poder
ejecutivo vocero de las grandes corporaciones y de los altos intereses
de Washington. Tanto, que resulta difícil no evocar las burdas y
brutales imágenes de las dictaduras militares o civiles de nuestro Sur.
Lo que 30 años de neoliberalismo, el TLCAN o la ASPAN no
lograron, fue consumado por el estado de impunidad en solamente unos
meses: el petróleo del pueblo de México se ha puesto a disposición del
mejor postor, ha dejado de ser el "patrimonio de la Nación".
La construcción del Estado de impunidad
México es uno de los países que tuvo durante el siglo XX una de las
construcciones estatales más completas de la región, con la edificación
parcial de un amplio sistema de seguridad social así como importantes
obras en infraestructura en educación, salud y transportes. Parte de
ello fue la expropiación petrolera de manos de compañías privadas para
elevarlo al rango de bien estratégico de la Nación. En los últimos 30
años, que coinciden con la puesta en marcha del proyecto político y
económico del neoliberalismo, dicha construcción ha sido desmantelada
casi en su totalidad. Si bien es cierto que en todo momento hubo
sectores ausentes del proyecto de país (de manera acusada los pueblos
indios), durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y
hasta los años ochenta, una gran porción de la sociedad incorporada al
ámbito laboral gozó de derechos sociales conquistados por luchas
históricas, reconocidas institucionalmente. La mayor fue la Revolución
mexicana, de la que emanó una Carta Magna que reconocía la propiedad
colectiva, entre otros.
El estado del México
posrevolucionario, que incluso fue tratado de replicar en otros lugares
de la región, tenía como contracara una peculiar manera de hacer
presencia en diversos espacios de la vida social. El sindicalismo, el
orden familiar, la educación, los medios de comunicación, entre otros
ámbitos seguían de manera irrestricta las directrices de un eficaz
aparato ideológico y represivo. Al mismo tiempo que México mantenía
excelentes relaciones diplomáticas con Cuba; se constituía en lugar
privilegiado de refugio para los exiliados políticos del Cono Sur y
albergaba negociaciones de paz entre distintas fuerzas revolucionarias
y los gobiernos de sus países; en México había un proceso silencioso de
represión que incluyó la llamada “guerra sucia” contra movimientos
armados, campesinos y sindicales y centenares de asesinatos de
activistas, desapariciones forzadas y personas encarceladas por motivos
políticos. Tres episodios críticos de conocimiento público fueron la
masacre de los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y las estudiantiles
de octubre de 1968 y junio de 1971. Y todo esto ocurrió siempre en un
estado de paz.
Un matiz que es oportuno establecer es que una
de las más caras y perversas cualidades de este régimen residió en su
capacidad para hacer funcionales y controlar sectores e instancias de
mediación social estratégicas a nivel nacional y regional. Esta
habilidad política no se expresaba en el control absoluto de la vida
social, sino en la cooptación y manejo de las instancias sociales que
funcionaban como articuladoras de la vida nacional. Esto se hizo
manifiesto no sólo a nivel federal, sino también en la distintas
regiones políticas que configuran al Estado mexicano. En cada una de
las escalas había una misma lógica que se expresaba en el control de
diversos ámbitos (en algunas ocasiones o geografías se controlaba el
aparato productivo, en otras las organizaciones populares, los medios
de comunicación...). La eficacia del gobierno no residía entonces en
una verticalidad absoluta, sino en una compleja red de poderes que
funcionaban bajo la lógica de controlar las prácticas y espacios
sociales estratégicos.
Será a comienzos de la década de los
años ochenta que comienza un proceso de transformación que, como
ocurriría en diversas partes del mundo, incluía un discreto proceso de
apertura política, acompañado de uno voraz en el ámbito de la economía.
De esta manera inició un violento proceso de privatizaciones y reformas
a la Constitución, que culminaron en la firma del TLC en 1992 (entró en
vigor en 1994) y ahora en las privatizaciones de todo lo que restaba
dentro del marco de los bienes estratégicos de la Nación.
Los engranes del viraje
Cambios tan profundos en una sociedad como la mexicana no podían ser
realizados sin la aplicación de dispositivos de control social que
pudieran neutralizar las posibles respuestas. Esto fue evidente en el
momento en que la entrada en vigor del TLCAN fue acompañada del
estallamiento social de mayor envergadura desde las revueltas del 68.
El telón cayó y en el México que preparaba su entrada en el primer
mundo aparecían los verdaderos integrantes del pueblo: con fusiles de
madera y cuerpos forjados en el maltrato un ejército maya recorría las
calles mestizas de Chiapas repudiando el TLCAN y proponiendo una guerra
contra los vendepatrias.
El impacto fue definitivo y el
zapatismo se convirtió casi instantáneamente en una enorme fuerza
política, pesando en contra de las reformas todavía no consumadas que,
después de una cuidadosa ingeniería de la descomposición, acaban de ser
aprobadas 20 años después.
Si en 2005 se firmó la ASPAN,
desde ahí fue generándose, en acuerdo con Estados Unidos, una política
de securitización cuyo primer paso fue el involucramiento del ejército
en labores de seguridad interna. A la par de un clima crecientemente
represivo en contextos de movilización y protesta social, se prefigura
uno de los ingredientes principales de esta política: la construcción
de un enemigo interno, que en este caso fue identificado públicamente
con el narcotráfico. De esta manera los primeros atisbos de una nueva
estrategia de lucha contra el llamado “crimen organizado” se remonta a
los últimos años de la gestión de Vicente Fox, coincidentes con la
firma de la ASPAN, en los cuales se desplegaron operativos policiacos y
militares en las regiones más relacionadas con la acción de los
cárteles.
Sin embargo, es en 2006, después de un fraude
electoral flagrante en unas elecciones muy concurridas, que inicia
realmente el proyecto de instalación de la guerra en México que en 2007
tomará el nombre de Iniciativa Mérida. Felipe Calderón, a quien se la
he intentado hacer un juicio por genocidio, optó por desplegar miles de
efectivos militares en distintos puntos del país usando como pretexto
un relativo incremento en los asesinatos vinculados con la disputa de
los cárteles de la droga por las rutas y mercados del país. Aun cuando
hubo sectores seducidos por la retórica bélica instaurada por el
gobierno federal, el incremento exponencial de los asesinatos, aunado a
la violación de las garantías de la población por parte de los
militares y policías, propició diversas protestas en la geografía del
país. En estos años, México incorporó a la cotidianidad, no sólo el
asesinato sistemático de personas, sino formas de violencia antes
prácticamente inexistentes como masacres, colocación de explosivos en
el espacio público, cuerpos calcinados, decapitados y mutilados que
aparecían diariamente en todo el territorio nacional.
La
llamada guerra contra el narcotráfico ha incrementado y visibilizado la
presencia y actuación de efectivos norteamericanos en suelo mexicano.
Como ejemplo de ello podemos señalar la implementación de la Operación
Rápido y Furioso, a través de la cual desde Estados Unidos fueron
ingresadas de manera ilegal alrededor de 2 mil armas que posteriormente
serían utilizadas en diversos actos de violencia por el denominado
“crimen organizado”. El objetivo declarado de los agentes de la Oficina
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargados de la
operación, era rastrear a los vendedores y compradores que no
encontraron, sorprendiendo con tal grado de ¿ineficiencia?.
La situación de guerra que aqueja al país desde 2006 ha dejado un saldo
de personas asesinadas que, a pesar de las cifras distintas de las
fuentes que hacen el seguimiento de datos, se coincide en que sobrepasa
los 100 mil decesos. La cifra oficial de asesinatos es de 94 mil 249 de
diciembre de 2006 a diciembre de 2011 (INEGI, 2012). Las cifras de
desplazados oscilan entre 780 mil y 1 millón 648 mil (Parametría, 2011)
aunque otras fuentes registran solamente 250 mil (Sanjuana Martínez).
El secuestro de migrantes se estima en alrededor de 10-12 mil al año
(CNDH, 2011) y los desaparecidos ascienden a alrededor de 50 mil.
Una depredación social de enormes dimensiones si pensamos que la
dictadura argentina de los setenta arrojó una cifra de 30 mil muertos.
La llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen organizado
impulsada desde 2006 instituyó como política de estado la persecución y
eliminación de lo que se identificaba como el enemigo interno. Esto
significa que gran parte de esos asesinatos deben ser atribuidos a las
fuerzas de seguridad del estado. Miles de policías y militares
mexicanos (se contabilizaban 7 mil en 2011) han sido entrenados por sus
pares colombianos siendo en parte financiadas estas actividades por
Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. La estimación es que
Colombia ha entrenado cerca de 13 mil personas desde 2005 como parte de
su política de “exportación de seguridad” que se dirige hacia
Centroamérica y algunos otros países pero, de acuerdo con los datos,
especialmente a México (Isaacson, 2014). Los vínculos entre Colombia y
México nunca habían sido tan fuertes como a partir de 2007 en que se
echó a andar el Plan México, llamado Iniciativa Mérida. En el ámbito de
la seguridad se han creado, entre otros, diversos mecanismos de
asesoría y colaboración como el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia (GANSJ) o el Comité Colombia - México de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y como indicador de toda evidencia Enrique Peña Nieto, actual Presidente, nombró al general colombiano retirado Óscar Naranjo, [2] cuyo destacado papel en la guerra en Colombia es de todos conocido, asesor en materia de seguridad.
En una década la sociedad mexicana ha sufrido una transformación
brutal. La impunidad y la violencia generalizada han alterado las
reglas de socialidad previas, construidas a lo largo de todo el siglo
XX. El tejido social ha sido destruido y la moralidad social entró en
un estado de esquizofrenia. Evidentemente no sólo fue la violencia
armada; la violencia económica promovida por el neoliberalismo preparó
el terreno de una descomposición muy profunda. Los datos oficiales,
generalmente moderados, identifican que 53.3 millones de mexicanos y
mexicanas (de un total de 112) viven en situación de pobreza; de éstos,
aproximadamente la mitad se encuentran en pobreza extrema.
En
el curso de una generación ese país que fue paradigma de estabilidad y
control político sutil se transformó en un infierno social que
publicitariamente se atribuye a las actividades del crimen organizado
pero que en verdad fue promovido desde el estado, sin quitarle
responsabilidad al crimen organizado. En el México de hoy hay una clara
imbricación entre economía ilegal y política; entre negocios y
crímenes; y entre corrupción, colusión y legalidad.
¿Por qué un estado de impunidad?
Desde que se firmó el TLCAN la pretensión de Estados Unidos era incluir el petróleo como parte de las negociaciones.
México es un país muy rico, empezando por su diversidad en variedades
de maíz, en lenguas y culturas indígenas, por sus selvas, ya diezmadas
pero con gran cantidad de especies endémicas; por sus trabajadores, que
cobran salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos en promedio.
La riqueza minera es otro elemento de relevancia, que colocó a México
como centro de actividades económicas en la colonia, junto con Perú; y
sin duda los yacimientos de petróleo, gas, e incluso uranio.
La voracidad con que el capitalismo contemporáneo ha emprendido el
saqueo de la naturaleza hace que la importancia de la conformación
física del territorio sea un atractivo privilegiado. Según datos
recientes, que constituyen un llamado de alerta sobre las dimensiones
de la extracción minera en el país, la extracción de oro en el periodo
2000-2010 (419,097 kg) duplica lo extraído durante el período colonial
1521-1830 (191,825 kg) En el caso de la plata en el periodo 1521-1830
se extrajeron 56,144 toneladas, mientras que en el periodo 2000-2010
fueron 33, 465 toneladas, es decir que en 10 años se ha extraído casi
la mitad que en 300 años de colonia española. (González 2011).
El territorio se ha privatizado vertiginosamente en las 3 décadas de
neoliberalismo. La propiedad colectiva fue transformada en individual y
los ejidos se parcelaron y perdieron creciendo las superficies del
agronegocio, generalmente de monocultivo; y las mineras obtuvieron
amplias extensiones en concesión:
...los títulos de concesión
minera expedidos en el periodo 2006-2010, comprenden un territorio que
supera los 30 millones de hectáreas -cifra que equivale a poco más de
307 mil km2- y que representa en su conjunto una superficie mayor a la
extensión territorial total del estado de Chihuahua, la cual asciende a
247,087 km2. Ahora bien, si se considera el periodo 2000-2010 se
advierte que la superficie concesionada a las empresas mineras rebasa
las 56 millones de hectáreas espacio que equivale a alrededor del 25%
del territorio nacional continental. (González Rodríguez, 2011: 8-9)
Obviamente dentro de la minería contemporánea los metales de uso
industrial tienen también gran importancia. No obstante, los datos para
oro y plata marcan una tendencia o una voracidad que se repite en
muchos de los territorios mineros del mundo. Hay una especie de
insaciabilidad o una enorme preocupación por sacar los recursos antes
de que los pueblos reclamen su pertenencia, cosa que está ocurriendo en
todos lados. México es hoy el primer productor de plata (USGS, 2011) y
la extracción de oro de las empresas estadounidenses y canadienses en
el país pasó de 30 mil kg en 2005 a 89 mil en 2011, con una proyección
de 94 mil para el 2018 (USGS, 2012).
Pero lo realmente
estratégico es la posesión del petróleo, que en el caso de México es un
símbolo de soberanía desde el momento en que fue expropiado de manos de
compañías extranjeras en 1938. Las cifras sobre reservas son engañosas.
Sobre todo en los años recientes en que se ha estado intentando su
privatización y se manejan los montos de acuerdo con los argumentos que
justificarían la privatización. En unos casos es mucho y hay que
explotarlo para apuntalar el crecimiento de México; en otros casos es
tan poquito que ya ni vale contarlo en los acervos patrimoniales de la
Nación. La Secretaría de Energía (2012) lo calcula en 10 mil millones
de barriles para enero de 2012, pero algunos estudiosos del tema
calculan los yacimientos del Golfo de México que todavía no están en
explotación, en 29 mil millones adicionales (Apodaca, 2013).
Desde los años noventa la presión por privatizar primero la producción
de derivados, luego la explotación, la extracción y la exploración, han
llevado a modificar la Constitución en varios momentos. El peor, en
diciembre de 2013. Subrepticiamente se fue cambiando la definición de
las actividades restringidas al estado por su carácter estratégico,
pero el descontento fue subiendo de tono cuando se empezaron a otorgar
contratos de servicios múltiples, con la trampa de que no había
restricción del número de contratos que podía acumular un mismo
proveedor. Lo que no se permitió fue la extracción directa por parte
del capital privado y menos aun su participación en la producción como
se acaba de aprobar ahora.
Fue necesario vencer muchos
obstáculos, entre los que destacan, por su importancia estratégica y
simbólica, algunos que han quedado registrados como hitos en la
historia de los tiempos contemporáneos:
1. Intentos de
desaparecer o, por lo menos, fragilizar a la UNAM, principal espacio de
pensamiento crítico del país, con el propósito de desactivar su
potencialidad de intervención en la sociedad, de modificar los
contenidos de la educación y los imaginarios colectivos, y de
beneficiar los negocios privados con la privatización de la educación
superior.
2. Un golpe muy significativo consistió en la
colusión de todo el sistema político, sin distinción de adscripción
ideológica, en contra de los Acuerdos de San Andrés resultado de la
mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, construidos con la más amplia participación de los diferentes
sectores de la sociedad que se hubiera registrado en los últimos 50
años.
3. Socavamiento de las bases reales del sindicalismo
mediante la extinción por decreto presidencial de la Compañía Luz y
Fuerza del Centro donde se asentaba el sindicato con mayor y más larga
tradición democrática, el único gran sindicato independiente todavía en
activo. Esto implicó el despido de 44 mil trabajadores.
4.
Embate frontal contra la fuerza de trabajo a través del control de
salarios mínimos, la desregulación de las relaciones laborales, el
desmantelamiento de la seguridad social, los sistemas de pensiones con
el objeto de cumplir los objetivos de la flexibilización laboral y de
paso alterar los sentidos sociales en torno a la universalidad de
derechos. El último paso de esta política, consumado también en 2013 es
la aprobación de una reforma laboral desprotectora del trabajo y que
conculca todos los derechos reconocidos previamente.
5.
Reforma educativa que lesiona los derechos laborales del magisterio y
que introduce un control de calidad estandarizado sobre contenidos
prefijados y homogeneizadores. Esta reforma ha sido acompañada de una
desproporcionada campaña mediática de desprestigio y linchamiento en
contra de los maestros.
6. Reformas antiterroristas al código
penal y civil que en 2013 han transformado la inespecificidad de la
categoría terrorista en una muy específica que focaliza en las
protestas sociales. Se tipifica el terrorismo ampliando las sanciones a
sus financiadores; se sancionan los ataques a bienes y servicios
privados y no sólo públicos; y se le suprime un párrafo, esencial para
proteger el derecho a la disidencia y la protesta social:
Así es como se fue preparando el terreno para, en diciembre de 2013, en
escasos 3 días hacer pasar una reforma energética que contradice la
Constitución, los valores patrios y las consensos sociales de nuestro
largo siglo XX.
El PRI, que más que un partido es un régimen,
llegó a la conclusión del siglo XX asediado por el descrédito y el
hartazgo por parte de la población que de manera generalizada lo
percibe como corrupto y creador de toda una cultura política basada en
el clientelismo, la compra de votos, la amenaza permanente sobre los
contrincantes, o el abierto recurso del fraude electoral.
El
sistema político en su conjunto, más allá de los teatros electorales,
participa de esa cultura y es corresponsable de las reformas y golpes
de disciplinamiento aplicados a la sociedad. Por unanimidad los
partidos resolvieron en contra de los Acuerdos de San Andrés en 2001;
por complicidad resolvieron por la reforma energética en 2013. La
criminalización de la política se aplica lo mismo en gobiernos de
"izquierda" que de "derecha" en todo el país, incluyendo la capital
donde se ha aprobado un protocolo para el control de multitudes, que
incluye el uso de la “fuerza letal” así como el recurrente despliegue
de operativos policiacos que culminan siempre con arrestos arbitrarios,
uso excesivo de la fuerza e incluso, personas gravemente heridas por la
actuación de la policía.
Y sin embargo, se mueve
Como resultado de la inédita situación de violencia que desborda al
país, y de la transformación del estado de derecho en un estado de
impunidad, han sido muchos y diferentes los esfuerzos en la sociedad
por restablecer las condiciones de convivencia.
El país se ha
convertido en un territorio en ebullición, con movimientos organizados
que luchan por autonomía en ciertos territorios, contra la devastación
minera, forestal, hidroeléctrica u otras, por la diversidad cultural y
de sistemas y contenidos educativos, por la autodefensa en territorios
amagados por la impunidad del crimen organizado y la complicidad de las
fuerzas de seguridad del estado. Los familiares de desaparecidos o
asesinados se movilizan por su búsqueda y por castigo a los culpables.
Hay grupos defensores de los migrantes que les dan auxilio a lo largo
de sus rutas hacia Estados Unidos. Existe una variedad de iniciativas
ciudadanas reclamando la vuelta del estado de derecho. Los estudiantes,
con su característica intermitencia abren campos de lucha como los del
movimiento Yo soy 132 o el de la ampliación del ingreso a las universidades.
Los impactos del proceso que hemos descrito son diversos. Más allá de
los datos duros que dan cuenta de la destrucción y la muerte que se han
vuelto elementos cotidianos para la población, existen modificaciones
culturales y de horizonte de sentido para enormes porciones de la
población. Esto es quizá más nítido para los jóvenes, para quienes la
ausencia de perspectivas de futuro convierte al negocio de la muerte y
el avasallamiento de los otros en la única “opción racional” y hasta
deseable. Esto ha sido promovido por la apología de un estilo de vida
basado en el individualismo y el consumo, en combinación con el
desgarramiento del tejido social.
Los movimientos de
autodefensa son armados, pero no son guerrillas. Se enfrentan a los
grupos armados y protegidos del crimen organizado. Muchos otros
movimientos no son armados, a pesar de que las guardias blancas de las
mineras, entre otras, los acosan y los matan.
Frente a la
inoculación de la sospecha y la delación como relación social y de la
cultura del miedo como práctica cotidiana, la mexicana es una sociedad
que se defiende, pero también que construye, que crea condiciones para
un futuro distinto. Que defiende el maíz y recupera y recrea sus formas
de cultivar, de curarse, de entender la vida. Una sociedad que
reinventa sus prácticas comunitarias, sus procesos culturales y sus
modos de generar la vida.
Una sociedad rodeada de muerte que se empeña en producir vida.
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Bibliografía citada
Apodaca Villarreal, José Luis 2013 Crónica de Israel Rodríguez (México:
La Jornada) en http://www.jornada.unam.mx/2013/12/13/economia/035n1eco
CNDH 2011 Informe especial sobre secuestro de migrantes en México en http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
Cohen, William S. (Secretary of Defense) 1998 Annual Report to the President and the Congress.
INEGI 2012 Estadísticas de mortalidad en www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral. asp?s=est&c=11144. Consultado el 19 de octubre de 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 Estadísticas históricas de México 2009 colección memoria (México: INEGI) Tomo II.
Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George 2014 Time to listen: trends in U.S. security assistence to Latin America and the Caribbean (USA: Latin America working group education fund, Center for international policy (CIP), WOLA)
González Rodríguez, José de Jesús 2011 Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas, Documento de trabajo N° 121 (versión preliminar) (México: LXI Legislatura Cámara de Diputados).
Secretaría de Energía 2012 Prospectiva de petróleo crudo 2012-2026 (México).
USGS 2011 Mineral Commodity Summary.
USGS 2012 The Mineral Industries of Latin America and Canada in 2011.
Los autores son
Integrantes del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Instituto
de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Territorialidad, modos de vida y bifurcación sistémica (DGAPA-IN301012).
[1]
Sin considerar por lo pronto los avances en la ruta de colonizar otros
planetas o astros del sistema solar, tarea en la que se están teniendo
enormes avances al localizar rastros de agua en una de las lunas de
Júpiter y en Marte.
[2] Se le ubica como el
responsable de haber desmantelado a los cárteles de Medellín y Cali. Se
le conoce por su capacidad para negociar con el narcotráfico, su
cercanía con la DEA, su valiosa asesoría en el ámbito de la
contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y por su papel en
la Operación Fénix consistente en el bombardeo al campamento de paz de
las FARC en territorio ecuatoriano, misión por la cuál siendo policía
fue, no obstante, nombrado general.
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