INTERNACIONAL
CANG afirma que Yassmín Barrios faltó a ética profesional
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-Yassmín Barrios Aguilar, jueza titular del Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala, y quien en mayo de 2013 encontró culpable al ex dictador Efraín Ríos Montt por la muerte de miles de indígenas ixiles, fue inhabilitada de su cargo por un año y condenada a pagar una multa por “humillar” a un abogado defensor del ex militar.
El viernes pasado el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) –asociación gremial que reúne a abogados y notarios del país centroamericano– notificó sobre su resolución a favor de la queja presentada por el abogado Moisés Galindo, quien acusó a Barrios de faltarle el respeto durante una audiencia del juicio celebrado el año pasado.
El fallo firmado por el presidente del Tribunal de Honor, Manuel Alfredo Marroquín Pineda, sostiene que la juzgadora “humilló” al defensor del ex mandatario y cometió “una falta grave”, ya que atentó contra las normas de la ética profesional, lo que afecta la credibilidad del sistema de justicia. Por tanto, se le inhabilitó de sus funciones por un año.
Además de la inhabilitación, a la jueza recientemente reconocida por el gobierno de Estados Unidos con el premio “Mujeres Valientes” se le impone una multa de 5 mil quetzales (8 mil 300 pesos mexicanos), y la difusión de “una amonestación pública” en el diario de mayor circulación, en dos medios radiales y dos televisivos.
También se envió el expediente al Ministerio Público para que se investigue si hubo un delito al emitir resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y cualquier otro hecho, en referencia a la orden de que Galindo fuera el nuevo defensor del ex dictador.
La denuncia de la que se desprende la resolución fue presentada el 4 de abril de 2013 por Moisés Galindo, el abogado defensor del jefe de inteligencia militar de Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez, ya que la jueza le ordenó a él y a César Calderón que asumieran la defensa del ex gobernante de facto cuando destituyó al abogado Francisco García Gudiel, quien en un primer momento fue el defensor del ex dictador.
Cabe recordar que cuando inició el juicio, la defensa de Ríos Montt estaba en manos del abogado Francisco García Gudiel, pero Barrios consideró que éste había asumido la defensa con el propósito de apartarla del caso y entramparlo. Razón por la que decidió expulsarlo y poner en su lugar a Moisés Galindo y a César Calderón.
Galindo argumentó que cuando Barrios lo nombró como nuevo defensor pidió la palabra, pero la jueza no se la dio y le dijo: “No le estoy preguntando, le estoy ordenando”, y esto provocó que la gente se riera de él y “se sintió humillado”.
Finalmente el CANG le dio la razón a Galindo y dijo que con esta acción Barrios había faltado a los códigos de ética, por lo que le ordenó abandonar sus funciones por un año.
Ante la resolución, Barrios –quien también presidió el juicio por el asesinato de monseñor Juan Gerardi y el de la masacre de indígenas en la comunidad de Dos Erres– dijo a medios locales que se trata de una “resolución injusta y que excede las facultades del Colegio”, por lo que presentará en breve los recursos legales correspondientes.
Asimismo lamentó la decisión, al considerar que con ella se abre la puerta para la impunidad y la corrupción, pues se corre el riesgo de que “cualquier persona sin fundamentos pueda ir y acusar a un juez para evitar ser juzgado”.
Yassmín Barrios Aguilar enjuició y condenó a 80 años de prisión a Ríos Montt el 10 de mayo de 2013, pero días después la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) –máximo órgano judicial del país– ordenó la reposición del juicio desde la audiencia del 19 de abril de ese año (cuando se realizó el desahogo de pruebas), bajo el supuesto de que se había incumplido el debido proceso contra el ex dictador. Hasta ahora el juicio se mantiene detenido.
Es de mencionar que un acto similar fue cometido contra Claudia Paz y Paz –primera fiscal de la nación centroamericana en llevar a juicio a Ríos Montt por delitos de lesa humanidad–. En febrero pasado la CC decidió restar siete meses a la gestión de la fiscal general, quien tendrá que concluir funciones en mayo próximo y no en diciembre como estaba previsto.
El fallo de la CC –al conceder un amparo al abogado Ricardo Sagastume– desató una ola de protestas de defensoras de Derechos Humanos locales e internacionales, quienes acusaron que la acción del tribunal “desnuda la estructura discriminatoria y de impunidad” contra la que Paz y Paz y su equipo han luchado.
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