Abril 04, 2014
De
acuerdo con los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores,
estas instancias se crean con la finalidad de conocer más sobre una
materia. Se establecen por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), y se extinguen al cumplir su objeto o
al término de la Legislatura en la que se constituyeron.
¿Qué
resultados han arrojado este tipo de comisiones? Te presentamos 5 casos
de comisiones especiales creadas tanto en San Lázaro como en la Cámara
Alta "a la medida" de la controversia.
1. Oceanografía
La
empresa Oceanografía ha sido señalada por el gobierno federal de lavado
de dinero y enfrenta la acusación de Citigroup de fraude contra
Banamex, razón por la cual el principal accionista de la firma, Amado Yáñez, se encuentra en un arraigo de 40 días desde el pasado 24 de marzo, mientras la PGR investiga el caso.
El
asunto se dio a conocer en febrero pasado, cuando la Secretaría de la
Función Pública (SFP) detectó irregularidades y sancionó a
Oceanografía, contratista de Pemex, inhabilitándola por casi dos años
para celebrar contratos públicos.
Días después, el banco
estadounidense Citi, dueño del mexicano Banamex, acusó a Oceanografía
de haberlo defraudado por más de 300 millones de dólares en un crédito
que le había concedido.
La PGR tomó control de las instalaciones
de Oceanografía con el fin de garantizar la viabilidad de las
operaciones de Pemex. La empresa realizaba para la paraestatal
servicios de transporte y alojamiento de personas, entre otras tareas.
Tras
el revuelo causado por la noticia y los reclamos en la esfera política,
el Senado de la República aprobó dar seguimiento a este caso a través
de una comisión especial.
En principio, se anunció que esta
comisión sería presidida por la senadora Arely Gómez, pero un día
después la priista renunció a encabezar dicha instancia y explicó que
mantiene un vínculo familiar con uno de los vinculados con el caso.
Este miércoles, el Senado nombró a Lisbeth Hernández Lecona del PRI como nueva presidenta.
2. Monex
Ante
las acusaciones de rebase del tope de gastos de campaña por parte del
PRI en la elección presidencial de 2012, presuntamente a través de
monederos electrónicos del banco Monex, la Cámara de Diputados aprobó
en noviembre de 2012 la creación de un órgano investigador, al cual
denominó “Revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usurarios de Servicios Financieros”.
La
comisión quedó integrada por 11 legisladores: cuatro del PRI, dos del
PRD y uno del PAN, PT, de Movimiento Ciudadano, del PVEM y de Nueva
Alianza; fue presidida por el diputado perredista Roberto López Suárez.
El
pasado 11 de marzo, esta comisión acusó a la campaña de Enrique Peña
Nieto de haber rebasado en 4,263.8 millones de pesos el tope de gastos
permitidos.
Sin embargo, esta resolución no fue avalada por los
integrantes del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, por lo que sólo fue
presentada por cuatro miembros del órgano legislativo.
3. Guardería ABC
El 5 de junio de 2009, 49 niños murieron y más de 70 resultaron lesionados por
un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, estancia
infantil subrogada a particulares por parte del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Tres meses después, la Cámara de Diputados
aprobó la conformación de una comisión especial que abordara este hecho
y a sus posibles responsables.
Esta instancia legislativa
documentó que, tras el incendio, los padres de familia no pudieron
localizar rápidamente a sus hijos por falta de información y
acusaciones de negligencia médica por parte de los doctores que
atendieron a los menores.
En julio de 2012, la comisión concluyó
sus trabajos haciendo un exhorto a la entonces procuradora General de
la República, Marisela Morales, para que esclareciera los hechos;
además, el presidente de este órgano, Emilio Serrano, indicó que se
consiguió atención médica especializada para los niños sobrevivientes y
apoyos económicos para los padres.
El legislador aseveró que
aunque fueron procesados alrededor de 26 exfuncionarios por este caso,
otros supuestos implicados seguían libres. Al final, todos los
indiciados quedaron en libertad.
Los funcionarios que fueron
señalados, sin acción penal alguna, fueron: el exdirector del IMSS,
Juan Molinar Horcasitas; el entonces gobernador de Sonora, Eduardo
Bours; quien fungía como director el IMSS, Daniel Karam; el procurador
de Sonora en el momento del incendio, Abel Murrieta, y el entonces
alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.
4. El patrimonio de Fox
"Comisión
Especial de Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto
Ejercicio Indebido de Servicio Público en la Presidencia de la
República durante la Gestión de Vicente Fox con Relación a los
Señalamientos del Incremento de su Patrimonio"... así se llamó al
órgano de la Cámara de Diputados encargado de indagar el patrimonio del
expresidente.
La comisión, creada en octubre de 2007 en San
Lázaro, ya durante el sexenio de Felipe Calderón, fue extinguida en
agosto de 2008. La investigación de la instancia parlamentaria
presidida por el priista Víctor Leopoldo Valencia de los Santos no
derivó en sanción alguna.
“No somos Ministerio Público, pero la
gente tiene derecho a saber y conocer si algún servidor público, actual
o del pasado o muchos de los que estuvieron y ahora tienen otros
puestos en esta administración, cometió algún delito de carácter
administrativo o de carácter penal, para que paguen por ello”, sostuvo
Valencia en junio de 2008, a unos meses de cerrar la comisión.
Además,
el priista acusó que la administración del panista Felipe Calderón
tenía interés en encubrir al expresidente y a su esposa Marta Sahagún.
“Por
eso no se ha movido una sola acción penal en contra de éstos (Vicente
Fox y Marta Sahagún), pese a que es muy burdo y evidente su cínico
enriquecimiento. No se necesita ser auditor especialista en la materia
para poder evidenciar que hubo muchísimas transacciones de carácter
millonario en donde estuvieron los mismos personajes participando”,
dijo.
5. Los hermanos Bribiesca
En 2005 la
Cámara de Diputados instaló una comisión especial para investigar una
presunta red de corrupción con la cual se habrían beneficiado los
hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox.
La
indagatoria de los legisladores incluyó la revisión de información de
10 secretarías de Estado y dependencias como Petróleos Mexicanos, Luz y
Fuerza del Centro, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), la Oficina de la Presidencia, entre otras.
En
enero de 2006 la comisión, encabezada por el expanista y entonces
militante del partido Convergencia, Jesús González Schmal, determinó
que sí hubo tráfico de influencias que beneficiaron a las empresas de
los hermanos Bribiesca.
“Existen elementos que pudieran ser
constitutivos de faltas administrativas y probables delitos (...)
describe un escenario preocupante: tráfico de influencias, manejo de
información privilegiada, dudoso origen de recursos económicos y
operaciones de simulación jurídica para, a través de la condición
privilegiada por la relación familiar, burlar la ley para obtener
lucros indebidos”, señalaba un informe de la comisión citado por La
Jornada.
En noviembre de 2006, el entonces procurador de la
República, Daniel Cabeza de Vaca, determinó no ejercer acción penal
contra los hermanos, a pesar que los diputados presentaron una
denuncia. El caso fue cerrado.
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