Editorial La Jornada
La
declaratoria de quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación y sus
filiales, emitida ayer por la juez Edith Alarcón, pone fin a un proceso
caracterizado por la impunidad empresarial, el ensañamiento oficial
contra los trabajadores de la aerolínea más antigua del país y la
indolencia de las autoridades frente a las afectaciones a los usuarios
de las empresas aéreas y frente a la economía nacional.
Ciertamente, la trama que dio origen a esta quiebra y su estela de
afectaciones no se inició en agosto de 2010, cuando las operaciones de
la aerolínea fueron interrumpidas abruptamente, sino desde finales del
sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras ser sometida a
un rescate que costó mucho dinero a los contribuyentes. Sin embargo, la
mayor cuota de responsabilidad corresponde, sin duda, al gobierno
encabezado por Felipe Calderón, que toleró manejos empresariales
dudosos que derivaron en la descapitalización de la compañía y, una vez
que el corporativo entonces encabezado por Gastón Azcárraga declaró la
inviabilidad operativa y financiera de la empresa, declinó intervenir
en forma decisiva y se limitó a observar, impávida, la cancelación de
vuelos de la aerolínea, el remate de sus activos a un precio irrisorio
y la suspensión total de sus operaciones. Posteriormente, con la
declaratoria de concurso mercantil, las autoridades calderonistas
volvieron a lavarse las manos, dejaron en la desprotección a miles de
afectados –trabajadores, pasajeros y acreedores– y se dedicaron a
obstaculizar los intentos de diversos grupos de inversionistas para
rescatar a la aerolínea, en una maniobra que hasta hoy resulta
incomprensible si no es como vía para beneficiar a las competidoras de
Mexicana.
Esa cadena de omisiones gubernamentales, que a la postre resultaron
tan determinantes para la quiebra como las malas prácticas
empresariales, ameritarían el inicio de investigaciones ministeriales
para esclarecer posibles responsabilidades de funcionarios de la
administración pasada.
El
gobierno de Peña Nieto, por su parte, no puede limitarse a afirmar que
el patrimonio de la empresa no alcanza para cubrir las indemnizaciones
de los trabajadores y a lamentar la quiebra referida. Es importante
recordar que a pesar del cambio de administración federal y de la
alternancia de partidos en la Presidencia, persiste una continuidad
institucional que obliga a las actuales autoridades a hacerse
responsables de las omisiones cometidas por sus antecesores y a hacer
valer los derechos de los trabajadores. Por lo demás, sería un error
que las instancias encargadas de procurar justicia usaran la quiebra de
Mexicana como pretexto para no proseguir con las investigaciones contra
Gastón Azcárraga y quienes pudieron haber obstaculizado, desde el poder
público, el retorno de la compañía al espacio aéreo.
Además de lo legal y lo político, la extinción de Mexicana ha
generado duras afectaciones para el país en términos económicos, como
40 por ciento de incremento en los boletos de avión, deterioro en la
calidad y la puntualidad de los vuelos y pérdida de proyección
internacional del país en materia de aeronáutica civil. Este saldo
constituye una muestra más de lo desastrosa que puede resultar la
ideología político-económica que preconiza el retiro del Estado de sus
responsabilidades en materia de desarrollo e incluso de sus
obligaciones en términos de transparencia y procuración de justicia, y
para la cual los rescates sólo se justifican cuando son en beneficio de
grandes corporativos financieros internacionales.
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