bién los gastos que conllevan los procesos y las indemnizaciones económicas cuando éstos se pierden.
En respuesta a la solicitud de información 1857200129915 hecha por Agenda de la Corrupción,
Pemex revela que gastó 20 millones 549 mil 692 dólares (unos 363
millones 935 mil 45 pesos al tipo de cambio actual, de 17.71 pesos por
dólar) en 17 contratos con abogados extranjeros, de diciembre de 2010 a
diciembre de 2015.
Para el periodo de enero de 2007 a
noviembre de 2010, la Gerencia de Control de Gestión de la Dirección
Jurídica de la petrolera asegura que en los archivos de trámite y de
concentración no se localizó información, por lo que la respuesta es
“CERO” (sic). Es decir, cero despachos legales contratados en el extranjero para atender juicios y controversias.
La respuesta oficial indica que los
despachos que le brindaron asistencia jurídica en juzgados extranjeros
fueron Hogan & Hartson, Llp; Hogan Lovells Us, Llp; Diaz, Reus &
Targ, Llp; DLA Piper; Goldstein & Russell, PC; Willkie Farr &
Gallagher, Llp; Jones Day; y Berkeley Research Group, Llc.
No obstante que todos los servicios
legales se formalizaron como contratos con la empresa estatal, la
mayoría no está reportada en el Portal de Obligaciones de Transparencia,
descubre una búsqueda en ese sitio hecha por esta columna para
contrastar los datos.
De la lista que la petrolera facilitó vía
Ley de Transparencia se desprende que Hogan & Hartson y Hogan
Lovells Us –que son la misma empresa– fueron las favoritas de Pemex, al
obtener ocho de los 17 contratos, entre ellos los más onerosos.
En total, estos despachos –que el 1 de
mayo de 2010 protagonizaron “una fusión sin precedentes de dos bufetes
con credenciales internacionales”, al asociar el bufete Hogan &
Hartson, con sede en Estados Unidos, con el bufete Lovells, con sede en
el Reino Unido– cobraron a Pemex 12 millones 465 mil dólares, que al
tipo de cambio actual significan 220 millones 755 mil 150 pesos.
Aunque por el número de contratos
firmados le sigue el despacho Goldstein & Russell, con tres, el
monto total de éstos (1 millón 63 mil dólares) queda lejos del ingreso
que obtuvo DLA Piper con dos contratos, por un monto global de 3
millones 440 mil dólares. También queda por debajo del costo del único
contrato que Pemex firmó con Diaz, Reus & Targ por 1 millón 781 mil
262 dólares; y del que estableció con Willkie Farr & Gallagher, Llp,
por 1 millón 185 mil dólares.
Los dos bufetes restantes obtuvieron un
contrato cada uno: Berkeley Research Group, Llc, por 500 mil dólares, y
Jones Day, por 115 mil 430 dólares.
Los casos
De la escasa información que Pemex ha
hecho pública sobre las demandas que enfrenta en el extranjero se
observa que la asesoría más barata fue para enfrentar un juicio en
Estados Unidos. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de
Transparencia, el contrato 4800020588, asignado a Jones Day el 17 de
diciembre de 2010, fue para los servicios de representación legal e
interposición de acciones judiciales y extrajudiciales para la atención
de la acción civil 0-;CV-167 (De la Cruz et al v. Gulf Coast Marine et al) radicada en una corte de distrito del país vecino.
Otro caso es el de Corporación Mexicana
de Mantenimiento Integral, S de RL, revelado en los estados financieros
que presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores. Aunque en ese informe no
se aclara el nombre de la firma o firmas de abogados contratadas para
su representación, resulta obvio que sí ha requerido de asistencia
jurídica extranjera por años.
Y es que el asunto data de diciembre de
2004, cuando la empresa, también conocida como COMMISA, demandó a Pemex
Exploración y Producción (PEP) ante la Corte Internacional de Arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional (arbitraje 13613/CCO/JRF) por
presuntos incumplimientos derivados de un contrato de obra de dos
plataformas en Cantarell (Proyecto IPC-01). El 16 de diciembre de 2009
se emitió el laudo que condena a PEP a pagar a COMMISA 293 mil 646
dólares y 34 mil 456 pesos más intereses.
Por este mismo caso, COMMISA solicitó el
reconocimiento y ejecución del laudo ante la Corte del Distrito Sur de
Nueva York en Estados Unidos, mientras que PEP solicitó la nulidad del
laudo ante tribunales mexicanos, el cual fue declarado nulo.
No obstante, el 25 de septiembre de 2013,
el juez de Nueva York emitió la orden y sentencia final, mediante la
cual se confirma el laudo arbitral, por lo que PEP está obligado a pagar
a COMMISA 465 mil 60 dólares, monto que incluye la fianza por 106 mil
828 dólares.
En noviembre de 2013, PEP depositó la
garantía para que se aceptara su recurso de apelación. Para el 28 de
enero de 2014, la subsidiaria presentó el escrito de apelación ante la
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, en el cual manifestó que
autoridades judiciales federales en México declararon la nulidad del
laudo arbitral.
El 6 de febrero de 2015, el Departamento
de Justicia de Estados Unidos se pronunció en sentido favorable a PEP.
Por lo que actualmente se está en espera de que sea resuelto el recurso.
Aunado a lo anterior, COMMISA solicitó en
Luxemburgo la confirmación del laudo y el embargo preventivo de valores
de PEP y Pemex depositados en diversos bancos de ese país, alegando
contar con un laudo arbitral a su favor. El próximo argumento oral de
este procedimiento ha sido programado para el próximo 2 de mayo.
En el informe entregado a la Bolsa
Mexicana de Valores, Pemex admite que enfrenta “diversos” juicios
civiles, fiscales, penales, agrarios, administrativos, ambientales,
laborales, mercantiles, de amparo y procedimientos de arbitraje. Indica
que sus resoluciones finales se desconocen, por lo que registró una
provisión por 12 millones 775 mil 263 pesos, al 31 de diciembre de 2015,
para cubrir dicho pasivo contingente. Así la sangría a las finanzas de
la petrolera por los juicios en tribunales internacionales y locales.
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