Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y
maltratos al ser privadas de su libertad, según el reciente informe del
relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez.
Mientras están en detención preventiva, las mujeres corren un riesgo
particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado
pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de
coacción o para obtener confesiones, de acuerdo con el informe
presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero
pasado.
Las mujeres representan entre 2 y 9 por ciento de la población reclusa
en 80 por ciento de los sistemas penitenciarios del mundo, a lo que se
suma que la mayoría de las detenidas no tienen antecedentes penales y se
sospecha o se les acusa de cometer algún delito no violento
(relacionado con las drogas o la propiedad).
En México, por ejemplo, la organización civil Equis, Justicia para las
Mujeres revisó la situación de las mujeres reclusas y encontró que en
las cárceles mexicanas hay 16 mil 746 mujeres; de ellas, 12 por ciento,
es decir 2 mil 13, son acusadas de delitos contra la salud.
A pesar de no tener antecedentes penales, las mujeres son
automáticamente enviadas a prisión preventiva. El relator Juan E. Méndez
encontró que en muchos países el número de mujeres en prisión
preventiva es equivalente o mayor que el número de reclusas condenadas,
lo que significa que permanecen sin condena durante periodos
extremadamente prolongados.
Con frecuencia, las mujeres que se encuentran en lugares de detención
preventiva, que no están construidos ni son gestionados con perspectiva
de género, no tienen acceso a atención médica especializada ni a
educación o formación profesional.
En el caso de las mujeres, ellas corren un riesgo mayor de sufrir
agresiones y violencia sexual cuando son recluidas junto con presas
condenadas y hombres, o cuando son vigiladas por guardias varones, se
asienta en el informe.
En México, uno de los casos emblemáticos de tortura sexual ocurrió en
mayo de 2006 cuando policías federales y estatales detuvieron a 26
mujeres que participaban en las movilizaciones sociales en defensa de la
tierra en San Salvador Atenco, Estado de México. Once de ellas
mantienen hasta ahora una denuncia por tortura sexual ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2014, las 11 denunciantes promovieron la campaña “Rompiendo el
silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, para acompañar a otras
mujeres sobrevivientes, algunas de ellas torturadas por fuerzas de
seguridad para que se autoinculparan de delitos contra la salud.
Al hacer un recorrido por las condiciones que viven las mujeres en
prisión, el relator de la ONU refirió que para las reclusas el
aislamiento supone un nuevo trauma para aquellas que han sido
maltratadas y tienen problemas de salud mental, y que muchas veces son
sometidas a revisiones corporales invasivas y sin ropa.
Durante las revisiones son frecuentes los tocamientos y manoseos
inapropiados y equiparables al acoso sexual, práctica que según la
información recopilada por la relatoría, tiene efectos desproporcionados
en las mujeres, particularmente cuando las realizan guardias varones.
Por otra parte, la mayoría de las políticas y servicios médicos de las
prisiones no han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las
mujeres, pues hace falta atención especializada, como el acceso a
ginecólogos y obstetras; hay desatención médica y se niegan los
medicamentos, en particular para enfermedades crónico-degenerativas.
Una condición más de vulnerabilidad es la maternidad. Hay estudios que
indican que hasta 80 por ciento de las reclusas son madres. Muchas son
madres solteras o son las principales responsables del cuidado de sus
hijas e hijos, pero el contacto entre las reclusas y su descendencia es
difícil pues las cárceles de mujeres están en lugares apartados.
El relator Juan E. Méndez recomendó a los países derogar todas las leyes
que favorezcan la opresión de las mujeres, como aquellas que no
contemplan la violación conyugal en el delito de violación sexual, o las
que prevén el perdón para los violadores, y las normas que tipifican el
adulterio como un delito.
También llamó a las autoridades judiciales utilizar la prisión
preventiva como último recurso, garantizar el derecho a la asistencia de
un abogado, y que los países revisen leyes, procedimientos penales y
prácticas judiciales para que en las sentencias se tome en cuenta la
condición social de las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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