Envía una nueva carta a la cancillería; la llegada de Michael Forst fue pospuesta en 2015
México debe estar abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, expresa
Periódico La Jornada
En una carta dirigida a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) exhortó al gobierno mexicano a concretar lo antes posible
la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de
las y los defensores de derechos humanos, Michael Forst.
Funcionarios del organismo nacional señalaron que han sido varias las
misivas enviadas a la cancillería en torno a este tema, donde han
planteado la conveniencia de que México esté abierto al escrutinio
internacional en materia de derechos humanos.
La visita ya había sido pospuesta en 2015 y el mismo relator especial
solicitó desde octubre pasado que la invitación se concretara entre el
18 y 29 de abril de 2016. No obstante, el gobierno mexicano ha cancelado
estas fechas sin fijar todavía alguna otra.
Michael Forst, de nacionalidad francesa y con reconocida experiencia
en el tema, había adelantado que durante su viaje a México visitaría,
entre otros, los estados de Chihuahua y Puebla, y abordaría asuntos como
la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala y la situación que
viven los periodistas en México.
Hay que recordar que durante las fechas propuestas por el relator
especial para concretar su visita a México, el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) también tiene previsto presentar el
informe final de su segundo mandato como coadyuvante en las
investigaciones del caso Iguala. El periodo del GIEI concluye el 30 de
abril.
Consultados sobre la visita pospuesta del relator Forst, funcionarios
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron que los
organismos internacionales deben ser vistos como instancias
complementarias, subsidiarias de las instituciones nacionales, nunca
sustitutivas. Incluso, destacaron que una tarea prioritaria de la actual
presidencia de la CNDH ha sido precisamente intensificar su relación y
colaboración con dichos organismos.
Amnistía Internacional y una veintena de organismos de la
sociedad civil y centros de derechos humanos realizan, desde las redes
sociales, una amplia campaña para solicitar al Estado mexicano concretar
la visita.
Para estas organizaciones es de trascendental importancia, debido al
clima de violencia y criminalización que viven las y los defensores de
derechos humanos en México, y que durante varios años han documentado
incidentes de agresión y criminalización en contra de este grupo de
personas.
En su recomendación general número 25, presentada hace unos días, la
comisión ratificó su preocupación por el ‘‘alarmante aumento’’ en las
agresiones cometidas contra defensores civiles en la pasada década, en
la que tiene casi 400 expedientes abiertos en los últimos 10 años.
Reportó que del primero de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015
se han registrado 25 homicidios contra defensoras y defensores de
derechos humanos, y tres desapariciones desde 2009 a la fecha.
Chihuahua, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor número de
agravios cometidos en contra de activistas, incluyendo los homicidios.
El mandato sobre esta situación fue establecido en el año 2000 por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos –como un procedimiento
especial– para apoyar la implementación de la Declaración sobre las
personas dedicadas a la defensa de estos derechos
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