Luis Hernández Navarro
La Jornada
La maestra Érika
Elizabeth Núñez Montes ha hecho de la banqueta un aula de emergencia.
Cada día, en la calle Nicolás García 60, Iztapalapa, frente a la escuela
Nicolás García, en la que enseñó durante más de 10 años, imparte clases
de quinto año de primaria.
El precario salón de clases de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza
funciona en el turno vespertino desde que el pasado 7 de marzo un grupo
de funcionarios irrumpió en la escuela para notificarle a la maestra
Núñez que, a partir del 1º de marzo, estaba despedida.
A la profesora Érika la cesaron en su trabajo a pesar de que era
querida y respetada por sus alumnos y sus padres de familia, y de que no
había faltado a clases. Durante años, su labor frente a grupo ha sido
intachable. Desempeñó siempre su función con responsabilidad y
compromiso. Sin embargo, fue cesada por negarse a presentar un examen al
desempeño docente, mal hecho y peor aplicado, que no consideró ni su
plan de trabajo ni las condiciones en que tuvo que enseñar a los niños.
La escuela en que la maestra Núñez Montes educa está enclavada en una
zona de la ciudad de México particularmente violenta. Apenas el pasado
19 de octubre, no muy lejos de sus instalaciones, apareció colgado el
cuerpo de un hombre. Los alumnos que asisten a ella provienen de
familias en su mayoría humildes. No son pocos los que han crecido en
hogares rotos. La profesora, con 13 años de servicio (10 de ellos en la
Nicolás García), sabe cómo enfrentar estos desafíos, que ningún examen
para medir conocimientos puede evaluar.
Al enterarse del despido de la maestra, los padres de familia se
indignaron y exigieron a las autoridades escolares que fuera
reinstalada. Y cuando éstas se negaron a devolverle su trabajo, apoyaron
que siguiera dando clases, aunque fuera en la calle. Están dispuestos a
salir a marchar para que ella regrese. Mejor que nadie, ellos saben lo
que Érika ha hecho por sus hijos. Viven su cese como una arbitrariedad,
como una enorme injusticia.
Érika Elizabeth Núñez Montes es una de los 3 mil 360 docentes
despedidos en el país por no presentar la prueba al desempeño. Al igual
que en su caso, en muchos lugares del país los padres de familia se han
solidarizado con ellos. La lista es larga: Durango, Tlaxcala, Sinaloa,
Campeche, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y un largo
etcétera. Han solicitado pacíficamente a los funcionarios educativos la
reinstalación de sus profesores y, cuando no les ha hecho caso, han
ocupado escuelas, marchado y tomado oficinas públicas. Como en Iztapalapa, han levantado aulas de emergencia.
Las formas de lucha varían de estado a estado. En Campeche, los
maestros y maestras cesados asisten a sus planteles y cumplen su
horario, aunque no puedan ingresar a los salones de clase. Los padres de
familia firman la lista de asistencia de los docentes, para dar fe de
su presencia en las escuelas. El profesor Uk Tuz explicó a este diario:
Hoy me presenté como de costumbre todas las mañanas; nuevamente intenté ingresar al plantel, pero estaba la directora, que me dijo que seguían en pie las acusaciones de la secretaría y, para dar fe de que acudí a mi labor, recabé las firmas de los padres de familia que me estuvieron apoyando y me retiraré a la una de tarde, para que no digan que abandono mis labores.
Las autoridades gubernamentales han respondido con sordera,
prepotencia y represión. El pasado 17 de marzo, en Durango, elementos de
la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos profesores que
protestaron contra los despidos afuera del Centro Cultural Bicentenario,
donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe.
Están acusados de motín y privación de la libertad. La noche anterior,
policías realizaron al menos cinco cateos en casas de docentes
inconformes. Una de las esposas de los maestros dijo:
Me amenazaron cuando no encontraron a mi marido; me dijeron que si no decía dónde estaba me lo iban a regresar muerto. Según la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, existen 20 órdenes de aprehensión más contra otros docentes. Y, en Tlaxcala, elementos de seguridad agredieron a docentes y padres de familia que protestaron afuera de la Unidad de Servicios Educativos. La maestra Citlali Ortiz Cano recibió varios golpes de los uniformados.
En diversos estados se han efectuado movilizaciones magisteriales de
protesta contra los despidos de sus compañeros. En Zacatecas, los
trabajadores de la educación tienen tomada la Secretaría de
Educación, y ya encarrerados, ocuparon también el Congreso del estado.
En Mazatlán, Sinaloa, iniciaron un plantón en las oficinas de la
Secretaría de Educación Pública y Cultura y colocaron una ofrenda floral
con dedicatoria a la muerte del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), que traicionó a los maestros de base.
Los profesores cesados por la SEP por no presentarse el examen al
desempeño no son ni irresponsables ni malos maestros. Por el contrario,
la mayoría de ellos son excelentes profesionistas, comprometidos con su
trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La
solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Unos no se
presentaron a la evaluación porque fueron requeridos para hacerlo con
muy pocos días de anticipación. Otros, porque rechazan la falsa reforma
educativa y decidieron no avalarla con su presencia. Algunos más porque
consideraron que era oprobioso que, después de años de servicio y buenos
resultados prácticos, se les sometiera a la humillación de tener que
demostrar que tenían los conocimientos para ejercer. Finalmente, varios
estimaron que no tenían por qué renunciar a derechos adquiridos y
permitir que se les aplicara una nueva legislación de manera
retroactiva.
Por lo pronto, el gobierno federal ya tiene un nuevo problema en
puerta. Además de presentar demandas legales y amparos ante los despidos
injustificados, el magisterio democrático decidió irse a huelga
nacional, a más tardar el 1º de mayo. Poco menos de cinco semanas
después, el 5 de junio, habrá elecciones para gobernador en 12 estados.
Twitter: @lhan55
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