Se castigaría difamación u obstrucción a labor de las mujeres
Para incorporar en la legislación del estado de Veracruz la violencia
política en razón de género, y ayudar así a combatir esta práctica que
afecta a las mujeres que buscan algún puesto público, la diputada local
Mónica Robles Barajas presentó una iniciativa para reformar el artículo 8
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la
entidad.
En sesión del Congreso estatal, la presidenta de la Comisión Permanente
para la Igualdad de Género, dijo que el concepto de violencia política
en razón de género aparece después de que las mujeres incursionan en
política.
La propuesta legislativa, turnada a las comisiones permanentes unidas de
Justicia y Puntos Constitucionales, y para la Igualdad de Género,
indica que incurriría en ese delito quien obligue a las mujeres, por
razones de género, a realizar u omitir actos diferentes a las funciones
públicas establecidas en los ordenamientos jurídicos.
También sería violencia política dar a las mujeres candidatas o electas,
titulares o suplentes o designadas para una función pública, “mediante
el engaño o fraude, información falsa, o imprecisa que induzca al
inadecuado ejercicio de sus funciones políticas públicas”.
Igualmente, evitar por cualquier medio que las mujeres electas,
titulares o suplentes o nombradas para una función pública, asistan a
las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad
que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a
voz y voto en igualdad de condiciones con los hombres.
La propuesta considera como violencia política de género proporcionar al
Organismo Público Local Electoral datos falsos o información incompleta
o errónea de la identidad de la o candidatas a algún cargo de elección
popular, para limitar o impedir su participación.
Asimismo, publicar o revelar información personal, privada o falsa, de
las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su
representación política, con el objetivo de difamar o menoscabar su
dignidad humana y obtener con estas acciones la renuncia o licencia al
cargo electo o en ejercicio.
También se estipula como violencia obligar, intimidar o amenazar a
suscribir documentos, a participar de proyectos o adoptar decisiones en
contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose de su
representación política.
Robles Barajas apuntó que en la Legislatura estatal las diputadas
representan tan sólo 26 por ciento, pero esta participación es aún mucho
menor en las presidencias municipales, donde únicamente encabezan el
12.7 por ciento de los ayuntamientos.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.-
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