Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Valorado
el discurso del general Salvador Cienfuegos Zepeda como un hecho sin
precedente en la centenaria vida del Ejército y la Fuerza Aérea
mexicanos, también como un suceso de la mayor importancia simbólica y
porque acaso tenga consecuencias de mayor alcance en los años por venir
para acotar seriamente los excesos castrenses en materia del derecho
humanitario; es más que preciso, indispensable, trascender la pieza
oratoria para promover resultados institucionales y jurídicos que acoten
los atropellos a las garantías individuales.
Para empezar es una
aberración que Elvira Santibáñez, la joven torturada por dos elementos
del Ejército y tres de la Policía Federal, y dos guerrerenses más
permanezcan en prisión, y necesario que sus torturadores dados de baja
sean procesados en el ámbito civil para fincarles responsabilidades
judiciales. Esto para que la impunidad que impera en el país, en 97.5 de
cada 100 ilícitos cometidos y denunciados ante el Ministerio Público,
reciba un revés y los mandos castrenses y policiacos envíen un
categórico mensaje de que torturar tiene consecuencias en un país donde
tal práctica fue impuesta por Hernán Cortés con la quema de los pies a
Cuauhtémoc.
Entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, de acuerdo
con cifras del Poder Judicial federal, 93 presuntos delincuentes fueron
liberados con amparos en los que acreditaron tortura y otros tratos
crueles e inhumanos.
En segundo e ineludible término, el general
secretario o sus voceros, así como el comisionado de la Policía Federal,
Enrique Galindo, tienen la obligación de informar a la sociedad dónde
aprendieron sus cinco subordinados a torturar, para qué tomaron esos
cursos de capacitación y cuántos elementos más fueron adiestrados en
México y sus maestros quizás en Colombia, Estados Unidos e Israel.
Son
interrogantes para que el discurso del divisionario Cienfuegos tenga
consecuencias, con independencia de las motivaciones nacionales y/o
extranjeras que lo provocaron, como el último informe del estadunidense
Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en
México, tan crítico como el diagnóstico de Juan E. Méndez sobre que la
“tortura es una práctica generalizada”.
A John Kerry no se
atrevieron a desmentirlo los que envueltos en la “soberanía nacional”
–aunque adoran a los mercados y la globalización de la economía, pero no
del derecho humanitario–, linchan mediáticamente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, como antes al relator de la ONU, pero los
tercos hechos les dan la razón.
Y de eso se trata, del deterioro
que padecen los derechos humanos en México, con independencia de si los
diagnósticos los formulan extranjeros de instituciones supranacionales
con los que el Estado firmó convenciones y acuerdos de colaboración que
el gobierno actual solicitó y, por ello, está obligado a respetar aunque
le provoquen urticaria.
Resulta insuficiente la disculpa pública
del titular de la Secretaría de la Defensa, pedida también por Renato
Sales –quien reconoce que en la Comisión Nacional de Seguridad no existe
órgano que se ocupe del respeto a los derechos humanos–, pues como
apuntan organismo civiles autónomos –no los que trabajan en colaboración
muy estrecha con Los Pinos y reciben dineros y prebendas–, lo que
esperan es “justicia y castigo para todos los responsables de delitos de
tortura”. Como en Tlatlaya, estado de México, donde fueron ejecutados
22 jóvenes por militares.
@IbarraAguirreEd
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