Este es un artículo de opinión de Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe
El tiempo y el compromiso para revertir esto es ahora. Estamos ante
un parteaguas a nivel global, regional y nacional, en el marco de la
aprobación unánime de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus respectivos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta es una agenda sin precedentes, basada en la universalidad del
derecho al desarrollo, de los derechos humanos y de la igualdad de
género, y en el principio de no dejar a nadie atrás en el camino hacia
sociedades más prósperas, resilientes, justas, incluyentes y
sostenibles.
A pesar de ciertos
avances, la segregación y discriminación económica de las mujeres
persiste, particularmente basados en el orden de género en el ámbito
doméstico, brechas de informalidad y en el acceso a la seguridad social.
ONU Mujeres
propone utilizar la plataforma que ofrece la Agenda 2030 y los ODS para
alcanzar un Planeta 50-50 en el 2030: Un mundo con plena igualdad entre
mujeres y hombres, y el pleno ejercicio de los derechos humanos en
todos los sectores y ámbitos.
El empoderamiento económico de las mujeres es una pieza angular y un
vehículo transformador para que esto pase con mayor celeridad y hoy está
cobrando más importancia que nunca para que en América Latina y el
Caribe las economías sean más prósperas, resilientes y con mayor
igualdad de género.
Mundialmente, las mujeres suelen estar desproporcionadamente
representadas en los trabajos con baja remuneración. Más de 75 por
ciento de los empleos de las mujeres son informales, carentes de
protección social y están totalmente al margen de la legislación
laboral.
Entre 1990 y 2013, el mayor aumento de todas las regiones en la
participación de las mujeres en la fuerza laboral se dio en América
Latina y el Caribe, que pasó de 40 por ciento a 54 por ciento.
Si bien ha mejorado, la participación femenina en el mercado laboral,
la participación de los hombres es de 80 por ciento. Sin embargo, el
trabajo informal todavía es la norma en esta región, en donde 59 por
ciento de los empleos de las mujeres son informales y el trabajo
doméstico, que generalmente es informal, no está protegido por la
legislación laboral, pero representa 15 por ciento de la mano de obra
femenina.
A pesar de ciertos avances, la segregación y discriminación económica
de las mujeres persiste, particularmente basados en el orden de género
en el ámbito doméstico, brechas de informalidad y en el acceso a la
seguridad social.
La aprobación e implementación del convenio 189 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) sobre el trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores domésticos se hace especialmente
relevante a la luz de esto. Ya hay un avance regional con Uruguay como
primer país en ratificarlo a nivel mundial en 2012 y, desde entonces, 12
países de la región se han sumado, constituyendo más de la mitad del
total de los 22 países ratificantes en el mundo.
Ante los retos y oportunidades en materia de empoderamiento económico
de las mujeres, el pasado mes de enero, el secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la creación del primer Panel de
Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Mujer, con el objetivo de
movilizar acciones concretas para cerrar las persistentes brechas de
género.
El Panel se reunirá del 13 al 15 de julio en la ciudad de San José de
Costa Rica, con el apoyo del Reino Unido y ONU Mujeres y será
auspiciada bajo la copresidencia del presidente de Costa Rica, Luis
Guillermo Solís. Reunirá a líderes gubernamentales y del sector privado,
así como representantes de la academia y de la sociedad civil,
comprometidos a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y
encontrar respuestas innovadoras y eficaces para revertir las causas y
consecuencias de las estructuras que todavía colocan en situación de
desventaja a las mujeres de la región.
Una Consulta Regional de las Américas y el Caribe, enmarcada dentro
del Panel de Alto Nivel, se realizará este 14 de julio para incorporar
las experiencias exitosas de la región y analizar los vacíos en
implementación de políticas y en el acceso a los derechos económicos de
las mujeres. Se trata de un evento que, concretamente, buscará efectuar
observaciones rigurosas sobre la situación mundial y regional, y elevar
una amplia consulta que derive en recomendaciones y maniobras
contundentes.
América Latina y el Caribe se enfrenta a un doble desafío: por un
lado, proteger las conquistas en materia de igualdad de género contra la
desaceleración económica y, por el otro, superar los obstáculos para el
empoderamiento económico de las mujeres.
En respuesta a esto, es necesario asumir tres acciones fundamentales:
Primero, se requiere de una reorientación de las políticas
macroeconómicas, que ayuden a mitigar los efectos de la recesión
económica a corto plazo y aseguren condiciones de largo aliento para el
empoderamiento económico de las mujeres.
En segundo lugar, es urgente ampliar los servicios de cuidados de
calidad de dependientes y de personas enfermas, que además de liberar
tiempo y carga no remunerada de las mujeres, podría ser un motor para
potenciar la realización de todos sus derechos, con efectos duraderos
para sus perspectivas de empleo e ingresos, para los derechos de la
infancia y para la población en general. Como tercer punto, es preciso
asegurar una inversión mayor y sostenida en protección social con
sensibilidad de género.
Para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, las
políticas económicas y sociales deben trabajar de forma unísona y
dirigida a lograr un conjunto de objetivos que incluyan mecanismos de
protección social con perspectiva de género y políticas macroeconómicas
favorables que den prioridad a la inversión en las personas y al
cumplimiento de los objetivos sociales.
En ese sentido, el trabajo decente y remunerado sobresale como un
pilar fundamental hacia la igualdad de género y empoderamiento económico
de las mujeres, siempre y cuando permita a las mujeres disponer de
tiempo para el ocio y el aprendizaje; cuando le proporciona ingresos
suficientes para mantener un nivel de vida adecuado; y cuando las
mujeres no sufran ninguna forma de discriminación en el trabajo.
Para ilustrar esta disparidad, la brecha entre la participación
laboral de mujeres y hombres es de 26 por ciento a nivel mundial, siendo
que las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo a realizar trabajo no
remunerado y tareas domésticas, en comparación con los hombres.
A nivel global, las mujeres cobran en promedio un 24 por ciento menos
que los hombres, 19 por ciento en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, las desproporciones en puestos administrativos y
gerenciales en todo el mundo, prevalecen con una presencia
desproporcionada para las mujeres, con 63 por ciento en los puestos de
oficina y apoyo, y 55 por ciento en empleos de servicios y ventas y solo
un 33 por ciento en ocupaciones de gestión.
El Trabajo del Panel de Alto Nivel en el marco de la Consulta
Regional y el impulso que dará en la región es un punto de partida muy
importante para trabajar de forma acelerada y solidaria para lograr un
planeta sin discriminación y con igualdad para todas las mujeres y las
niñas.
Demos el paso por un planeta 50-50, por una América Latina y Caribe
50-50, por comunidades donde el potencial económico y el talento de las
mujeres sean aprovechados de las mejores formas y donde las mujeres y
las niñas vivan sin discriminación y violencia.
Revisado por Estrella Gutiérrez
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