(13 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).-
El pasado 27 de junio, como parte de sus actividades en una gira por
Canadá, Enrique Peña Nieto se reunió con integrantes de la Cámara de
Comercio e Industria de Quebec, ahí declaró que la empresa canadiense Innergex anunciará una inversión en México para construir una planta hidroeléctrica en el estado de Puebla.
En esa ocasión Peña Nieto señaló, “congruentes con el liderazgo que han demostrado Quebec y México en la lucha contra el cambio climático se están fortaleciendo la colaboración en materia de medio ambiente y energía.
“Actualmente tenemos cientos de empresas con capital quebequense,
empresas que están generando empleo y desarrollo. Sus inversiones están
presentes en sectores clave, para impulsar el crecimiento económico,
como el minero, el aeroespacial y el de transporte, lo mismo que en el desarrollo de infraestructura”, detalló Peña Nieto.
Esta información llegó hasta la pequeña comunidad de Tutunaku de la Sierra Norte de Puebla, y alertó a sus habitantes, principalmente indígenas totonacos quienes sostienen una lucha en contra del llamado “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1”, de la Empresa Deselec 1-Comexhidro la cual se encuentra asociada precisamente con la canadiense Innergex,
el detalle es que el Juzgado Primero de Distrito ordenó la suspensión
del proyecto hidroeléctrico como consecuencia del Juicio de Amparo
promovido por indígenas totonacas de las comunidades de San Felipe y Altica, en Tepatlán y de San Mateo Tlacotepec, en Ahuacatlán.
En conferencia de prensa varios pobladores de los municipios que afectaría la construcción de este megaproyecto mostraron su preocupación porque el anuncio de Peña Nieto en Canadá podría ser la generadora de energía en cuya construcción participará la empresa canadiense Innergex, que es socia de Comexhidro.
Por lo anterior indicaron los totonacas de la Sierra Norte de Puebla, decidieron dar a conocer la resolución que estará vigente hasta que se dicte sentencia en el procedimiento
que iniciaron ante la justicia federal para poner un alto a la
violación de sus derechos colectivos que, además de la Constitución, son
protegidos por diversos tratados internacionales.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO Itzel Silva, abogada de la causa, denunció que la sentencia del juez se está violando porque “las autoridades del gobierno mexicano otorgaron una variedad de permisos que en su conjunto dan origen al proyecto hidroeléctrico Puebla I. SEMARNAT, la Comisión Reguladora de Energía y el propio Instituto de Antropología e Historia (INAH) otorgaron estos permisos contra los que se presenta la demanda.
“Estamos reclamando como derechos
violados, el derecho a la tierra y al territorio, no sólo como
superficie sino también todos los recursos naturales que en ella están
contenidos como el río Ajajalpan, por eso justo una de las afectaciones centrales será ahí.
“El derecho a la libre determinación, el derecho al agua, porque se proveen afectaciones producto de la represa. Otro de los derechos que hemos señalado ha sido la violación al derecho al medio ambiente sano. Alegamos el derecho al consentimiento libre e informado, hay instrumentos internacionales que el consentimiento y la consulta deben hacerse de manera previa al otorgamiento de cualquier permiso o concesión y eso no ocurrió en este caso”.
La abogada detalló que una vez que
se presentó la demanda el 4 de abril, el Juez Primero en Materia de
Amparo Civil Administrativo en Puebla determinó la suspensión de la
ejecución del proyecto hidroeléctrico. Esto quiere decir que durante el
tiempo que dure el juicio la empresa no puede realizar ninguna obra.
Aunque la empresa impugnó la decisión
del juez a través de una queja, un tribunal colegiado valoró y
sentenció que la suspensión es válida y permanecerá.
“Dentro del juicio hemos ofrecido
pruebas periciales, como un peritaje en materia de biología con énfasis
en impacto ambiental que pondrá en manos de juez una determinación sobre
cuales sin los daños que se van a causar con la implementación de la
hidroeléctrica.
“No sabemos cuánto más pueda tardar,
pero una vez desahogadas las pruebas, las autoridades correspondientes
decidirán el fondo del asunto”, concluyó Itzel Silva.
Por su parte Silvia Villaseñor Pineda, coordinadora en Puebla del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), mencionó a Revolución TRESPUNTOCERO
que “con el amparo interpuesto, el juez otorgó la suspensión de plano y
la empresa … no puede efectuar ninguna actividad. Es un logro del
trabajo en equipo que los compañeros organizaron en sus comunidades para
defender la vida, para evitar que concesiones como la que Conagua entregó a Comexhidro es absurdo que esa concesión incluya el uso aprovechamiento de las aguas del río y manantiales y arroyos que van hacia ese río.
“Eso quiere decir que la gente se quedaría sin acceso al agua para la sobrevivencia, para sus cultivos, para la vida en sus pueblos. Es por eso que los compañeros vienen a denunciar pero también a compartir que obtuvieron la suspensión de plano ante el amparo que se interpuso”.
La activista señala que en el caso de la hidroeléctrica Puebla I “solo ha traído dolor y violencia. Jacobo Metler dice que los pueblos están frenando las inversiones y que hacer consulta es un riesgo. Él es el director comercial de Comexhidro, la empresa que impulsa este proyecto. Lo que consideramos
una ofensa a los compañeros y a su derecho a defender la vida y la
tierra. Sino peleamos hoy ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos?
¿Sequía?
Cabe recordar que la principal finalidad del proyecto Puebla 1, señalaron los activistas, es generar electricidad para Walmart y otras socias de esa empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
Al mismo tiempo denunciaron que se inició una campaña mediática
para culpar a las comunidades de obstaculizar las inversiones en
proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, por la presentación de
amparos, principalmente en Puebla y en Veracruz.
Los indígenas y las organizaciones
que los apoyan precisaron que cerca de medio millón de habitantes de la
Sierra Norte de Puebla están dispuestos a defender su territorio, sus
vidas, buscando evitar la devastación ambiental y el desplazamiento
forzado que se causaría si se concretan los 14 proyectos hidroeléctricos
autorizados en el estado y la extracción de minerales en más de 300 mil
hectáreas y de hidrocarburos con fracturación hidráulica.
“La tierra y el agua no son mercancías.
Nuestros territorios no están en venta. La vida de nuestros pueblos está
en riesgo. Exigimos al Gobierno Federal cumpla con su obligación de
respetar, proteger y garantizar nuestros derechos, así como la
cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 y el resto de los
proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla”, señaló Miguel Sánchez del Consejo Tiyat Tlali.
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