(apro).- Tardía, pero de forma clara, la Procuraduría General de la República anunció que interpondrá controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia contra los nombramientos de fiscales anticorrupción “a modo” y paquetes legislativos para “blindarse” de investigaciones sobre desfalco o mal manejo de recursos en el caso de los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz y Roberto Borge, de Quintana Roo.
La PGR hoy aplicó la misma receta al mandatario César Duarte, de Chihuahua, quien desde abril pasado hizo el “ensayo” de lo que sus congéneres priistas aplicaron con gran escándalo mediático en estas últimas semanas.
La PGR opera lo que no pudo frenar ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Hacienda frente a estos tres personajes que bien pueden formar parte de esta especie de “fauna depredadora” del presupuesto público, para utilizar el término de moda acuñado por la CNDH.
“Lo que en esencia se ha solicitado es que la Suprema Corte de Justicia advierta que las entidades mencionadas carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes, y se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”, afirmó Salvador Sandoval, subprocurador Jurídico de la PGR, en la conferencia de prensa del 11 de julio, acompañado por el vocero presidencial Eduardo Sánchez.
La acción del gobierno federal responde a tres razones fundamentales:
1.- El descaro evidente de Javier Duarte y de Roberto Borge que utilizaron el poder del presupuesto para comprar a los diputados locales del PRI y del Verde, por encima del acuerdo al que se había llegado de “impunidad” con Los Pinos.
Le tomaron la medida a la debilidad de Los Pinos. El exdirigente nacional el PRI, Manlio Fabio Beltrones, se quedó solo en medio de la operación para que Duarte renunciara en Veracruz, antes de la tragedia electoral del 5 de junio. En Quintana Roo, Borge se soltó todas las trancas para desafiar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al propio secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hermano del candidato “opositor” que triunfó. Y César Duarte se confió en el padrinazgo de Emilio Gamboa Patrón, jefe del PRI en el Senado, quien lo ha defendido una y otra vez en Los Pinos ante las evidencias de su corrupción.
2.- El expediente tremendo de las deudas estatales que violan abiertamente las leyes sobre esta materia que formaron parte de la reforma financiera, tan cara a Luis Videgaray.
Javier Duarte dejará una deuda de 45 mil 776 millones de pesos (la más alta en la historia de Veracruz), de la cual, 15 mil 839 millones de pesos están por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Roberto Borge elevó la deuda de una entidad medianamente poblada como Quintana Roo a 22 mil 541 millones de pesos, convirtiéndola en la más endeudada per cápita. La Auditoría Superior de la Federación pidió aclarar mil 15 millones de pesos.
César Duarte se despachó con la cuchara grande. Elevó hasta 42 mil 176 millones de pesos la deuda estatal. Unos 900 millones de pesos están sin aclarar ante la ASF. De última hora, solicitó un endeudamiento superior a 6 mil millones, comprometiendo recursos del Fideicomiso Carretero hasta el 2038.
3.- Los casos de estos auténticos depredadores del erario generaron una nueva presión política para el gobierno de Peña Nieto. El PAN y el PRD le demandaron a la Presidencia de la República su intervención para echar abajo los llamados “paquetes de impunidad” y los endeudamientos de última hora en el caso de Chihuahua.
El descaro de Javier Duarte y de Roberto Borge sólo es comparable con la cascada de información que ha surgido sobre su manejo corrupto. El portal www.mexicanoscontralacorrupción.org documentó en ambos casos una red de empresas “fantasma” para beneficiarse de los contratos gubernamentales.
En el caso de Duarte se trata de una red de 21 empresas creadas entre 2012 y 2013 para ganar licitaciones por una módica cantidad de 646 millones de pesos. Se trata de auténticas empresas-pantalla para robar.
En el caso de Borge, una red de funcionarios de su gobierno fueron señalados de formar una red de despojo a empresarios y particulares, en otra investigación de www.mexicanoscontralacorrupción.org.
Y el chihuahuense César Duarte superó a todos armando su propio banco con recursos públicos y mínimo escándalo mediático, hasta ahora, a pesar de la insistente y consistente denuncia del panista Javier Corral, quien ganó la gubernatura el 5 de junio pasado.
Estamos ante tres casos –no los únicos– que se han convertido en verdaderos escándalos nacionales por los desfiguros, los desplantes autoritarios y hasta el delirio declarativo que los acompaña, especialmente a Javier Duarte y a Roberto Borge.
Apenas el lunes el veracruzano se peleó en su cuenta de Twitter –que confunde con un ring y no con un medio de información– con el excandidato priista Héctor Yunes, quien le pidió que dejara la gubernatura de forma anticipada.
“Héctor: yo gané contra el mismo adversario, en tu campaña respeté tu estrategia. No esperes un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo”.
Roberto Borge se puso más tropical que de costumbre y este martes se lavó las manos. Dijo que el llamado “paquete de impunidad” que se aprobó en Quintana Roo es responsabilidad de la legislatura local, no de él. Cínico hasta el final.
Estos tres personajes no son la excepción sino la regla de una auténtica “fauna depredadora” del presupuesto público que se adueñó de los estados. Su condición no es exclusiva de un solo signo partidista. Los métodos coinciden con varios gobernadores del PAN, del PRD y del Verde que calladitos roban más bonito.
La duda es si estaremos sólo ante un episodio más de simulación frente a la cleptocracia de los gobernadores o ante un proceso de depuración de los gobiernos estatales en bancarrota económica y moral.
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