Oaxaca es un estado que
recibe grandes cantidades de inversión privada para el desarrollo de
proyectos de generación energética, pero más de la mitad de su población
carece de servicios básicos en su hogar. Es uno de los tres estados con
mayores índices de pobreza en el país (67% de su población la sufre), a
pesar del aumento gradual y constante al gasto público que año con año
se le asignan a los 71 (ineficientes y corporativistas) programas
gubernamentales enfocadas a la erradicación de la misma. Es una entidad
que, desde hace un par de años, se le ha querido imponer con calza una
reforma que se trasviste como educativa y que se embellece con una
retórica progresista, cuando en realidad en ella se dejan ver indicios
de autoritarismo, discriminación, antidemocracia y antipedagogía y que,
además, propicia la inequidad. Ante lo anterior, el magisterio disidente
encabeza nuevamente una digna lucha en la región, que se ha extendido a
otras latitudes nacionales en las últimas semanas y que tiene por
objeto la derogación de la misma.
Como vemos, la problemática de
Oaxaca es multidimensional, por ello este artículo pretende exponer
algunas pistas que nos ayuden a situar mejor las coordenadas del
conflicto magisterial: una suerte de estado de las cosas que en varios
de los análisis recientes se ha dejado de lado y que, al retomarlas, nos
darán un motivo más por el cual acompañar la lucha que abanderan los
docentes.
Proyectos energéticos
En mayo de 2015
se publicó la Ley General de Cambio Climático. Dicha ley estipula que
para 2024 México producirá por lo menos el 35% de su energía eléctrica
total con “energías limpias”, y el 40% de ellas se generará en parques
eólicos. De esta manera, se anunciaba una jugosa oportunidad de
inversión y ganancias para empresas como Iberdrola, Fenosa, Gamesa
energía, EDF Energies Nouvelles y Vesta, las cuales ya operan proyectos
eólicos en Oaxaca. Estas empresas pagan cantidades irrisorias por la
renta de la tierra –casi un cuarto del precio del promedio a nivel
internacional– y, además, generaron diversos conflictos ambientales y
sociales tras su construcción. Así, con 24 proyectos eólicos en
operación y tres más en construcción, Oaxaca ya produce el 82% de
energía eólica del país; no obstante, el 60.5% de sus habitantes carece
de servicios básicos en su hogar, tales como el eléctrico.
Breve numeralia laboral y relación proyectos energéticos-desigualdad
En
lo que se refiere al ámbito laboral en el estado sureño del país, las
cifras son escalofriantes: existen 1,679 trabajadores que ganan un
salario mensual insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica, y
otros 2,746 con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Ahora
bien, aunque Organismos Internacionales otorguen índices aparentemente
positivos a ciertas regiones, esto no necesariamente se traduce en un
bienestar generalizado. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de
los Valles Centrales es “alto”, y en el Istmo de Tehuantepec “muy alto”.
Ambas regiones contrastan con la Región de la Cañada (con 70% de
pobreza extrema) y con un IDH “bajo”, pero –y aquí viene el engaño– si
revisamos los datos en números absolutos encontramos que de las ocho
regiones estatales, las primeras son las que cuentan con más personas en
condición de pobreza.
Esto último puede parecer un tanto confuso
si no se contempla el embrión Inversión Privada-Estado. Por ejemplo,
Salina Cruz concentra la mayor cantidad de inversión y producción de
energía, cuenta con una de las Refinerías de mayor importancia para el
país y tiene un relativo bajo porcentaje de pobreza extrema; esta
condición contrasta con otros municipios de la misma región, como puede
ser el municipio de San Mateo del Mar, donde el 84% de la población no
cuenta con una vivienda digna y 78% no tiene acceso a servicios. La
brecha se debe a que en el primero, el Estado dota de todos los
servicios necesarios para que la industria energética opere, sin que los
servicios estén enfocados para satisfacer las necesidades de su
población; mientras que en el segundo –asegura el Estado– no es
necesario invertir, pues ahí –aseveran los empresarios– sólo vive (en
condiciones infrahumanas) la mano de obra barata que labora en sus
empresas, y que no les es atractivo, en tanto que no hay recursos
naturales explotables. De lo anterior se deduce que la IP agudiza las
desigualdades, lo cual, de paso, nos hace dudar de los índices que
elaboran Organismos Internacionales.
Educación
Siguiendo
la lógica previa podemos cuestionarnos también cómo es que puede
considerársele de un “alto” índice de desarrollo humano a regiones de un
estado con un rezago educativo del 27.2% (2014). O a municipios que van
del 27.3 en Juchitán, al 40.1 en San Mateo del Mar, donde 4 de cada 10
personas son analfabetas. El rezago educativo, aclaramos, representa la
cantidad de personas que no han acabado el nivel primario ni secundario
–por cierto, de carácter constitucionalmente obligatorio en México, o en
otras palabras, porcentajes que evidencian un Estado que ha incumplido
con la supuesta obligación de garantizar la educación de casi un tercio
de los oaxaqueños–.
Es en este contexto en el cual se vive la
lucha en contra de la Reforma Educativa; un contexto donde la
marginación desborda los límites imaginables, que a su vez son motivos
de protesta, lucha y resistencia. Bastaría revisar la rebelión popular
que significó la APPO en 2006 y cómo, a la par de las protestas en
contra de los megaproyectos, ha decantado una larga tradición y
experiencia de lucha, difícil de encontrar en otras geografías. No es
casual que los municipios que opusieron resistencia en las últimas
semanas sean de las regiones de Valles Centrales e Istmo, plagados de
proyectos eólicos y mineros (407 concesiones). Por ello tampoco es
extraño que mientras se movilizan suenen consignas en contra de estos
proyectos de muerte: consignas que muestran, como no se había visto
antes, una apertura por parte del magisterio a reivindicaciones de
sectores en lucha diferentes al sector educativo; porque –como lo han
declarado recientemente– esto ha dejado de ser una lucha exclusiva de
los docentes, para ser una lucha popular y, por tanto, saludan y abrazan
la lucha en contra de la privatización de la salud, en contra de los
megaproyectos y del Estado capitalista en su conjunto. Porque sigue siendo el Estado.
¿Por qué protestan en contra de la Reforma Educativa?
Como
ya todos sabemos, en septiembre de 2013 se promulgó la reforma a la Ley
General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente,
englobadas en lo que se ha conocido como Reforma Educativa. Ésta se ha
rechazado por ser:
-Antipedagógica : En tanto que no hay ápice alguno que denote un plan para el mejoramiento de procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Administrativa:
Su fin último es encargarse de los organismos que gestionan el ingreso,
promoción y despido de los trabajadores de la educación.
-Punitiva:
Pues castiga con despido a quienes no presenten o aprueben los exámenes
de evaluación, los cuales no elaboraron organismos especializados,
intelectuales capacitados ni mucho menos docentes, sino una empresa
coludida con Televisa (Mexicanos Primero) y efectuada por otra empresa
que nada tiene que ver con procesos educativos, y sí mucho con el
negocio de los exámenes de admisión, como lo es el CONEVAL.
-Deja indefensos a los maestros:
Puesto que la nueva Ley deja fuera a Tribunales de Conciliación y
Arbitraje, es decir, ya nadie podrá proteger a los docentes que sean
injustamente despedidos.
-Legalmente contradictoria: Pues
aunque en el artículo 3° Constitucional diga que la educación debe ser
gratuita y en el 6° de la Ley General de Educación mencione que el
Ejecutivo y los gobiernos estatales sean los responsables de cubrir el
financiamiento de la educación pública, con la reforma al Artículo 73 se
estipula la autonomía de la gestión de las escuelas ante los órdenes de
gobierno en lo que corresponde a la infraestructura, materiales y
servicios, es decir, esos gastos recaerán en los padres, madres de
familia y maestros.
-Regresiva: Echa por tierra derechos sociales otrora conquistados con movilizaciones sociales.
-Privatizadora:
Libros de texto y uniformes se cobrarán, así como los cursos de
capacitación obligatorios para quienes no acrediten la prueba; que
impartirán escuelas privadas como el ITESM. Pero lo que realmente asusta
es el tema de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional.
La SEP ya tiene disponible los $8 mil millones en certificados emanados
por el gobierno federal, previamente colocados en forma de “títulos” en
la Bolsa Mexicana de Valores, para “contratar” instituciones privadas
con el objetivo de mejorar de infraestructura de 33 mil escuelas, de un
total de 205,931 de educación básica que hay en el país (de las cuales,
dicho sea de paso, 42.2% carecen de drenaje, 11% de sanitarios y 9.6% de
energía eléctrica). Los intermediarios en las operaciones serán los
bancos BBVA Bancomer, Bank of America y Merrill Lynch. Sin duda, esta es
una buena noticia para los privados como ICA-Casaflex, empresa que
lucra haciendo salones de escuela pre-fabricadas –imitando el diseño de
las mini casas Geo– y que ya busca invertir en 200 escuelas públicas.
-Autoritaria:
Además de lo ya mencionado, el art. 73 faculta al Congreso para regular
los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente.
Sumado a esto, la Reforma no pretende que el Estado retome las riendas
de la educación, sino que (re)tome las riendas del corporativismo que le
aseguró por décadas las elecciones. Ya sin Elba Esther pudo controlar
de manera más vertical al SNTE y ahora va por el total control de la
CNTE.
-Antidemocrática: Como producto de un pacto entre
élites grupusculares, devenido del Pacto por México, se cerró las
puertas del diseño de la Reforma a maestros, especialistas, alumnos, a
la sociedad toda para que se opinara, modificara y se rechazara por vías
democráticas y legales. Además, estipula la facultad del nombramiento
del Consejo Directivo del INEE exclusivamente al Presidente, cargo que
debería ser elegido por el voto popular y no por “dedazo” como ya
ocurrió al nombrar a miembros del SNTE en el puesto.
-Otra vuelta de tuerca:
Más sobre lo mismo, además de las evaluaciones a los alumnos y maestros
de primaria, secundaria y preparatoria; además de las evaluaciones para
dar financiamiento y presupuesto, se pretende evaluar el desempeño de
años de docencia con una prueba homogénea, que no distingue entre
diferencias geográficas, culturales y de clase, y que no implica
mejoramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje.
-Centralizadora:
La nómina se paga si y sólo si los estados de la república facilitan la
lista a la federación de aquellos docentes que cumplieron los
requisitos de “buen comportamiento”.
Ante esto quedan varias
tareas por hacer: acompañar al magisterio y su exigencia por la
derogación de la Reforma o, en su defecto, la abrogación de los
artículos constitucionales 3º, 73º y los que fuesen necesarios para
cambiar el carácter obligatorio de la promoción a uno voluntario;
reformular asignaciones presupuestales; descentralizar la educación que
parta de un diagnóstico jurídico hecho por especialistas de izquierda;
además hay que apoyar las bases del magisterio para democratizar el SNTE
y la CNTE. Vemos necesario una discusión nacional en torno a las
implicaciones de la Reforma: creemos que esto puede lograrse con una
campaña mediática, política, cultural y social que defienda la educación
pública y gratuita, y que exija la renuncia del comisario de la
Gendarmería, Manelich Castilla Craivioto y del comandante de la Policía
Federal, Salvador Camacho Aguiire, responsables directos de la represión
en Nochixtlan, Oaxaca, el pasado 19 de junio -que dejó 11 muertos,
decenas de heridos y desaparecidos. También es necesaria la renuncia del
Secretario de Educación Aurelio Nuño, quien defiende la Reforma. Eso
sólo será posible en la medida en que le imprimamos toda nuestra energía
a acompañar la lucha que actualmente abandera la CNTE.
Oaxaca es un estado que lleva una década de
intensa y digna lucha, un pueblo que resiste, se organiza, hace
confluir; que, aunque cierta parte de la izquierda confunda la luz que
irradia su lucha con la de las luciérnagas –que por temporadas echa luz
intermitente en medio de la oscura noche neoliberal– o con destellos de
cenizas –siempre esperanzados a arder de improvisto– nosotros optamos
por no confundir la bioluminiscencia, con la luz incansable de la luna,
que pacientemente espera a que forjemos un amanecer más justo.
Bibliografía consultada
Torres Salcido, Gerardo (Coord.). “Desigualdad Extrema y tendencias de desarrollo. El caso de Oaxaca, México”. EDUCA-OXFAM, México, 2016, 31 p.
Hemerografía consultada
Avispa Midia. "Mapa evidencia las zonas estratégicas de la resistencia en Oaxaca", en Avispa Midia, México, Sec. Temas, 30 de junio de 2016.
Bravo, Elba. “Bonos educativos llegan a la BMV”, en Milenio. México, Sec. Negocios, 4 de diciembre de 2015.
Carrasco Araizaga, Jorge y Dávila, Patricia. “Un sangriento ‘error’ de la Gendarmería”, en Proceso, núm. 2069, 26 de junio de 2016, pp. 6-9.
Ruiz, Jonathan. “El inventor de casas Geo podría salvar a los Quintana”, en El Financiero. México, Sec. Opinión, 12 de octubre de 2015.
Ricardo Hernández Ruiz, militante de Colectivo Ratio y periodista independiente de la Gaceta "Praxis". Este es uno de los artículos publicados en Praxis no. 14 , de junio del 2016.
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