Por: Cecilia Lavalle*
El escándalo es mayúsculo. Los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y
Quintana Roo son noticia local, nacional e internacional, no sólo por
señalamientos que implican actos de corrupción sino por el blindaje
transexenal que se han procurado con la complicidad de diputadas y
diputados que han aprobado en tiempo récord, lo mismo cuentas públicas
que nuevas instituciones que nombramientos de funcionarios a modo. ¿Qué
sigue?
Nunca como ahora amplios grupos sociales organizados o desorganizados,
en la calle o en las redes sociales, exigen castigo a gobernantes
corruptos, y un dique puntual y preciso a la corrupción.
Al parecer hemos pasado del “ni modo” al “basta ya”, de “la corrupción
somos todos” al “urge poner remedio”. Las iniciativas de la #Ley3de3 y
del Sistema Nacional Anticorrupción son una prueba. Todo indica que la
frontera de lo inaceptable se ha cruzado.
Y nos parece inaceptable la corrupción en diferentes niveles de gobierno.
Nos parece inaceptable que gobernantes y legisladores utilicen y reformen la ley para garantizarse impunidad.
Nos parece inaceptable que muchos legisladores y legisladoras sean
comparsa de trámite, y que muchos funcionarios estén dispuestos a
participar sin pudor en semejante comparsa.
¿Qué sigue?
La endeble democracia con la que se ha buscado garantizar el voto libre y
secreto, se topa a cada tramo con viejas o nuevas trampas, con
autoridades electorales a modo, con la cooptación por la buena o por la
mala de amplios grupos, con la pobreza administrada para domesticar
conciencias.
La endeble democracia se rompe en pedazos en la división de poderes de
las entidades. De qué democracia hablamos si quien preside el Poder
Ejecutivo preside también, en los hechos, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial.
De qué democracia hablamos si no existen contrapesos, porque las
instituciones creadas para ello son encabezadas por personas
subordinadas a quien preside el Poder Ejecutivo.
De qué democracia hablamos si la ciudadanía carece de medios legales
confiables para exigir una mínima rendición de cuentas o para que su voz
tenga peso en las decisiones de quienes dicen ser sus representantes.
De qué democracia hablamos si la libertad de expresión se topa con un
mínimo de medios independientes del Poder Ejecutivo, un mínimo de voces
críticas, y un máximo de intimidación, amenazas, trolls, agresiones y
distintas violencias.
¿Qué sigue? En argot futbolero diría que la respuesta depende de dónde se encuentre el balón.
La ciudadanía se manifiesta, protesta, intenta caminos legales, pero ya
se topó con pared. Así que ha exigido la intervención del gobierno
federal. En Quintana Roo incluso se ha pedido al Senado la desaparición
de poderes. De manera que el balón está en la cancha del gobierno
federal, aunque ninguna autoridad parece darse cuenta.
Pero también está en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, partido al
que pertenecen todos los gobernantes que son cuestionados ahora y todas
las mayorías legislativas que han aprobado en cada Congreso estatal los
blindajes.
La corrupción y la impunidad implican decisiones que se toman por acción o por omisión.
En las próximas semanas veremos qué hacen, el gobierno federal y el PRI
con el balón. Porque lo que decidan -y ya se tardaron- tendrá un impacto
profundo en las elecciones del 2018 y, sobre todo, en la viabilidad de
una democracia medianamente decente en nuestro país.
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
Archivo CIMACFoto
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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