Contralínea
La estrategia
gubernamental ante los maestros busca detener un levantamiento civil y,
al mismo tiempo, trazar una salida pactada al conflicto. La moneda de cambio
que ya ofrecen en la Segob a la CNTE es frenar el despido masivo de
maestros. Todo, sin tocar la reforma educativa. Los profesores tendrán
que decidir si aceptan o siguen en una lucha que está aglutinando a los
sectores desposeídos del país.
Lo que se mostró en las pasadas
elecciones fue una manifestación de hartazgo, de repudio al partido
político en el poder y a la forma en cómo éste ha conducido a la nación,
a sus políticas antidemocráticas y medidas regresivas de los alcances
populares que se habían logrado en los procesos históricos del siglo XX,
mismos que constituyeron cierta estabilidad en la vida de los
ciudadanos.
La alternancia partidista, que la oligarquía
mexicana pactó en varias entidades del país, tenía como objetivo
canalizar el descontento social hacia la jornada electoral, pero sin
poner en riesgo sus intereses, de ahí que se generaran expectativas de
cambio, que finalmente favorecieran la alianzas entre la misma derecha
proneoliberal.
Se trataba de desviar o evitar un posible
levantamiento social de alcances nacionales que atentara contra la
viabilidad del proyecto oligárquico impuesto a través de las reformas
estructurales, el cual ha puesto en marcha el desmantelamiento de la
soberanía económica, energética, territorial, educativa y política de
México.
En este ambiente, si bien un sector del magisterio
disidente tuvo una participación relevante, incluso colectiva y
organizada, en favor de la izquierda progresista que se manifestó por
echar abajo la reforma educativa, no agotó en la vía electoral sus
posibilidades de lucha contra esta medida; la lógica inherente a los
maestros continúa desde el terreno político, por la vía no
institucional, sino de la movilización social.
Sin embargo, la
lucha magisterial agudizó la crisis de hegemonía en el sistema político
mexicano, no sólo porque debilitó al partido gobernante o porque ha
cimbrado sus principales figuras presidenciables; también evidenció su
incapacidad para generar un clima de gobernabilidad en medio de diversos
conflictos sociales que ellos mismos dejaron crecer.
Las
demandas por la estabilidad laboral que encabeza la CNTE, y que por
supuesto son legítimas, han visibilizado otras inconformidades que no
aparecían en el escenario político; detrás de la respuesta represiva al
magisterio se dejan ver los proyectos de privatización, eso avispa a
todos los actores educativos y a la misma sociedad civil, unas veces en
la manifestación social y otras en formas de solidaridad que garantizan
las condiciones de lucha por la defensa de la escuela pública; entonces,
junto a las muestras masivas de movilización popular, también hay una
red de inconformidad que deposita en los maestros, más que en los
partidos políticos, sus anhelos de tener una vida mejor.
Un
elemento que aparece en este ambiente de descontento generalizado y que
hace crisis no sólo en el partido hegemónico sino en todo el sistema de
partidos, se refleja en los procesos de organización de gobiernos
populares que han encontrado fortaleza en el movimiento magisterial, los
cuales advierten en la desfiguración del estado mexicano y sus
desgastadas estructuras de poder, así como en sus fallidas políticas
antidemocráticas, la necesidad de desconocer los gobiernos locales y, en
su lugar, edificar formas de poder emanadas desde la voluntad
colectiva.
Nochixtlán no ha sido el único caso en medio de este
conflicto, en el que se haya decidido conformar poderes alternos; en
varias poblaciones de Chiapas, donde los maestros tienen fuertes raíces,
las comunidades indígenas que decidieron respaldar a sus profesores y
encabezar las más radicales acciones de presión contra la reforma
educativa, ya discutían o habían iniciado la conformación de autonomías.
La idea de crear gobiernos autónomos más allá de las
geografías locales hasta escalar a nivel estatal, se hace posible para
las comunidades chiapanecas en la medida en que las movilizaciones
magisteriales y populares son tan nutridas y de tal magnitud que
potencializan una respuesta organizativa mayúscula capaz de derrocar al
gobierno de Velasco, pero que ha sido contenida con las fuerzas
represivas federales que han ensayado ahí y en Oaxaca la cara más dura
de la dictadura en México.
En esta crisis política, el gobierno
mexicano ha optado por el endurecimiento de su postura, siempre
negativa a derogar o siquiera modificar la reforma educativa. Prefiere
provocar un preámbulo violento que le permita un margen muy estrecho
para ceder ante una eventual negociación con el movimiento magisterial y
popular que no toque los principios de ninguno de los pilares de su
proyecto neoliberal.
La masacre de Nochixtlan; la
criminalización, persecución y encarcelamiento de los defensores de la
educación pública; el uso constante de toda la logística
contrainsurgente por parte de los cuerpos policíacos y militares para
combatir a los maestros y los brotes de rebelión popular, pero también
la represión administrativa traducida en despidos y descuentos
salariales indiscriminados a los trabajadores de la educación, son
escenarios maquinados por el Estado.
La estrategia
gubernamental se propone, en primera instancia, detener la amenaza de un
levantamiento civil y, en segundo plano, trazar una salida pactada al
conflicto magisterial sin tocar la reforma educativa, pero ofertando en
la mesa de diálogo ponerle un freno a su plan de aniquilamiento masivo y
selectivo contra la CNTE como moneda de cambio.
Son tiempos de
decisiones difíciles para las y los maestros mexicanos; por ello
tendrán que optar por una salida que les permita resolver en el corto
plazo la estabilidad de su relación laboral, sostener la confianza en
que la lucha organizada es el camino para que ningún trabajador sea
excluido del sistema educativo por culpa de una ley injusta. Además,
deberán caminar en la ruta de la organización multilateral con la
sociedad harta de políticas fallidas, trabajar en la construcción de un
consenso mayoritario que eche a los neoliberales del poder sin perder su
independencia política y encausar los procesos que empujan desde abajo
la ruptura con un estado que suplanta la voluntad popular.
Lev Moujahid Velázquez Barriga, Doctor en pedagogía crítica y educación
popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en Michoacán
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