La antigua coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, está de nuevo en la entidad, ahora como candidata de Morena al Senado. Inmersa en la polémica –las autoridades locales y el propio candidato del PRI, José Antonio Meade, siguen llamándola “secuestradora”– y sin un equipo de seguridad que la proteja, la activista inició su campaña la semana pasada. En entrevista con Proceso, reitera que ella no cometió los delitos que se le imputaron y la llevaron a prisión, y cuenta su historia…
 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tras un lustro de ausencia y luego de purgar dos años y ocho meses de prisión por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, asesinato y delincuencia organizada, la excoordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, retornó la semana pasada a su tierra, ahora como candidata a senadora por Morena.

Llegó en medio de una gran tensión por las amenazas en su contra, incluyendo las declaraciones del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien en varias entrevistas televisivas suele calificarla de “secuestradora”.
Salgado no duda en declarar que su detención fue “un encargo muy directo, muy personal, del expresidente municipal priista Eusebio González Rodríguez, y del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto”.
En entrevista con Proceso –realizada en vísperas de su primer acto de campaña en Guerrero el 29 de abril– también señala de manera directa a Isabel Miranda de Wallace como “el brazo ejecutor del gobierno” para criminalizarla, y a Televisa y a TV Azteca como los medios que vendieron su “imagen de secuestradora”.
Y se pregunta: “¿Por qué nunca cuestionaron cómo pude yo sola secuestrar a 50 personas? ¿Por qué no cuestionaron a la PGR, que fabricó un delito de que yo disparé contra personas en Olinalá, cuando se comprobó mediante un peritaje que no podía estar en el mismo sitio porque estaba dando una conferencia de prensa? ¿Por qué, si era tan peligrosa, un juez me absolvió?”.
–¿Ha reclamado a Televisa y a TV Azteca su derecho de réplica?
–No, porque primero estuve encerrada. Cuando salí me quisieron entrevistar López Dóriga y Carlos Loret de Mola. Y los mandé “mil millas a Chihuahua”. No les voy a dar una entrevista a estos fabricadores de culpables. No tengo ninguna necesidad de andarlos buscando.
–¿Cree que en su detención estuvo involucrado el secretario de la Defensa?
–¿Cómo cree que me pudieron detener el Ejército y la Marina si no fue por una orden superior?
–¿Ellos la detuvieron?
–Sí, pero en el acta jamás lo dicen. Aparece ahí un agente ministerial, pero a mí me detuvo el Ejército sin orden de aprehensión. Dos días antes ya estaba el convenio de la Secretaría de Gobernación con el director de Protección Civil para que me metieran en la cárcel de alta seguridad de Tepic, Nayarit, como si fuera una delincuente de alta peligrosidad.
Tierra violenta
Ante el clima de animadversión en Guerrero, Nestora Salgado responsabiliza al gobernador Héctor Astudillo de una eventual agresión.
–¿Por qué no la mataron en lugar de detenerla en medio de tanta violencia en Guerrero?
–Porque mucha gente se dio cuenta de mi detención. Le pedí apoyo a los normalistas y ellos fueron los primeros en cerrar las carreteras en protesta. Esto ocurrió en 2013, antes de que desaparecieran los jóvenes de Ayotzinapa.
–¿Con su aprehensión se inició una escalada de violencia en Guerrero?
–Hubo muchas marchas, protestas, pero también mucha represión. Después vino lo de los normalistas.
–¿Necesitaban eliminar a líderes o personas incómodas como usted?
–Está comprobado. Todos los presos políticos de Guerrero están encarcelados por delitos fabricados por la criminalización de la protesta en Guerrero. Pero un pueblo protesta cuando las cosas están mal.
–¿Cuántos presos políticos calcula que hay en Guerrero?
–Creemos que 15 personas son perseguidos políticos.
–¿Se considera usted una perseguida política?
–El mismo gobernador declaró que era una presa política. La misma ONU, cuando dio la recomendación, pidió mi liberación inmediata y la reparación del daño porque fue una detención ilegal y arbitraria.
–¿Qué espera de las elecciones del 1 de julio?
–Pueden desbordarse si el gobierno no actúa con responsabilidad. No tengo temor porque sé que todos estamos dispuestos a defender el voto, la decisión del pueblo. Sé que la gente se está organizando, ahora sí, para reaccionar. Sé que el pueblo va a actuar.
–¿Tiene confianza de regresar a Olinalá a hacer campaña?
–Me han hecho tan visible que cualquiera puede matarme. Cualquiera quiere colgarse una medallita con mi cabeza para poner en evidencia al gobierno o al crimen organizado, pero yo tengo bien claro que mi enemigo es el gobierno. A mí me ha criminalizado el gobierno. Me volvieron una presa política.
–¿Ve alguna diferencia entre el crimen organizado y el gobierno?
–No veo un límite. No veo quién es el patrón de quién.
–¿Sigue el mismo alcalde Eusebio González, quien la acusó de secuestradora?
–Está haciendo campaña para dipu­tado federal por el PRI.
El pasado jueves 17, Salgado fue retenida unos minutos por militares cuando iba a Chilapa al mitin de Andrés Manuel López Obrador en San Marcos. La acompañaba un pequeño grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Según documentos consultados por Proceso, días antes de partir de la Ciudad de México rumbo a Guerrero, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) evaluó los riesgos y le mandó cinco escoltas, pero sin vehículo.
Salgado insiste en que el gobernador Astudillo no le ha proporcionado la seguridad necesaria para sus actos proselitistas.
El origen del conflicto

Nestora Salgado tenía 18 años cuando abandonó su tierra para irse de migrante a Estados Unidos. En 1991 se estableció en Washington, donde estuvo 10 años; después regresó a Olinalá y comenzó a recorrer varias rancherías del municipio donde la pobreza extrema domina, junto con el acoso y la explotación por parte de los ganaderos.
Salgado ayudó a las comunidades con medicamentos, alimentación y vestimenta, pero sobre todo la conocen en la región por su asesoría jurídica a los habitantes agraviados.

La situación se complicó en Olinalá, recuerda, cuando el priista Eusebio González Rodríguez llegó a la alcaldía. Lo hizo acompañado de un “grupo de seguridad” integrado por jóvenes armados ajenos a la comunidad, quienes comenzaron a amenazar a los pobladores.
“Lo primero que hicieron –comenta– fue festejar el triunfo a balazos, con arrancones de carros. Nunca se había visto algo así. Andaban en el pueblo con armas largas, tirando balazos. La gente comenzó a tenerles miedo.
“De repente, comenzaron a desaparecer jóvenes. No los encontraban. Ni aparecían sus cuerpos. Estos muchachos sicarios comenzaron a robar, a extorsionar. Les robaban hasta a las personas mayores que cobraban su dinero del programa 70 y más.”
–¿Hay siembra de amapola en esta zona?
–En esta región siempre se ha cultivado amapola y mariguana. No era un problema la droga porque siempre han existido los sembradíos. El problema empezó cuando las autoridades comenzaron a involucrarse con el narco.
–¿Cómo se organizaron las policías comunitarias?
–Primero estudiamos la Ley 701 –aprobada en octubre de 2011–, que ampara a las policías basadas en usos y costumbres. En Guerrero han funcionado desde hace más de 22 años y serían innecesarias si el gobierno cumpliera con su trabajo de proporcionar seguridad pública.
“Yo no tenía ninguna necesidad de colgarme un arma y exponer mi vida. Pero, ¿qué vas a hacer si te están matando a tus hijos, si te están robando todo? Es mejor si hay una ley que dice que puedes tener una policía comunitaria.”
–¿Qué diferencia hay, en ese aspecto, entre Guerrero y Michoacán?

–Se confunden mucho las autodefensas con la policía comunitaria. La Ley 701, basada en los usos y costumbres como pueblos originarios, nos avala. Esa es la única diferencia. En Michoacán surgió igual, pero sin el cobijo jurídico.
“Nosotros nacimos primero. Fue un proceso de meses. Primero, se tiene que consensuar con la comunidad. Este proceso de impartición de justicia también tiene el ingrediente del sistema de reeducación. Si tú arrestas a alguien, te lo llevas a un sistema de reeducación.”

–¿Cuándo empezó el problema con usted?
–Lo que pasó conmigo fue algo muy raro. Nosotros nacimos por una necesidad del pueblo. Pero la policía comunitaria de Olinalá empezó a trabajar. Primero, sacaron a los delincuentes que habían llegado con el presidente municipal. Se limpió el pueblo y se tomó el control de la propia seguridad.
“Antes se habían mandado 2 mil 500 firmas al gobernador (Aguirre Rivero) para que enviara seguridad al pueblo por los secuestros. Las autoridades ignoraron las firmas. Las señoras se organizaron y fueron a ver al gobernador Ángel Aguirre. No hubo respuesta.
“Cuando el pueblo organizó su propia policía comunitaria, entonces metieron al Ejército, a la Marina y a la policía estatal, pero nosotros ya habíamos sacado a los delincuentes. El Ejército no vino a cuidar Olinalá, vino a reprimir a la comunidad. Yo a eso le llamo terrorismo. Porque aterrorizan a la comunidad.”
La acusación de “secuestro”
Cuando le propusieron al gobernador Aguirre Rivero la formación de la policía comunitaria en Olinalá, le entregaron videos en los que se observaba cómo los sicarios asesinaban a los lugareños y usaban a los niños para grabar pornografía. Él respondió, efusivo: “¡Bravo, Nestora!”.
Esos sicarios habían secuestrado a varias jóvenes, algunas de apenas 12 años, para prostituirlas. Varias de ellas llegaron a los “centros de reeducación” porque sus propias madres acudieron a las oficinas de la policía comunitaria a pedir apoyo.
“Vino la mamá de una de esas niñas y me dijo: ‘Señora, estoy preocupada. El presidente Eusebio González nos está ofreciendo 20 mil pesos, proyecto productivo y beca para los niños para que nosotros la denunciemos por secuestro. Le aviso para que tenga cuidado’.
“No me preocupó esta advertencia porque tenía las actas firmadas por las madres que nos entregaron a algunas niñas; pero las otras madres fueron convencidas (por las autoridades de Olinalá). Las llevaron a la PGR, a la CNDH, para poner la denuncia en mi contra.”
–¿Era una trampa orquestada por el alcalde priista?
–Sí. Y el premio para él es una dipu­tación federal. Las jóvenes, que eran novias de los sicarios, tenían muchas credenciales y licencias de conducir de diferentes estados. Las mismas personas con diferentes uniformes. Había chalecos sindicales y armas. Y el que fue a recogerlas fue el síndico.
“Cuando estas chicas, en los primeros días de su retención, iban a ser quemadas por la población, pues habían participado en varios delitos, fui yo quien se metió para evitar que las quemaran. Les puse una abogada para no violentar sus derechos.
“Cuando las salvamos, ellas dijeron: ‘El presidente municipal está recibiendo dinero del cártel (que opera en la región, dice Salgado, aunque omite su nombre). Ellos son los que le pagaron y le financiaron su campaña (al priista González Rodríguez). Le dan dinero a él, al síndico procurador’.
“Como teníamos evidencias de todo lo que había ahí y los videos, tuve la ingenuidad de dárselas al gobernador. Iba con el comandante del Ejército.”
–¿Por qué la acusan a usted de 50 secuestros?
–Porque en nuestra comunidad hay cuatro centros de detención de otras comunidades. Son centros a donde llegan todos los detenidos procedentes de 200 comunidades.
El Ejército llegó a rescatar a las dizque secuestradas, que en realidad eran esos detenidos; 57 en total. Salgado aclara que su policía comunitaria no los había capturado, sino otros agentes.
Esta entrevista se publicó el 20 de mayo de 2018 en la edición 2168 de la revista Proceso.