Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
En
Alemania se desarrolla un singular juicio contra altos ejecutivos de
una de las más grandes empresas armamentistas del mundo, la corporación
Heckler & Koch. La razón: haber suministrado armas a entidades
mexicanas que el país europeo considera territorios en conflicto armado,
a los cuales prohibió venderles.
De acuerdo con el diario Reforma, los fiscales de esa nación
presentaron cargos el 15 de mayo pasado contra seis empleados de la
compañía alemana, por el presunto tráfico ilegal de artefactos de fuego a
varios estados mexicanos caracterizados por la violencia armada.
Entre esas entidades destaca Guerrero porque, según los fiscales, las
armas vendidas entre 2006 y 2009 a la mexicana Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) terminaron involucradas en la desaparición forzada de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (el 26 de septiembre de
2014).
Aunque en una primera audiencia los ejecutivos responsabilizaron a la
Sedena del destino del armamento, el caso Heckler & Koch es
relevante no sólo por las sanciones que se esperan, sino sobre todo
porque puede visibilizar el sufrimiento de millones de mexicanos
derivado del comercio irresponsable de armas a nivel internacional, en
el contexto particular de la “guerra” contra el narcotráfico.
Estados Unidos, el país que más armas le vende a México
En ese comercio irresponsable Estados Unidos juega un papel
fundamental: su industria es una de las principales proveedoras de la
Sedena, pero lamentablemente no es la única. En la lista de
facilitadores de armamento también están Israel, Sudáfrica, Bélgica,
Suiza, República Checa, España, Italia, Brasil, Uruguay, Canadá, Turquía
y, por supuesto, Alemania.
Este último es el único país que busca condenar el flujo
indiscriminado de armas de fuego, causante de más de 250 mil asesinatos
de civiles en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. Ello, sin
que formalmente México esté en un conflicto armado.
Según informes de la Sedena, entre las empresas estadunidenses
beneficiadas con contratos para venta de armas están: US Ordnance, Inc;
Eurosports, Llc; Colt Defense, Llc; MLM International Corporation;
Dillon Aero, Inc; Abrams Airborne Manufacturing, Inc; RM Equipment, Inc;
Combinet Systems, Inc; Barret Fierarms Manufacturing, Inc; Knigts
Armament Company, Llc; Nammo Talley, Inc; y United Tactical Systems,
Llc.
Además, Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International,
Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings,
Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg
& Sons, Inc; Smith & Wesson; y Winchester Division Olin, Corp.
Otras corporaciones que surten armas a la Sedena son las belgas
Fabrique Nationale Herstal, SA, y Browning, SA; la israelita Israel
Weapon Industries, Ltd; las alemanas Heckler & Koch, Gmbh, y Carl
Walther, Gmbh; la suiza Sig Sauer, Inc; las checas Ceska Zbrojovka, AS;
Sellier & Bellot Trade, AS, y Kroko, AS; las españolas Comlanber,
SA; Nobel Sport España, SA, y Uee Cartucheria Deportiva, SA; las
italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA, y Rizzini, SRL.
En la lista figuran también la brasileña Forjas Taurus, SA; la
uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la canadiense
Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México:
Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y
Productos Mendoza, SA de CV.
Antiética venta de armas
La venta indiscriminada de armamento a un país con tan altos niveles
de violencia es, por lo menos, antiética. Y es que ningún otro Estado
como el mexicano ilustra la crisis de violencia generada por el comercio
legal de armas.
Crisis que ha sido denunciada y condenada por instituciones
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Geneva Academy for
International Humanitarian Law and Human Rights y el International
Institute for Strategic Studies (IISS).
En marzo pasado, la Geneva Academy señaló que la violencia en México
es comparable a la de un conflicto armado no internacional; y, en
septiembre de 2017, el IISS lo ubicó como el segundo territorio de
conflicto más mortal en el mundo, sólo después de Siria. No obstante, 1
mes después, ese Instituto detectó fallas metodológicas en su
evaluación, pero reiteró que este país se encontraba en los 10
conflictos más mortíferos del planeta sin revelar la posición que ocupa.
De los saldos de la violencia armada son responsables no sólo los
gobiernos mexicanos y el crimen organizado, sino también la industria
armamentista internacional y los países que permiten esos “negocios” a
costa de la vida y la integridad humana.
Negocios altamente rentables, pues en el contexto de la estrategia
contra el narcotráfico, las fabricantes y comerciantes de armas han
vendido centenas de artefactos a la Sedena que nutren a militares,
marinos y policías.
La “guerra” contra el narco –que les deja ganancias
multimillonarias– es la misma que desató la militarización del país y la
violencia extrema que enfrentamos desde 2007, sin que alguna de esas
compañías haya limitado sus ventas.
Peor aún, en el caso que se juzga en tribunales alemanes, Heckler
& Koch violó la ley que le impedía vender armas bajo el argumento de
no ser culpable de su empleo final. Y aunque esta omisión ya se juzga,
también es un hecho que la justicia alemana llega tarde: después de por
lo menos un crimen de lesa humanidad, como es el de los normalistas.
Por esta omisión, Alemania –como el resto de países proveedores– es
responsable de la crisis humanitaria, que no sólo se refleja en los
miles de civiles asesinados, sino también en el indeterminado número de
heridos por armas de fuego y víctimas de abusos por parte de actores
estatales y no estatales armados.
Entre ellas, las más de 270 mil personas desplazadas forzosamente;
las decenas de víctimas de desaparición y desaparición forzada; además
de las miles de personas que viven bajo el asedio de grupos armados.
Ante esta terrible realidad, México debe ser catalogado como un país
en conflicto armado y la industria internacional, obligada a cesar la
venta de armas a la Sedena.
Nancy Flores/Primera de dos partes
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