Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- A
partir del año 2012 -de la administración de Enrique Peña Nieto- se
incrementó el número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en
las entidades de Jalisco, Estado de México y Veracruz, informaron
Colectivos de familiares de personas desaparecidas y la organización
I(dh)eas, “Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC” al Comité de
Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas
en inglés).
Las organizaciones entregaron el pasado15 de mayo un reporte al
Comité de la ONU con el objetivo de brindar un panorama certero sobre la
situación de desaparición forzada en el país y para que el órgano
internacional tenga la oportunidad de contrastarlo con las respuestas
que le entregó el Estado mexicano en cumplimiento a las recomendaciones
que emitió el mecanismo en 2015.
En éste destacan que de las más de 35 mil desapariciones reportadas por la RNPED un 61 por cierto (21 mil 602 desapariciones) ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto, (680 del fuero federal y 20 mil 922 del fuero común).
Hasta el 31 de enero de 2018 existen en México 35 mil 410 personas víctimas de desaparición, de las cuales, 8 mil 982 son mujeres y 3 mil 675 niñas y adolescentes.
En éste destacan que de las más de 35 mil desapariciones reportadas por la RNPED un 61 por cierto (21 mil 602 desapariciones) ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto, (680 del fuero federal y 20 mil 922 del fuero común).
Hasta el 31 de enero de 2018 existen en México 35 mil 410 personas víctimas de desaparición, de las cuales, 8 mil 982 son mujeres y 3 mil 675 niñas y adolescentes.
LolaMora Producciones Cimacnoticias | Madrid, Esp .- La
trascendencia de la sentencia contra “La Manada” en el Estado español
es enorme y va más allá de una primera lectura crítica en contra del
veredicto de culpabilidad y de la pena impuesta.
Con esta sentencia, el poder judicial español envía a la sociedad - a
las mujeres, más concretamente - mensajes muy negativos acerca de los
principios de Verdad, Justicia y Reparación: 1. Si no ofrece
resistencia, un tribunal puede interpretar que la víctima esté
consintiendo la violación sexual. 2. Los hombres pueden tener acceso
ilimitado al cuerpo de las mujeres. 3. Ante la violación sexual, el
sistema judicial español es negligente e inexperto en perspectiva de
género, con lo que se genera impunidad y se falla en la reparación de
las sobrevivientes. Y 4. La palabra de la víctima no es la versión
central en un juicio por violación sexual. “El círculo vicioso que hay
entre impunidad y falta de reparación aumenta con este tipo de
sentencias”, concluyen las abogadas de Women’s Link Worldwide.
EL CASO : El 7 de julio de 2016 una mujer fue violada vaginal, anal y
bucalmente, por cinco hombres dentro de un portal. Sucedió en la ciudad
de Pamplona, Navarra, en el norte de España, en la noche de unas fiestas
mundialmente conocidas, los Sanfermines.
Para el tribunal de la Audiencia provincial de Navarra, compuesto por
tres hombres y una mujer, quienes hicieron pública la sentencia casi
dos años después de perpetrado el crimen, lo que allí sucedió fue un
abuso sexual continuado (con prevalimiento), pero no una violación
sexual. Según consta, los procesados “tiraron de ella” para meterla en
un portal donde la penetraron hasta seis veces “sin su aquiescencia”. El
tribunal interpretó que no hubo violencia ni intimidación, y según el
Código Penal español, no fue, por lo tanto, una violación sexual.
Teresa Mollá Castells* Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.- Esta semana y, de nuevo, las mujeres hemos tenido que salir de nuevo a las calles para reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nosotras. Se trata de la reducción de la partida de doscientos millones que se contempla en el pírrico Pacto de Estado contra la Violencia Machista para los Presupuestos Generales del 2018 que, como sabemos, están por aprobar.
Solo se han presupuestado ciento treinta de esos millones. Los setenta restantes desaparecieron por arte de magia. Y yo me sigo preguntando lo mismo ¿tan poco les importa la protección integral de nuestras vidas de mujeres y criaturas para actuar de esta manera tan inhumana? ¿Acaso los impuestos que pagamos las mujeres no tienen el mismo valor que los que pagan los agresores sean del tipo que sean?
No perdamos de vista que quienes aprueben esos presupuestos están atentando contra nuestra integridad al permitir que la partida pactada no salga como inicialmente estaba prevista. No olvidemos que esa falta de acción también es violencia. Se llama violencia de género institucional y tiene muchas caras y entre ellas está esta, la de recortar recursos sin importar las consecuencias, aunque ello comporte la pérdida de vidas de mujeres y niñas.
Quien vote a favor de unos presupuestos sin la partida inicial que preveía el Pacto de Estado estará dando por válidas las políticas que ejercen violencia contra nosotras y nuestra infancia y que, por tanto, permiten que nos asesinen.
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