Samuel Alejandro García
Sepúlveda, abogado fiscalista de 30 años de edad, ha hecho saber que el
Instituto Nacional Electoral (INE) analiza con firmeza la posibilidad
de sacar de la carrera presidencial al de por sí muy rezagado Jaime
Rodríguez Calderón, tragicómicamente autodenominado el Bronco.
El abogado García es el representante del Movimiento Ciudadano (MC)
ante el Instituto Nacional Electoral y preside ese partido en Nuevo
León, además de ser diputado local con licencia y candidato a senador
por el partido que regentea Dante Delgado y que, en alianza con PAN y
PRD, apoya a Ricardo Anaya Cortés en la búsqueda de llegar a Los Pinos.
Promotor, junto con la también diputada local del MC, Mariela
Saldívar Villalobos, de una denuncia ante el INE por presuntos hechos
delictivos cometidos por Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León
con licencia, el mencionado García Sepúlveda asegura que todo está
puesto en el instituto electoral para retirar la postulación al Bronco:
prácticamente el INE ya convalidó que hay delitos suficientes para demostrar inequidad de la contienda y quitarle el registro a Jaime Rodríguez, el acto ilícito más contundente es que los servidores públicos en días y horas hábiles le juntaron 19 mil firmas a Jaime Rodríguez, eso es delito, es un delito que va de los tres a los siete años de prisión, llevan aparejadas multas y destituciones y, en caso de que seas candidato, la pérdida del registro.
Además, siempre según García,
Agregamos de manera paralela 111 formatos que constituyen las facturas o recibos de neoleoneses que aportaron a la campaña de Jaime, presumimos lavado de dinero o desvío de recursos del Estado... es ilógico que una casita, un tejabán, ahí se encuentre un neoleonés que le ponga 230 mil a Jaime el mismo día, creemos que se trató de una operación de compraventa de facturas donde, o lavaron dinero ilegal, o usaron dinero del Estado vía estos personajes y con eso Jaime Rodríguez tuvo 17 millones de pesos para juntar firmas; por todos lados hay ilegalidades(https://goo.gl/xmHW5B).
De confirmarse la versión del citado representante del Movimiento
Ciudadano en el INE, se debería retirar la candidatura a Rodríguez
Calderón, quitarle el fuero, consignarlo judicialmente, evitar su
regreso a la gubernatura del estado norteño y convocar a nuevas
elecciones.
En términos reales, la candidatura presidencial del Bronco es
poco menos que una mala caricatura. Se mantiene en el rango más bajo de
presunta intención de voto y sus propuestas de gobierno y sus
participaciones en los debates oficiales entre candidatos han sido
meramente anecdóticas, con ocurrencias irresponsables como el cortar las
manos a los ladrones.
Botando a Rodríguez Calderón, y abriendo procesos a través de la
fiscalía especializada en delitos electorales, el INE podría intentar la
limpia de algún milímetro cuadrado de su enorme faz tan ensuciada. El
consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña ha dicho que los
expedientes del citado Rodríguez Calderón y de Margarita Zavala Gómez
del Campo están en una ruta de análisis en cuanto a la comisión de
delitos a la hora de hacerse de firmas de apoyo a sus candidaturas sin
partido. Responsabilidad por la vía penal, si las leyes se cumplieran y
respetaran en México.
Una eventual salida de cuadro del Bronco terminaría
por sepultar las expectativas de apertura y cambio democrático a través
de las candidaturas sin partido, cuando menos a nivel presidencial (en
otros ámbitos, de aspiraciones a senadurías y diputaciones, los
resultados son disímbolos, pero mayoritariamente fallidos y tramposos).
Armando Ríos Piter, quien fue perredista durante largos años, cometió
cuanta treta se le ocurrió y, luego de
declinara su aspiración, para apoyar a José Antonio Meade en el PRI, su expediente de irregularidades y presuntos delitos quedó en el limbo (ya declarado inexistente por El Vaticano). Margarita Zavala optó también por una salida marinada en patriotismo y ética de mera retórica, con una perspectiva clarísima de negociaciones pragmáticas que están en curso.
La reducción del espectro electoral presidencial es una necesidad de
quienes hoy controlan el sistema político. Margarita era inviable e
innecesaria. El Bronco también es inviable e innecesario. Ambos
pueden satisfacer sus necesidades políticas en alianzas que les lleven a
apoyar al principal opositor a López Obrador. O, al único, si es que en
ese proceso de consolidación de bloques se llega al esquema binario: un
solo candidato a nombre del polo social y electoral que se opone al
tabasqueño, y este con su sabido capital electoral.
A fin de cuentas, la realidad está llevando a aceptar esa división
clara en solamente dos opciones. El problema, desde luego, es definir el
nombre del candidato único, del futuro promotor y beneficiario de un
voto útilantipejista. Todo debería apuntar a que Ricardo Anaya fuera ese abanderado unitario, pero Los Pinos está empeñado en que todo el apoyo económico, empresarial, mediático, policiaco y militar, más los factores de financiamiento oscuro y de violencia criminal sobre pedido, se concentren en apoyo de José Antonio Meade.
Astillas
Más que irónico es que la administración peñista,
responsable en términos políticos de constantes fraudes electorales, los
más recientes de ellos en Coahuila y el estado de México, se haya
convertido en épica denunciante de los recientes comicios venezolanos. A
fin de cuentas, en plena consonancia con los deseos de Washington, faro
imperial al que se encomiendan las tricolores almas en pena de
la próxima elección mexicana… Y, mientras la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha dado tres días de plazo para que el gobierno de
Chihuahua, a cargo del panista Javier Corral, entregue a la justicia
federal, en la Ciudad de México, a Alejandro Gutiérrez, peleada pieza
clave en el expediente de transferencia delictiva de fondos federales a
campañas electorales priístas en 2016, ¡hasta mañana!
La compra de votos en
las elecciones de este año es una práctica a la que están recurriendo
todos los partidos, que llegan a ofrecer entre 200 y 5 mil pesos por
sufragio, advierte un análisis de la organización Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza (ACFP). Confirma lo que ya sabíamos: los partidos
políticos están convirtiendo en un enorme tianguis el proceso electoral
mediante la compra de votos. Han sido documentados 151 casos en 25
entidades. Se cotizan según la región de la República. Los partidos que
tienen gobiernos son los que aventajan. El gobierno federal maneja los
fondos sociales; el PRD opera, por conducto del gobierno de Ciudad de
México, el fondo de reconstrucción y otros. Los gobiernos de los estados
y municipios no se quedan atrás. La compra de votos no está permitida
por la ley, pero el INE y la Fepade se están haciendo de la vista gorda.
Dólar a 21 pesos
La volubilidad de Trump frente al Tratado de Libre
Comercio podría provocar que a mediados de junio nuestra moneda se
devalúe a más de 21 pesos. Ayer, otra vez volvió a la carga con la
amenaza de imponer un arancel de 25 por ciento a la exportación de
automóviles armados en México. También la elección presidencial influirá
negativamente contra el peso; en elecciones pasadas se ha depreciado
hasta 10 por ciento. Por otro lado, están los especuladores, los que
apuestan contra el peso. Ayer el dólar en ventanilla bancaria bajó de
precio y estuvo vendiéndose en torno a 20 pesos. Paralelamente, el Banco
de México se apresta a utilizar los mecanismos que tiene a su alcance
para contener la devaluación.
Bromista
Es bueno para hacer bromas el jefe de Gobierno de Ciudad
de México, José Ramón Amieva. Andan volando 72 millones de pesos que
pagaron los automovilistas por el uso de los impopulares parquímetros.
Los recursos los maneja la Secretaría de Movilidad, a cargo de Carlos
Meneses. Amieva dice que será auditado. Pero la auditoría la practicará
Eduardo Rovelo, quien cobra como contralor del propio gobierno. En otras
palabras, el gobierno se auditará a sí mismo. No tiene nada de qué
preocuparse el movido secretario de Movilidad.
La privatización de los
sistemas pensionarios en América Latina ha sido un sonado fracaso para
la población que aspira a obtener un ingreso digno en la última etapa de
la vida. En cambio, como negocio privado ha resultado ser otra mina de
oro, armado con dinero ajeno. Al mismo tiempo, las miserables pensiones
obligan a las personas de la tercera edad a mantenerse activas o, cuando
menos, intentarlo en el mercado laboral.
En el caso de nuestro país, a estas alturas sólo cuatro de cada 10
mexicanos en edad y condición de laborar obtendrían una pensión,
independientemente del miserable monto que recibirían. En cambio, el
sistema de las afore ha generado multimillonarias ganancias a sus
propietarios.
Sobre el particular, la Cepal (Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe; la inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones,
del que se toman los siguientes pasajes) señala que para enfrentar los
procesos de envejecimiento y sus efectos sobre la sostenibilidad de los
sistemas de pensiones, muchos países desarrollados revirtieron las
políticas implementadas en el pasado, aumentando la edad de jubilación y
reduciendo las opciones de retiro anticipado.
A la vez, una proporción cada vez mayor de personas, sobre todo de
nivel educativo elevado, prefiere mantenerse vinculada al mercado
laboral, generalmente porque siente que puede seguir contribuyendo de
manera relevante a la sociedad y que sus condiciones de salud física y
mental le permiten continuar ejerciendo una actividad laboral más allá
de la edad normal o legal de jubilación que fijan los sistemas de
seguridad social.
La situación es muy diferente en América Latina, pues en esta región
la principal razón por la que las personas mayores se mantienen activas
en el mercado laboral más allá de la edad de jubilación es la falta de
ingresos, sobre todo en el caso de las mujeres.
De los datos de ocho países de la región (México entre ellos) se
desprende que en promedio 57.7 por ciento de las personas de entre 65 y
69 años y 51.8 por ciento de 70 años y más todavía no perciben una
pensión de un sistema contributivo, y estas tasas son aún más elevadas
en el caso de las mujeres. Esta situación obliga a muchas personas
mayores a trabajar, por lo que la tasa de ocupación para el conjunto de
las personas de 60 años y más alcanza 35.4 por ciento y es aún bastante
alta en los grupos etarios que ya han superado la edad legal de
jubilación: 39.3 por ciento en el grupo de 65 a 69 años, y 20.4 por
ciento en el de 70 años y más. Las tasas son más altas en los países en
que la cobertura de los sistemas contributivos de pensiones es escasa.
Entre las actividades generadoras de ingresos que realizan las
personas mayores que siguen activas, destaca el trabajo por cuenta
propia. Esto puede ser consecuencia tanto de la discriminación que
obstaculiza el acceso de las personas mayores a un empleo asalariado
como del deseo de éstas de trabajar de manera independiente,
aprovechando las calificaciones adquiridas a lo largo de su vida laboral
para hacerlo en condiciones que permitan una mayor flexibilidad a la
hora de organizar sus actividades laborales y de la vida diaria.
Una elevada proporción de las personas mayores ocupadas se desempeña
en la agricultura, lo que podría reflejar la falta de cobertura de los
sistemas de pensiones en el caso de los trabajadores agrícolas, así como
algunos aspectos característicos de la agricultura familiar. Cabe
señalar que, al igual que en los países desarrollados, en la región hay
personas mayores, sobre todo de nivel educativo elevado, que siguen
vinculadas al mercado laboral por elección propia, incluso percibiendo
una pensión.
Existe el desafío de ampliar la cobertura de los sistemas de
pensiones y complementarlos con pensiones no contributivas, a fin de
reducir la presión a la que se ven sometidas las personas mayores, que
las obliga a seguir trabajando, generalmente en empleos de baja
productividad, a fin de contar con medios mínimos de subsistencia a una
edad en que las sociedades deberían garantizarles las condiciones para
disfrutar de una vejez digna.
Muchos países latinoamericanos registran un proceso acelerado de
envejecimiento, lo que exige analizar las condiciones y el
financiamiento necesarios para contar con sistemas de pensiones
inclusivos y sostenibles. Es fundamental aplicar políticas que
garanticen condiciones laborales adecuadas a aquellas personas mayores
que prefieran trabajar más allá de la edad de jubilación, sin
castigarlas respecto de los derechos que han adquirido a lo largo de su
vida laboral y en condiciones flexibles, por ejemplo, mediante el empleo
a tiempo parcial.
En el debate entre
aspirantes presidenciales efectuado el pasado domingo en Tijuana, Baja
California, el abanderado priísta, José Antonio Meade Kuribreña,
caracterizó como
una secuestradora que quedó libre por una falla en la justiciaa Nestora Salgado, ex comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero y actual candidata al Senado por Morena, con base en un testimonio que en su momento fue invalidado por las autoridades judiciales. Salgado fue detenida por elementos del Ejército y la Marina en agosto de 2013, acusada de haber secuestrado a decenas de personas y de delincuencia organizada, y estuvo encarcelada durante dos años y siete meses, hasta que en marzo de 2016 fue puesta en libertad. En ese lapso, diversas instituciones y organizaciones de derechos humanos de México y del extranjero –entre ellas, el Grupo de Trabajo sobre detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas– caracterizaron a la activista como presa política y exigieron su liberación y exoneración.
En contra de las calumnias a Nestora Salgado
Como académicas comprometidas
con las luchas de los pueblos indígenas, nos ha sorprendido sobremanera
que en el ámbito del debate electoral se estén haciendo acusaciones sin
sustento alguno en contra de la dirigente de la Policía Comunitaria de
Guerrero, Nestora Salgado, a quien se le ha querido denostar como
secuestradora.
Aunque en el calendario
oficial aún restan cinco semanas para que concluyan las campañas
electorales, en los hechos sólo faltan tres. Porque una vez que el balón
comience a rodar en las canchas de Rusia, el 14 de junio, el futbol
ocupará sin duda la atención y el interés de la mayoría de los
mexicanos.
Por no sé qué razones
dos de los candidatos creyeron que el debate del domingo pasado era el
día de la elección y que los del público que estaban ahí eran los
electores. Tal vez también pensaron que los abusivos e impresentables
moderadores(que no eran tales) fungían en calidad de tribunal electoral.
Sociedad civil, pueblo,
mujeres, juventud, sectores vulnerables, comunidades indígenas y –pregón
de moda– ciudadanía. Etcétera. Pero no trabajadores. Una muestra:
ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República se refiere a
ellos sino como algo accidental o enumerativo. El que más se ha acercado
al concepto es López Obrador quien emplea, con alguna frecuencia, el
término pueblo trabajador.
El 14 de mayo fue
encontrado en Cuetzalan, Puebla, el cuerpo sin vida, apuñalado, del
dirigente campesino Manuel Gaspar Rodríguez. Había recibido amenazas
telefónicas desde hacia varios años, siempre relacionadas con causas de
la defensa del territorio en la región. Como su cuerpo fue encontrado en
un motel de esta ciudad serrana, se puede prever que las autoridades
configuran el hecho como un crimen pasional.
El torrente imperialista
de la unilateralidad bélica post 11/S y la alta militarización
doméstica e internacional que acarrea con muy alto costo fiscal, sigue
desplomando la hegemonía de Estados Unidos. Con Donald Trump el colapso
del liderato moral e intelectual es más notorio. Junto a la proyección
de fuerza, ese liderato es esencial a todo hegemón, pero el
nacionaltrumpismo y sus interesados berrinches contra los intereses
geoeconómicos de la Unión Europea (UE) –La Jornada 26/10/17– ya
afectan, y de manera profunda, la ecuación mundial de poder, en
especial, los vínculos transatlánticos y de manera directa a la OTAN. De
esto no se infiera desatención a lo multidimensional de un fenómeno que
incluye cambios tectónicos en las relaciones entre Estados Unidos,
Rusia, China y la UE. Me propongo atender, por medio de la comparación
histórica, el orden de magnitud de lo que ocurre a la ecuación mundial
de poder, centrando la atención en la pugna geoeconómica y geopolítica
en las relaciones transatlánticas.
La contundente relección
del presidente Nicolás Maduro se ha dado con más de 67 por ciento de
los votos, proporción superior a la de muchos de sus homólogos en la
región y en otras latitudes. Ello corona una secuencia de victorias
electorales del chavismo en menos de un año que pone en sus manos
mayoría en todas las instancias y casi todos los niveles de cargos
electivos, incluyendo las gubernaturas y alcaldías. El enorme mérito de
este ciclo triunfante es haberlo conseguido en un país sometido al más
inclemente acoso mediático, económico y político de Estados Unidos y la
internacional de la derecha.
Las leyes en México parten de varios supuestos, algunos equivocados y otros formativos.
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