Por
Emilio Godoy
,
 |
Felipe Calderón, Leonel Godoy y José Antonio Meade.
Foto: Francisco Castellanos
|
Un informe de la firma MW, dedicada a la venta de acciones a
corto plazo, revela que el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
compró con sobreprecio equipo obsoleto que no sirve al propósito para el
que fue adquirido: revisar mercancía y equipaje en aduanas. La
adquisición se realizó en 2012 a la empresa estadunidense OSI Systems
–que enfrenta demandas por corrupción–, cuando José Antonio Meade,
candidato presidencial de la coalición Todos por México, era el
secretario de Hacienda y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro
de la Suprema Corte, encabezaba el SAT.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) obtuvo equipos de revisión de mercancías y equipaje para las
aduanas del país con precios inflados y sin que cumplieran los
requerimientos técnicos por los que fueron adquiridos.
La operación ocurrió en 2012, cuando José Antonio Meade, actual
candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, Partido
Verde y Nueva Alianza), dirigía la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estaba al frente del SAT.
La adquisición irregular de dicho equipo aparece en el informe OSIS:
podrida hasta el hueso, realizado en diciembre último por la firma
estadunidense Muddy Waters (MW), la cual analizó los contratos públicos
para la prestación del servicio de escáner de bienes de la compañía
estadunidense OSI Systems (OSIS), fabricante de equipos de seguridad e
inspección que son utilizados en aeropuertos y aduanas en Albania y
México.
El SAT habría comprado los aparatos con dinero de la Iniciativa
Mérida, programa en el cual Estados Unidos, desde 2008, da a México
recursos y asistencia técnica en materia de seguridad y lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado.
El informe de 19 páginas, consultado por Proceso,
expone que un exfuncionario de alto nivel del SAT reveló a
investigadores de MW que Rapiscan Systems, subsidiaria de OSIS, vendió
mediante un contrato conocido como “llave en mano” aparatos
injustificadamente caros que no podían prestar el servicio ofrecido.
“Este último contrato con Rapiscan fue una gran falacia. Estaban
vendiendo algo que este equipo no puede hacer. Identificar cantidades,
país de origen y muchas otras cosas que estas máquinas no pueden hacer.
Por eso pusieron un servicio bastante caro, lo cual es irreal”, indica
el reporte.
El exfuncionario destacó que la compañía vendió la idea de que sus
escáneres detectarían “si las mercancías que pasan por aduanas son
legales o no, si pagaron los impuestos correctos o no… Muchas cosas que
estos aparatos no pueden hacer”, cita el documento.
El informe refiere que en realidad el de OSIS “es equipo promedio,
como cualquier otro en el mercado. Estas máquinas pueden hacer una cosa:
examinar mercancías o vehículos. Lo que están vendiendo es un servicio
completo con infraestructura que conecta estas máquinas con los sistemas
del gobierno mexicano y dan, de manera automatizada, la imagen y tienen
un filtro que dice si esa revisión cumple con la ley y todas las reglas
de comercio internacional que México tiene”.
En dicho informe de MW, el exfuncionario del SAT dice que “las
máquinas (de OSIS) sólo escanean, sólo te dan una imagen, pero no sabes
exactamente la composición de las mercancías que hay ahí. No te dan más
detalles. Esa es la razón principal del aumento del costo, porque están
vendiendo esto increíblemente caro. Es un contrato que no tiene ninguna
razón de ser tan caro”.
El reporte también indica que, al parecer, “el SAT pudo ahorrar una
gran cantidad de dinero al comprar sólo los aparatos. Aunque OSIS pudo
alardear de los servicios incluidos en el contrato, hay buenas razones
para dudar de ello”.
El informe calcula que el contrato es tan jugoso que aporta más de
50% de las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA, en inglés) de OSIS durante el año fiscal 2017,
aunque ello equivale a solo 15% de susingresostotales. Expone que el
peso de las ganancias de la corporación, fundada en 1987 y registrada en
el paraíso fiscal de Delaware, recae sobre las operaciones con el SAT,
debido a sus altos márgenes de rentabilidad.
MW analizó los estados contables de OSIS, reportados entre 2012 y
2017, y concluyó que la compañía dependía en un alto porcentaje de los
ingresos provenientes de México, lo que implica una vulnerabilidad
financiera para la empresa. En ello radica su importancia de mantener el
vínculo contractual con el SAT.
“Cuando un inversionista le preguntó recientemente (al área)de
relaciones con inversionistas sobre si el estimado de la composición de
EBITD –indicador contable sobre la rentabilidad de una empresa– era
razonablemente precisa, la empresa se negó a hacerlo”, cita el reporte
de la firma.
Problemas legales
Los ingresos por esecontrato con el SAT crecieron sustancialmente
entre 2012 y 2014, al pasar de 16 millones 866 mil dólares en 2012 a 130
millones 330 mil dólares, para luego bajar ligeramente a 119 mil 900
millones en 2017.
MW calculó que el margen de ganancia operativa de la división de
seguridad de OSIS ronda 8%, “consistente con los reportes de 2010 y
2011”, pero en 2014 apreció un salto a 13.5%, “que creemos se debe al
contrato llave en mano de México”.
De esa cuenta, la operación con México resultó en un margen de
ganancia operativa de 30% en 2017, por encima del índice histórico anual
de entre 8% y 13.5% de los años previos correspondientes a la división
de seguridad.
Para MW, los contratos llave en mano parecen particularmente
adecuados para la corrupción. “Si un gobierno sólo compra el equipo de
monitoreo, es relativamente fácil para un auditor identificar un
sobrepago. Sin embargo, cuando se empaqueta con servicios
personalizados, el precio se vuelve de repente opaco”, explica.
El informe de MW causó que accionistas de OSIS interpusieran –entre
el 7 de diciembre de 2017 y el 23 de abril de 2018– cuatro demandas de
acción colectiva contra la compañía y sus principales ejecutivos, entre
ellos el director ejecutivo Deepak Chopra. Las denuncias están radicadas
en la Corte del Distrito Central de California.
En esas querellas los acusan de violaciones a la Ley de Valores,
violación del deber fiduciario y enriquecimiento ilícito, por lo cual
reclaman daños compensatorios y la devolución de las ganancias mal
habidas.
Muddy Waters se dedica a promover la venta de acciones de corto plazo
que no le pertenecen (short selling, en inglés). Como parte de ello, la
firma investiga a empresas sospechosas de corrupción. Sus denuncias
causan que la cotización bursátil de dichas compañías se desplome, como
castigo por conductas indebidas. Los vendedores en corto buscan depurar
el mercado bursátil de las manzanas podridas corporativas.
Prolongación polémica
Rapiscan le ha vendido productos y servicios al SAT y a Pemex
Petroquímica. En el caso de la dependencia fiscal, se trata de tres
concesiones.
El Portal de Obligaciones de Transparencia indica que el 13 de enero
de 2012 la Administración Central de Fideicomisos del SAT otorgó a
Rapiscan (subsidiaria de OSIS) un contrato por seis años para adquirir
equipo de revisión no intrusiva de mercancías.
Esta es la operación que suscitó la denuncia:
El 18 de enero de 2012 OSIS anunció que Rapiscan había ganado un
contrato, por seis años y 400 millones de dólares, para proveer
servicios de monitoreo de vehículos y carga a nivel nacional.
También obtuvo la concesión, vía licitación, para dar el servicio
integral de seguridad radiológica durante siete años, a partir del 15 de
junio de 2017 y para la operación de equipos de revisión no intrusiva y
dictamen de imágenes durante siete años, desde el 27 de septiembre
último.
Además, el 27 de septiembre de 2017, la Administración Central de
Recursos Materiales del SAT otorgó el contrato CS-300-AD-I-P-FC-043/17,
por adjudicación directa y valuado en 39 millones 466 mil 320 pesos, a
Rapiscan por servicios integrales de asistencia en seguridad
radiológica, vigente hasta 2022.
Las compras en cuestión son Rapiscan modelo 536 SV, un equipo móvilde
inspección mediante rayos X, para detectar contrabando, drogas y
mercancía ilícita en lugares remotos y de difícil acceso, según lo
explica el reporte Cooperación en la frontera México-EE.UU. bajo la
Iniciativa Mérida. Equipo de inspección no invasiva,de enero de 2012,
preparado por la embajada estadunidense en México y consultado por Proceso.
El SAT recibió entre finales de 2011 e inicios de 2012 cinco camionetas con ese equipo, valuado en 800 mil dólares cada uno.
Adicionalmente, la dependencia compró la máquina G60-Eagle, cuyo
costo supera el millón de dólares, según señala el blog Rapiscan Systems
(https://rapiscan-systems.blogspot.mx), el cual es difundido de manera
anónima y cuya información parece provenir de algún empleado de la
propia empresa.
Esta página de internet –que también divulgadiseños y manuales de
algunos de los equipos, en represalia por considerarla “una empresa
corrupta”– puso en duda que el detector de metales vendido al SAT sea de
alto rendimiento.
Un cable del 21 de septiembre de 2010, de 27 páginas y divulgado por la
organización Wikileaks, ofrece detalles sobre los equipos obtenidos por
dependencias mexicanas.
El reporte titulado México: Plan de adquisición avanzado detallado,
enviado por la Sección de Asuntos Narcóticos de la embajada de EU en
México al Departamento de Estado, indica que el equipo previsto para la
autoridad fiscal incluye escáneres ionizados para detectar sustancias
ilícitas, unidades móviles de rayos gama para inspección no invasiva
(G60) y camionetas de rayos X para vehículos ligeros (536 SV).
El listado incluye cinco camiones de rayos gamma para detectar
contrabando, programados para 2011, y otros cinco para 2012, con un
presupuesto anual de 10 millones de dólares. El cable menciona a las
empresas estadunidenses SAIC, Rapiscan y AS&E como posibles
proveedores.
Del mismo modo, el documento, que se refiere a adquisiciones de siete
dependencias, enlista cinco vehículos para 2011 y otras cinco para 2012
utilizadas para descubrir armas, drogas, químicos, explosivos, dinero y
contrabando en autos pequeños comerciales y privados, con un
presupuestoanual de cinco millones de dólares.
Como posible abastecedor, el despacho sólo nombra a AS&E y la cita como “el único fabricante, según nuestro conocimiento”.
Pese a los señalamientos, OSIS divulgó el 16 de enero último la
renovación por otros dos años de dicho contrato por un monto de 130
millones de dólares.
Ese contrato, código CS-300-AD-I-P-FC-069/17 y celebrado el 15 de
enero, se refiere a un servicio de operación de equipos de revisión no
intrusiva para mil ocho aparatos, a un costo unitario de dos millones
239 mil 87 pesos, según la ficha disponible en el portal CompraNet.
El documento titulado Servicio de dictamen de imágenes de revisión no
intrusivatambién incluye un servicio de gestión de recursos para
emisión de dictamen aduanero, por 217 millones 999 mil 992 pesos.
Ante las acusaciones, OSIS declaró en diciembre que “los programas de
inspección de seguridad llave en mano en México y Albania fueron el
resultado de licitaciones públicas y han derivado en mayor seguridad,
mayores decomisos de contrabando y transparencia en las declaraciones
aduanales”, sin comentar sobre los posibles altos costos de la operación
con México.
En su informe conocido como 10-K sobre su situación financiera,
presentado ante la Comisión de Comercio y Valores (SEC, por sus siglas
en inglés) y correspondiente al cuarto trimestre de 2017, la compañía
indicó que “estas acciones (legales)carecen de mérito y planeamos
rechazarlas vigorosamente.
“En esta etapa temprana de los litigios, los resultados últimos son
inciertos y no podemos predecir razonablemente el momento o las
derivaciones, o estimar el monto de cualquier pérdida, si las hubiere, o
sus efectos, si los hubiere, sobre nuestras declaraciones financieras”.
El 31 de enero, Muddy Waters replicó que no cambiaba su postura respecto de OSIS.
La empresa, por su parte, reconoció el 1 de febrero que la SEC –que
vigila el mercado bursátil de Estados Unidos– y el Departamento de
Justicia habían abierto pesquisas sobre el comportamiento de la compañía
con respecto de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Además, indicó que la fiscalía del Distrito Central de California
planeaba también solicitar información sobre el respeto a esa ley.
El SAT no respondió a una consulta realizada por el reportero.
Este reportaje se publicó el 20 de mayo de 2018 en la edición 2168 de la revista Proceso.
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