Autoridades municipales y estatales de Chiapas
violentaron los derechos humanos de 971 indígenas tzotziles de Chenalhó,
470 de ellos menores de edad, quienes fueron víctimas de desplazamiento
forzado interno en mayo de 2016 debido a un conflicto comunitario que
devino en la destitución de la entonces presidenta municipal.
Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
en la recomendación 90/2018 sobre el caso que fue dirigida al gobernador
Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general del estado, Jorge Luis
Llaven Abarca, y a los presidentes municipales de Chenalhó, Abraham Cruz
Gómez, y de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos.
Tras sus investigaciones, el organismo documentó que se vulneraron
los derechos a la seguridad personal, a la libertad de circulación y
residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la
asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la
alimentación, a una vivienda adecuada, a educación, al trabajo, a
atención médica y protección a la salud, de acceso a la justicia por
inadecuada procuración de la misma y al interés superior de la niñez.
Las acciones y omisiones de las autoridades estatales y municipales
no garantizaron seguridad pública (a los agraviados) ni previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos, y tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales.
El 25 de mayo de 2016, dos integrantes del Congreso de Chiapas fueron
retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la destitución de la
entonces presidenta municipal, por inconformidades con su
administración; la funcionaria presentó su renuncia ante los
congresistas y pese a ello vecinos amenazaron con quitarle la vida, por
lo que huyó de la región.
Al día siguiente, pobladores acudieron a la cabecera municipal a
presenciar la toma de protesta del sustituto, pero se dieron desacuerdos
y enfrentamientos armados en ese lugar y otras localidades entre
simpatizantes de la depuesta munícipe y de su sucesor, dejando dos
personas muertas.
Debido a las agresiones, amenazas y destrucción de diversos bienes,
los 971 indígenas a los que se refiere la CNDH se vieron obligados a
abandonar sus propiedades.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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