Ambos iban a cumplir seis años desde su detención ocurrida el 17 de mayo de 2013 y sus casos son considerados emblemáticos del proceso represivo que llegó con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, debido a las graves violaciones a derechos humanos que –señaladas por organizaciones nacionales y extranjeras primero, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) después– incluían todo un catálogo de irregularidades.
El caso de Enrique Guerrero –joven estudiante de Filosofía en la UNAM y miembro del colectivo Liquidámbar, así como del taller de teatro “Carlos Montemayor”–, es ejemplo de la forma en la que la pasada administración fabricó culpables entre el movimiento social, resolviendo de pasada, un crimen de alto impacto como lo fue el secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y muy cercano a la elite peñanietista que, inclusive, quiso hacerlo gobernador de Oaxaca tiempo después.
Enrique fue detenido a tiros sin ir armado; no había orden judicial ni flagrancia; presentó lesiones por tortura y, también como solía ocurrir en casos similares, fue objeto de exhibición, mediante la filtración de versiones no confirmadas y fotografías. El caso fue armado con alegatos inverosímiles.
Jamás pudieron establecer su participación acreditando modo, tiempo y lugar; hubo contradicciones claras entre la versión acusatoria y la probanza pericial, entre otras irregularidades.
Guerrero Aviña fue uno de los 12 detenidos –entre otros, dos profesores de la Sección 22 del CNTE y varios simpatizantes del movimiento magisterial– por ese asunto y, tan irregular era su caso que, el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, lo consideró un ejemplo de la descomposición del sistema mexicano, luego de que la historia fuera presentada por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vittoria” en 2015.
Hace un año, la CNDH emitió una recomendación por el asunto aunque de poco sirvió, pues la Procuraduría General de la República, mantuvo las acusaciones.
Acusar a los dirigentes sociales contestatarios en general y magisteriales en particular, por crímenes graves, fue una constante del sexenio peñanietista. Por ejemplo, un mes antes de que Damián Gallardo y Guerrero Aviña obtuvieran su libertad, el profesor Óscar Hernández Neri, consiguió una sentencia absolutoria, luego de pasar casi cinco años preso, acusado en su caso del asesinato de una profesora de la preparatoria en la que era director en Chicoloapan. Hernández Neri era, en 2013, un actor central en la oposición a la Reforma Educativa en la zona más populosa del Estado de México, incómodo que fue para el gobierno de Peña Nieto como para su sucesor, Eruviel Ávila.
Prácticamente todos los presos reivindicados por la disidencia magisterial han quedado libres de finales de noviembre a la fecha, la mayoría, como parte del proceso de amnistía –así sea de hecho—que comprometió en campaña López Obrador.
Pero la lista de presos políticos sigue siendo amplia y quizás, una de las reservas que puede tenerse hoy, es por el choque de intereses de un movimiento social con los de hombres y mujeres poderosos de la llamada “Cuarta Transformación”.
Un ejemplo es el caso del yaqui Fidencio Aldama, opositor a un gasoducto y preso por un presunto homicidio. Se trata de un opositor a una obra de infraestructura de IEnova, que encabeza una prima de la secretaria de Medio Ambiente, Josefina González Blanco Ortiz Mena, y por cuyo caso no se conoce avance alguno.