La decisión de detener el
saqueo de las gasolinas no es sólo una cuestión de eficiencia
empresarial, sino de rescatar buena parte del poder del Estado. Por
tanto, hay que tratar de entender la complejidad que implica la reciente
medida adoptada por el gobierno. Seguir dejando en manos de una
tenebrosa mafia, adueñarse de vastísimos recursos era, y es, asunto que
araña la seguridad nacional. Y en ese trajín se ha zambullido sin
titubear y con información –sin duda incompleta– la presente
administración. Apoyar las acciones de combate al crimen organizado
dentro y fuera de Pemex y, al mismo tiempo, sonar alarmas por las
penurias en el abasto en gasolineras implica un salto de dudosa lógica.
En especial cuando se afirma, a continuación, que se viene actuando de
manera improvisada, ineficaz, tonta o irresponsable. No es esta
dicotomía una manera inteligente y, menos, de crítica bien intencionada y
certera. En especial si tal postura se adopta con la precipitación con
que se han adelantado innumerables juicios terminales, como los
expresados en este espinoso asunto del robo de gasolinas.
La avalancha mediática no se hizo esperar ni un día, aunque fuera de
descanso. De inmediato aparecieron tanto la severa condena como, de
nuevo, los fatídicos pronósticos apoyados en numerologías fantásticas.
Se cuantificaron, casi con saña, los supuestos costos derivados del
desabasto con prédicas rotundas de crisis. Ante las molestas colas para
abastecerse en varios estados y, con énfasis claro, en la misma y
sensible capital, la determinación de proseguir el combate al crimen no
se ha interrumpido. Cierto es que los resultados de este proceso no se
han podido visualizar, con la claridad necesaria, pues aún se requieren
mejores y precisos datos. Hará falta toda una campaña informativa que
radique, punto por punto, los avatares del combate iniciado. Ahí deberán
incluirse los ahorros logrados, las prevenciones contra la continuidad
del delito, el futuro logístico del abasto suficiente, los nuevos
procedimientos tecnológicos para la eficiencia del transporte y el
almacenamiento, las salvaguardas para la seguridad energética y demás
detalles de políticas públicas y empresariales. Parte sustantiva recaerá
en el lado correctivo del delito: prisión a delincuentes que
ocasionaron tan enorme corrupción y el rescate cierto, en pesos
contantes, del producto de los robos.
Ahora la ciudadanía empieza a conocer detalles de la operación de la
que es su empresa petrolera. Y no sólo eso, sino de su personal
seguridad y bienestar correlacionados ambos con su adecuado
funcionamiento. No es posible que se tenga, como herencia maltrecha, tan
defectuosa red de almacenamiento y de reservas ante cualquier futura
contingencia. Hay, por tanto, urgencia de propiciar activos apoyos para
la construcción de la nueva refinería y reciclar las existentes. La
soberanía energética es, sin duda, crucial asunto. No se puede ni se
debe depender de la importación de petrolíferos, operación, por cierto,
de onerosa y complicada logística.
Con la multitudinaria conferencia del pasado lunes iniciaron, de
bulto, las acciones coordinadas de buena parte del gabinete
presidencial. Aunque el cúmulo de datos y hechos ahí vertidos rebasa la
comprensión adecuada, se exhiben diversas fuentes de la información.
¡Enhorabuena!, que no se concentre en el Presidente todas las
explicaciones pertinentes. Poco a poco, pero sin descanso, fluyen tanto
el abasto como el desglose de las varias y variadas facetas de esta
lucha contra la corrupción petrolífera. Es, qué duda, una de las mayores
peleas por el estado de derecho y contra el cinismo y la impunidad ya
casi entronizadas en el modus vivendi de la nación. La
ciudadanía ha respondido con conciencia y disciplina crecientes ante las
molestias por la escasez. No faltan los abusos de individuos que se
piensan más listos que el resto de la gente. Ni modo, esos son los
mismos gandayas de siempre. Las autoridades no han dado fecha precisa
para la regularización del abasto normal acostumbrado, pero lo sitúan a
sólo unos cuantos días más. Con seguridad la confianza en la conducción
de los asuntos públicos fortalecerá tanto la credibilidad de las
intenciones como las destrezas operativas, es decir, la legitimidad de
que goza este gobierno.
En este, como en otros venideros combates a la corrupción, la
voluntad política es factor indispensable, vital. La contribución
funcional de las instituciones viene en seguida.
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