También juega con fuego porque enfrenta no sólo a quienes lo hurtan
clandestinamente, sino también al crimen institucionalizado que se ha
enriquecido al amparo del poder gubernamental e incita el ánimo de una
buena parte de la sociedad que ya muestra enojo por el desabasto de la
gasolina.
La falta de una estrategia política, social y de comunicación del
gobierno de López Obrador para amortiguar los impactos de una decisión
que no quisieron tomar los últimos tres presidentes –Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto –, ha sido utilizada por sus adversarios
para crear una campaña de desprestigio y de percepción negativa,
haciendo creer a la población que habrá una crisis económica,
financiera, energética y hasta alimentaria, comparable con las que han
sufrido Venezuela y Cuba en sus peores momentos.
Sin embargo, lo que en las redes sociales se propala como el inicio
del apocalipsis o una guerra por la gasolina como en las películas de
Mad Max, en amplios sectores de la sociedad, en el ánimo de los
ciudadanos de a pie o, mejor dicho, de los automovilistas, el desabasto
del combustible se considera como un mal necesario para combatir la
corrupción y dan su respaldo a López Obrador. Pero la paciencia tiene
fecha de caducidad.
La decisión de López Obrador de recuperar a Pemex y poner un alto a
la ordeña del combustible afecta uno de los negocios más lucrativos para
el crimen organizado que no pudo haber crecido tanto sin la connivencia
en los sexenios pasados de los altos funcionarios de la presidencia de
la República, Pemex y de las secretarías de Hacienda y Economía, pasando
por la Procuraduría General de la República.
Según las cifras oficiales, en el 2002 el robo de combustibles fue de
12 mil millones de pesos y para el 2018 alcanzó los 60 mil millones de
pesos. Es decir, creció 500% este negocio abonado por una red de
corrupción y complicidades de funcionarios gubernamentales que se
enriquecieron de esta multimillonaria ganancia.
De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda
entre el 2017 y 2018 se detectó en una primera investigación un lavado
de dinero por 10 mil millones de pesos que podría aumentar hasta 45 mil
millones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se está
enfrentando a grupos de poder que quieren jugar a las vencidas con el
gobierno una vez que se estableció la estrategia de cerrarle la llave
del enriquecimiento ilícito a quienes diariamente se roban el
combustible, no sólo de los ductos, sino de las propias tomas que hay en
las instalaciones de Pemex consideradas de seguridad nacional.
Este grupo del crimen institucionalizado tiene tentáculos en muchas
áreas gubernamentales y de justicia que los protege de cualquier amenaza
de investigarlos. También en las redes sociales donde han desplegado
una campaña de temor y rencor en amplios sectores de la sociedad
afectados por la escasez de combustibles.
En este escenario López Obrador se juega una buena parte del voto de
confianza que obtuvo en la elección y de su propio gobierno. Si logra
tener éxito, aunque sea relativo, mantendrá un margen de maniobra para
sus siguientes objetivos. En caso contrario no sólo perderá la confianza
ganada, sino que nadará a contracorriente el resto de su sexenio con
pocas probabilidades de concretar su cuarta transformación.
Por cierto… Pemex cumple 86 años, cuenta con seis
refinerías, ocho complejos petroquímicos, nueve complejos procesadores
de gas, 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos,
buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a más de 10 mil
estaciones de servicio a lo largo de nuestro país. Es un tesoro preciado
que no será fácil quitárselo al crimen organizado e institucionalizado,
al Cartel de los Huachicoleros.
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