Hay consenso en alcanzar el objetivo en cuestión. Nadie en su sano
juicio podría reivindicar el delito recurrente del huachicol como una
plausible política pública. Hay, por esa razón, consenso en alcanzar ese
propósito como una de las primeras batallas que está librando el nuevo
régimen. No se trata sólo de una cuestión de corrupción e impunidad,
sino de atacar un instrumento financiero que hasta ahora había venido
dando los recursos para que todo siga igual, para mantener el statu quo.
Los puntos centrales que permiten hacer una radiografía del avance de
esta batalla son los siguientes:
Primero. Buena parte de los medios ha utilizado esta decisión
política para intentar fallidamente doblar al gobierno federal con
contratos publicitarios y prebendas adicionales. La técnica ha sido
identificar puntos específicos de hartazgo y molestia pública por el
desabasto transitorio de gasolina para presentarlos como muestras de un
estado de ánimo generalizado en los más distintos grupos de la sociedad
mexicana. Y esto es una mentira, un acto de desinformación ajeno a los
mínimos estándares de la ética periodística, que hasta ahora no ha
podido impactar en las pautas de comportamiento de la ciudadanía. No es
mi opinión, que, como todas, puede coincidir con otras y diferir de
algunas más.
Una muestra de lo que afirmo se sustenta en la ausencia de marchas y
protestas sociales no se diga de gran calado, sino incluso relativamente
pequeñas. No se observan por ningún lado. Sobra decir que si las
hubiera habría muchos intereses en mostrarlas como el preludio del caos
social. No es el caso. El llamado del presidente López Obrador está
permeando más en la formación de la opinión pública en esta lucha que
las voces de sus detractores que vaticinan el diluvio.
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Segundo. El gobierno federal mantiene el apoyo expreso y puntual de
las Fuerzas Armadas y de las fuerzas civiles del orden que, por el
contrario, están dando vida y sentido a esa gran batalla a favor del
patrimonio social. No hay, ni por asomo, señales de levantamientos
armados, deserciones en masa de zonas o regiones militares que pudieran
en ese inexistente pero hipotético caso poner en riesgo la seguridad
nacional y, en el extremo, la viabilidad del Estado mexicano.
Es importante reiterarlo: las Fuerzas Armadas están siendo parte
activa de esa difícil pero necesaria decisión que el gobierno federal ha
tomado en un caso enorme de corrupción que había permanecido intacto al
menos durante los tres últimos tres gobiernos que, por acción u
omisión, incurrieron en un agravio de tracto sucesivo a la nación.
También hay que decir que ha habido errores, y los seguirá habiendo, en
la parte adjetiva. Jamás se llegará, por consecuencia, a la perfección,
que es inhumana. Es deseable, empero, que los errores vayan siendo menos
por aproximaciones sucesivas.
Tercero. El reto que representa el huachicol supone, de igual forma,
una prueba palmaria de que la inmensa mayoría de la población entiende,
lato sensu, el problema, confía y apoya la decisión del presidente de la
República en esta cruzada de gran magnitud contra uno de los más
grandes fenómenos de corrupción e impunidad de que se tenga memoria en
el México contemporáneo.
Habría sido difícil que otro gobierno en este siglo hubiera hecho una
proeza de esa naturaleza, por dos razones: a) Por la convicción de que
ese caso de corrupción era imposible de resolver y, por ello, lo mejor
era administrarlo y formar parte de la ecuación. En la política
tradicional, el único pecado que no se perdona es la falta de
complicidad. Y ninguno de los tres gobiernos anteriores quiso tener en
sus filas a semejantes pecadores; y b) Porque esos tres gobiernos fueron
ajenos al pueblo, a los de abajo, a quienes expoliaron para que muchos
empresarios (no todos, por supuesto) fueran más ricos y los pobres más
pobres. En ese contexto, toda acción gubernamental siempre se vio con
suspicacia.
Cuarto. Los mensajes de organizaciones empresariales y de los grupos
de interés autollamados “sociedad civil” (con las honrosas excepciones
de siempre) que deploran la “estrategia” y el “desabasto” de combustible
carecen de los elementos esenciales que les permita tener de rodillas
al Estado mexicano como sí pudieron tener espacios durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto y compañía: a) Tanto esos grupos de empresarios
como quienes se hacen llamar “sociedad civil” no ganarían, ni lo han
intentado porque lo saben, una elección estatal. Ello pone de relieve su
ausencia de representatividad social y sus acotadas habilidades de
movilización popular; y b) Tampoco cuentan con elementos armados, de
suerte tal que pudieran disputarle a la Marina, al Ejército y a la
Fuerza Aérea Mexicana el control de los poderes constituidos.
El problema para estos sectores es que no entienden que las cosas han
cambiado de raíz. Lo irán viendo poco a poco cuando el agua llegue a su
nivel y ponga a cada quién en el lugar que le corresponde.
ernestovillanueva@hushmail.com
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