Cuando prometer sí empobrece

Alberto Sebastián Barragán *

Nuevo año, nuevo sexenio, y la función educativa debe continuar. Desde hace algunas semanas se va configurando el nuevo proyecto para educación. Así como muchos esperan mejores condiciones para todos los demás sectores, otros más queremos ver consistencia en las propuestas educativas. Por ejemplo, para ganarle tiempo al tiempo el primer paso fue abrir foros de consulta para que los profesores, directivos, investigadores, padres de familia e interesados en educación presentaran propuestas resumidas, con algunas peticiones para la transformación educativa. Sin embargo, esto significó empezar con el pie izquierdo, ya que los foros de consulta se llenaron de asistentes afines al sindicato dominante en cada entidad. Por tratarse del periodo de transición, no se difundió lo suficiente, y acudieron con ponencias prefabricadas, conflictos, simulación e inexperiencia.

Poco después, el 12 de diciembre, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 31 y 73 para cumplir los compromisos de campaña: echar abajo la mal llamada Reforma Educativa, eliminar la evaluación docente y desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esta iniciativa tuvo dos errores que se atendieron de inmediato ( La Jornada, 14/12/2018). Pero también esboza una línea que generará controversia más adelante: la gratuidad. Como el senador Martí Batres subrayó hace unos meses ( El Financiero, 27/08/2018), la gratuidad se ha venido trastocando en función de la población objetivo, es decir, los niveles de obligatoriedad y gratuidad han cambiado conforme a cada proyecto educativo enmarcado en el artículo 3º constitucional. Ahora, con la última reforma, la obligatoriedad se prescribirá también para los niveles medio superior y superior, y la gratuidad viene en camino. Este tema de la gratuidad ha sido un discurso educativo incompleto, porque no se acompaña de presupuesto para atender los gastos menores y recursos consumibles de las escuelas.

En la iniciativa se plantea que recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de los habitantes del país, y se pretende retomar la gratuidad de la educación superior que se había prescrito desde 1946. Esta gratuidad probablemente se acotará para las universidades Benito Juárez, porque generalizar la gratuidad para las universidades públicas implica convencerlas de que renuncien a su autonomía, se inscriban a la política educativa nacional y eliminen sus cuotas. Estas acciones incrementarían la cobertura en educación superior, ya que uno de los problemas centrales a atacar es el grupo de aspirantes que no es seleccionado para estudiar una carrera. Al parecer, interesa más el acceso a educación superior que la eficiencia terminal, o el rendimiento académico. Recordemos los efectos que ha generado el modelo lopezobradorista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde la inscripción o gratuidad no se reflejan necesariamente en egresos y titulaciones.

Sin embargo, el problema no se resuelve ahí, y probablemente se multiplique. De esa selva de la educación superior sobreviven los más fuertes, y otros se quedan en el camino. Pero los que egresan y se titulan se suman a las cifras de contratados en su ramo, de subempleo o desempleo. El sistema de universidades Benito Juárez suena bien en el corto plazo, pero si no se ajusta a la lógica de educación superior puede generar más costos que beneficios en el mediano y largo plazos.

En materia financiera, el Presupuesto de Egresos de la Federación fue aprobado, como en los sexenios recientes, en un periodo de limbo, mientras se diseña y se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, y después aparecerán los programas sectoriales y las leyes secundarias. Pero el presupuesto ya está aprobado. Esto significa que se mantienen algunos programas transexenales, así como algunas líneas prioritarias, y se insertan algunas modificaciones. Este proyecto de egresos necesitó modificaciones menores, para respetar a la educación superior. Mientras tanto, se han subrayado los recortes a ciertas áreas. En el rubro educativo se fortalecerá a las normales con disminución del gasto. Y se fomentará la formación continua con recortes al programa de desarrollo profesional docente. Ese programa debe rediseñarse para separarse de la educación superior y que tenga reasignación de recursos. En los últimos años no se percibieron acciones eficientes de capacitación o actualización de los maestros. Entonces, el gasto educativo siguiente, aunque llegue reducido, se notará.

La mayor parte de la sociedad le dio el voto de confianza a López Obrador, pero eso no debe eliminar el análisis crítico y objetivo. Falta conocer el proyecto educativo completo, para aclarar dudas y sospechas, para que no empobrezca la educación ni las expectativas.

* Coordinador de Voces Normalistas.