Hace unos días,
en la conferencia matutina del presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard Casaubón, afirmó que el nuevo gobierno revisa los acuerdos que
hay con Estados Unidos en diversas materias, entre ellas la seguridad.
“Tenemos la instrucción del señor
presidente de revisar todos los acuerdos con Estados Unidos que tienen
que ver con muy diferentes agencias (de seguridad). Y eso es lo que ya
estamos haciendo. Ya que lo terminemos, pues ya podremos presentar un
diagnóstico”, afirmó el secretario.
Circunstancia urgente si se toma en
cuenta que en el último medio siglo los gobiernos panistas y priístas
permitieron a los cuerpos policiales estadunidenses actuar con impunidad
en todo el país, vulnerando la seguridad y soberanía nacionales.
A pregunta del reportero de Contralínea
Zósimo Camacho, el titular de la SRE explicó que se evalúan los
instrumentos jurídicos que regulan la relación de México con las
agencias de seguridad estadunidenses, como la DEA (Agencia Antidrogas),
la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el Departamento del Tesoro,
entre otras.
“Estamos nosotros revisando todo. Hay
muchos tipos de instrumentos jurídicos; son desde notas diplomáticas,
memorándums de entendimiento, en fin, relativos a la relación con
Estados Unidos”, dijo el canciller, quien añadió que se elabora un
diagnóstico de la cooperación de agencias de seguridad estadunidenses
con México y que se dará a conocer cuando esté listo.
Contralínea ha documentado la
presencia de 13 agencias estadunidenses en territorio mexicano, incluso
con personal y oficinas, desde el sexenio de Felipe Calderón. Entre
ellas, además de la DEA y la CIA, el FBI, el Servicio Secreto, la ATF y
la ICE.
Y razones no faltan para contener la
operación arbitraria de cuerpos policiales de Estados Unidos en
territorio nacional. Un ejemplo de esa actuación y que explica una
operación encubierta estadunidense de lavado de dinero se
plasma en un documento confidencial del Departamento del Tesoro, con la
clave MX02B$98SE0013/GP, dirigido a la Procuraduría General de la
República en donde le expone:
“De conformidad con el acuerdo de
Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos de Norte
América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para el
Intercambio de Información y apoyo mutuo en investigaciones, doy
referencia al oficio… y el cual se le envió a usted con el propósito de
obtener el consentimiento del Gobierno de México. Dicha solicitud fue
formulada mediante un escrito solicitando las cuentas bancarias
encubiertas. Inicialmente le habíamos solicitado tres cuentas
encubiertas, pero ahora nuestros Agentes nos indican de urgencia que
necesitan utilizar cuatro cuentas bancarias encubiertas. Nuestros
Agentes están llevando a cabo el proceso de otras cuentas encubiertas en
los países de Canadá y Panamá en relación con esta misma investigación y
que ha han cumplido con nuestra solicitud de abrir cuentas bancarias
encubiertas.
“Con respecto a nuestra conversación de
hoy, le comunico que la información que desarrolló la Aduana de los
Estados Unidos indica que las organizaciones narcotraficantes están
haciendo uso de transferencia electrónica de fondos para facilitar las
operaciones de lavado de dinero en vez de enviar grandiosos volúmenes de
dinero en autor, trailers y otros medios de transporte.
“La manera más reciente para facilitar
el lavado de dinero es usada por comercios pequeños que utilizan
empresas mayores en los Estados Unidos, los cuales se dedican a
transferir dinero sin ser detectado y que es producto de las ventas
ilícitas de drogas. Estos comercios pequeños han manejado el movimiento
de 35 hasta 100 millones de dólares al año. Uno de los comerciantes está
cooperando con la Aduana Americana y ha mostrado el esquema de cómo se
está transfiriendo el dinero sin ser declarado. El esquema es simple.
Agentes remitentes o comerciantes pequeños entregan dinero a comercios
mayores, quienes transfieren dinero a bancos en México. También, ciertas
fuentes de información indican que los agentes remitentes aceptan con
gusto a participar en el manejo de productos de ventas de drogas.
“Esta es Operación encubierta Clase I
que fue aprobada por los Departamentos de Justicia y del Tesoro. El
nombre de la Operación es Video Águila.
“La Aduana Americana tendrá a su disposición una gran cantidad de dinero que será usada para la operación encubierta.
“Cantidades para transferencia
electrónica. Al principio se depositarán entre 2,000 y 5,000 dólares;
después, la Aduana dará cantidades más grandes entre 12,000 y 25,000.
Quizás las empresas enviarán cantidades menos de 10,000 o quizás
enviarán cantidades mayores.
“No hay bancos mexicanos involucrados en esta investigación.
“Todas las transacciones al final del
día serán reportadas a la Dirección de la PGR y la División de Lavado de
Dinero de Hacienda.
“Una vez que su dirección nos dé el consentimiento, le avisaremos a la Dirección de Lavado de dinero de Hacienda.
“La Aduana abrirá tres cuentas de
ahorros y una cuenta de cheques. Una cuenta en cada una de las
siguientes ciudades: México, Guadalajara, Morelia y Tijuana.
“Un ciudadano mexicano, quien radica en México, apoyará a la Aduana en abrir las cuentas bancarias.
“Hasta hoy no hay información sobre las cuentas propuestas porque las cuentas no se han abierto.
“Antes de que los Estados Unidos les
hagan cargos criminales por el lavado de dinero, los Agentes Remitentes
tendrán que haber lavado aproximadamente 100,000 dólares de los fondos
encubiertos.
“Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle la más alta de mis consideraciones.”
Firma el Agregado Interino de Aduanas de los Estados Unidos.
Han sido los gobiernos desde Carlos
Salinas hasta Enrique Peña Nieto los que han abierto más las puertas del
país para operaciones encubiertas a las agencias policiales
estadunidenses, lo que se ha traducido en una mayor violencia en México y
una concentración mayor de drogas que intentan cruzar por la frontera
Norte, aumentando los volúmenes de dinero sucio que circulan en el país.
Es momento de que el nuevo gobierno de
López Obrador ponga un alto a la impunidad con que operan en el país los
policías de Estados Unidos y se revise cuidadosamente los intercambios y
acuerdos que siempre resultan benéficos sólo para el país vecino.
Miguel Badillo[Oficio de papel]
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