Pablo Gómez
El robo de hidrocarburos no ha sido efecto de unas bandas delincuenciales que lograban eludir la vigilancia de la autoridad. Ya se ha visto y comentado con amplitud. Es preciso, por tanto, examinar el asunto desde el ángulo del Estado, su estructura y sus formas de gobernanza.
El robo de gasolinas, así como de otros muchos bienes públicos, es parte del funcionamiento del Estado corrupto y sus maneras de gobernar a través de la corrupción directa y el reparto de canonjías, fondos, bienes y resoluciones gubernativas, legislativas y judiciales, a favor de personas con quienes se gobierna, funcionarios y líderes de organizaciones sociales.
El huachicol es una expresión radiografiada de ese Estado corrupto que ha existido en México desde los años cincuenta del siglo XX. La organización estatal funciona mediante repartos, de tal manera que se conforma un sistema de distribución de riqueza pública. Al mismo tiempo, opera mediante la adjudicación de funciones en las cuales es posible el cobro de sobornos.
Bajo este método de gobernar, la corrupción baja hasta los eslabones más finos de la sociedad. Ya no sólo el Estado es corrupto sino que muchas personas entran en contacto con la corrupción y de alguna manera admiten ese funcionamiento estatal.
No existe otro país en el que durante lustros hubiera sido robada todos los días una gran parte del combustible hasta el grado de construir un sistema. Hay muchos expendios que vendían más gasolina robada que la recibida legalmente de Pemex. La corrupción oficial se convertía en privada. Los expendedores recibían un grato descuento pero tenían que aceptar como algo normal y cotidiano que los funcionarios públicos siguieran robando a la nación, sencillamente porque así eran las cosas.
Al mismo tiempo, los transvasadores de los ductos tomaban el combustible de válvulas y vías paralelas construidas o toleradas por empleados y funcionarios de la paraestatal petrolera.
El producto ilegal de las ventas de gasolina se tenía que repartir entre todos los integrantes de la industria del huachicol.
El gobierno estaba al tanto con detalles de ese saqueo, en el cual también participaba la policía. El huachicol ha sido una actividad de Estado.
Cuando se abran al público los mecanismos ilegales imperantes en energía eléctrica y otros bienes y servicios se verá que el problema no se ha limitado a Pemex.
El sistema político de la corrupción que hemos llamado Estado corrupto no es un fenómeno circunstancial ni corresponde a una u otra administración. Como parte integrante de la forma de gobernar, la corrupción ha permeado todo el entramado político y el espacio público. No existe ámbito en el cual la corrupción no se exprese de alguna manera y, por tanto, por lo regular, es ampliamente conocida.
La tolerancia social a la corrupción no sólo ha tenido su base en el reparto de beneficios y en las facilidades que se otorgan, sino principalmente en la ausencia de un relevo en el poder que tuviera como una de sus motivaciones justamente la de desmontar el Estado corrupto. Ahora, por fin, tenemos un gobierno que asume, como parte relevante de su programa, el acabar con la corrupción.
Las tareas políticas para superar el Estado corrupto son muy grandes y diversas, pero todas deben cumplirse. Si no fuera así, el aparato estatal volvería una y otra vez sobre sus mismos pasos, aquellos métodos ampliamente conocidos y arraigados.
No hay derecho de fallar.
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