Acusaciones recurrentes contra Peña
No sólo desde Brooklyn
Narco, elecciones y poder
Menosprecio al Legislativo
Son, desde luego, cartas
marcadas. Declaraciones de delincuentes bajo control como testigos
protegidos o con promesas de mejoría en su situación si ya están
formalmente sentenciados. Por ello, dar como válidos algunos de los
señalamientos que hacen esos personajes, porque dañan la reputación de
alguno de los villanos favoritos de cada cual, equivaldría a luego tener
que aceptar otras postulaciones que afectasen al favorito de cada
quien. Sería como el rejuego de las encuestas de opinión: enaltecer las
que convienen y repudiar las adversas.
Sin embargo, los señalamientos del narcotraficante colombiano Alex
Cifuentes en el prolongado concierto de Los Capos Cantores de Brooklyn,
referidos a un pago de cuando menos 100 millones de dólares al ex
presidente Enrique Peña Nieto, aterrizan en un suelo propicio,
largamente abonado por anteriores acusaciones (inclusive del mismo
Cifuentes) y de evidencias de protección al extremo, por parte del
político mexiquense, de otros señalados como recaudadores de fondos de
origen oscuro para la campaña presidencial del citado Peña Nieto y, ya
con él en ejercicio del poder, para beneficio directo del grupo que se
apropió de Los Pinos (recuérdese el caso Odebrecht y su vertiente
mexicana con Emilio Lozoya).
La narrativa desarrollada por el delincuente colombiano antes
mencionado toca aristas claras de la operación electoral de 2012: habla
del especialista en campañas electorales utilizado con frecuencia por
los priístas, J.J. Rendón, ave de permanentes turbulencias. Millones de
pesos en maletas para el proceso de virtual compra de la Presidencia de
México por parte de grupos criminales convertidos en financistas, luego
retribuidos con protección específica a los cárteles
preferidos de la temporada y en contratos, negocios y todo tipo de
enjuagues que convirtieron el sexenio 2012-2018 en el más
escandalosamente corrupto de la historia moderna del país.
Las delaciones pronunciadas ayer en Nueva York, algunas de las cuales
ya se habían expresado en años anteriores en diligencias judiciales
bajo control del gobierno estadunidense, permiten entender el
apocamiento y servilismo de Peña Nieto y su camarilla ante los intereses
generales y las instrucciones particulares del aparato del poder del
país vecino. No sería la primera ocasión en que los servicios de
inteligencia y las actas judiciales sirvieran de irresistible mecanismo
de convencimiento para políticos mexicanos metidos en esos negocios
viscosos.
Cierto es que el actual presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, ha hablado con insistencia de la necesidad de otorgar una
amnistía hacia el pasado corrupto, para no atorarse en ello y menguar
las fuerzas para construir el futuro. Pero se privará de una buena dosis
de aliento el movimiento denominado Cuarta Transformación si no es
capaz de llevar a tribunales casos como el de estos presuntos
financiamientos criminales de campañas electorales, el de los Cantores
de Brooklyn y también el de Odebrecht, la maquinación delictiva
internacional que en México fue sistemáticamente blindada desde Los
Pinos, con su último ocupante como esmerado supresor de pruebas,
indicios y procesos.
No puede considerar decoroso el Poder Legislativo federal que otro
poder, el Ejecutivo federal, haya decidido dejar plantada a la Comisión
Permanente, que había citado a cuatro altos funcionarios del obradorismo
para que les explicaran lo que está sucediendo y lo que están haciendo
en cuanto al combate al huachicol y al desabasto de combustible.
Bajo el argumento de que las graves tareas a revisar justamente no
les permitían desatenderlas, los secretarios de Hacienda (Carlos Urzúa) y
Energía (Rocío Nahle), el director de Petróleos Mexicanos (Octavio
Romero) y el procurador para la defensa del consumidor (Ricardo
Sheffield) faltaron a la cita, lo cual causó enojo en la oposición a
Morena y encendidas discusiones en las que hasta Porfirio Muñoz Ledo le
entró al jaleo.
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