Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, López Obrador no ha
sido claro, al menos públicamente, de lo que quiere hacer con los
militares más allá de que lo acompañen en su proyecto de gobierno.
Es significativo que en los casos más trascendentes y polémicos de la
nueva administración estén presentes los militares: la cancelación del
aeropuerto de Texcoco, el combate al robo de combustibles y la creación
de la Guardia Nacional.
En la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Ejército se plegó al
presidente al ceder sus instalaciones de la base aérea de Santa Lucía,
en el Estado de México. Además, aceptó hacerse cargo de la construcción
de la nueva terminal aérea.
Eso se reflejó en el presupuesto de egresos para este año. La
Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un incremento de 15 mil millones
de pesos en su presupuesto. Pero 13 mil de los cuales serán para la
construcción del aeropuerto.
A pesar de que en el sexenio pasado fueron militares del Ejército los
que estuvieron a cargo del combate al robo de hidrocarburos, con el
fracaso a la vista de todos por su probable connivencia con los llamados
huachicoleros, el presidente les ha entregado el control directo de las instalaciones estratégicas. Ya no las vigilan. Ahora las controlan.
Además, ya les encargó la distribución de combustibles. No dijo si
será solo en la coyuntura de escasez, pero comprará entre 500 y mil
pipas para la Sedena y no para Pemex.
En el caso de la Guardia Nacional, el presidente no está dispuesto a
que el Congreso le cambie su proyecto de crear un cuerpo militar,
encargado de intervenir en las labores de seguridad que el presidente
considere, más allá de confrontar a la delincuencia organizada.
También a pesar de la evidencia, de larga data, de la contaminación
de los militares al entrar en contacto con la delincuencia organizada,
el presidente buscará que se imponga la mayoría de Morena en el Senado
para modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados con los votos de
la mayoría oficialista y de la oposición del PRI.
A cambio de dar la mayoría calificada, el PRI pudo haber negociado la
no persecución en contra de altos funcionarios del gobierno de Peña
Nieto, como en el caso del robo de combustibles, o del propio
expresidente, de cara a la consulta que anunció López Obrador sobre la
posibilidad de investigar a los expresidentes.
Independientemente de lo que se decida en el Senado, lo que se
perfila es un cuerpo cuyas operaciones serán decididas por un Estado
Mayor conjunto del Ejército y la Marina, además de autoridades civiles.
El control civil está en veremos.
López Obrador está embarcado en un cambio de régimen. No lo ha
caracterizado. En el caso de los militares solo se ha referido a un
“cambio gradual” para que las Fuerzas Armadas no se limiten a la Defensa
Nacional -es decir, a la seguridad nacional-, sino también realicen
labores de seguridad interior y seguridad pública.
A eso apunta su proyecto de Guardia Nacional y por eso su molestia de
que se haya eliminado el artículo Cuarto Transitorio de la reforma
referido a la participación de los militares en tareas de seguridad
publica en tanto opera el nuevo cuerpo.
López Obrador quiere modificar la doctrina militar y, en
consecuencia, sus actuaciones y participación en la vida del país. Es
parte de su idea de cambio de régimen. Hacia dónde. Solo él y los mandos
militares lo saben.
@jorgecarrascoa
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