Irma Eréndira Sandoval
La ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia.
En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos.
Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.
Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte.
Los principales estudios internacionales sobre la implementación de las leyes de denunciantes internos demuestran que estas normas sólo pueden funcionar de forma adecuada en el marco de la vigencia de las libertades de expresión, de acceso a la información, de asociación y de sindicalización, todo lo cual por desgracia hoy es más una quimera que una realidad para los ciudadanos de este país. De otra forma, los whistleblowers podrían poner en riesgo su integridad física y laboral y no pocas veces podrían arrepentirse de su participación. Otro grave riesgo es que estas figuras terminen siendo utilizadas para ajustes de cuentas, tal y como ha sido la pauta con los programas de “testigos protegidos” tan utilizados hoy por la Procuraduría General de la República.
Con respecto a la creación de una nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, no queda claro porque la iniciativa únicamente se limita a las “contrataciones públicas de carácter federal”. Lo que realmente haría falta es una ley general anticorrupción de amplio espectro que cubra la totalidad de las relaciones de complicidad y subordinación del sector público a los intereses privados. También haría falta dotar de independencia real a las instituciones responsables de aplicar las nuevas sanciones al sector privado. De nada servirá que a la Secretaría de Función Pública se le asignen estas nuevas facultades, cuando hasta el momento no ha sido capaz de hacer bien su labor en materia de sanciones para los servidores públicos.
En su discurso del miércoles, el Presidente también señala que “se mejorará sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos con objeto de impedir incrementos inexplicables en los mismos”, lo cual además de ser una perogrullada constituye una tácita aceptación de los altos niveles de impunidad en la materia. Algo verdaderamente útil hubiera sido el convertir en información pública de oficio las declaraciones patrimoniales de absolutamente todos los funcionarios públicos y representantes populares.
Pero ese tipo de transparencia no es del agrado del Presidente. Tan sólo el miércoles pasado durante la aprobación en lo general de las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la SHCP volvió a presionar a los diputados panistas para que se reservara el artículo 18 Bis que proponía transparentar los recursos públicos depositados en fideicomisos.
En resumen, sin voluntad política, sin consensos, sin respaldo social, sin una política anticorrupción verdaderamente coherente, y sobre todo sin un verdadero Estado de derecho, las reformas anticorrupción propuestas por el Presidente están condenadas al fracaso.
www.irmaerendira.blogspot.com
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos.
Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.
Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte.
Los principales estudios internacionales sobre la implementación de las leyes de denunciantes internos demuestran que estas normas sólo pueden funcionar de forma adecuada en el marco de la vigencia de las libertades de expresión, de acceso a la información, de asociación y de sindicalización, todo lo cual por desgracia hoy es más una quimera que una realidad para los ciudadanos de este país. De otra forma, los whistleblowers podrían poner en riesgo su integridad física y laboral y no pocas veces podrían arrepentirse de su participación. Otro grave riesgo es que estas figuras terminen siendo utilizadas para ajustes de cuentas, tal y como ha sido la pauta con los programas de “testigos protegidos” tan utilizados hoy por la Procuraduría General de la República.
Con respecto a la creación de una nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, no queda claro porque la iniciativa únicamente se limita a las “contrataciones públicas de carácter federal”. Lo que realmente haría falta es una ley general anticorrupción de amplio espectro que cubra la totalidad de las relaciones de complicidad y subordinación del sector público a los intereses privados. También haría falta dotar de independencia real a las instituciones responsables de aplicar las nuevas sanciones al sector privado. De nada servirá que a la Secretaría de Función Pública se le asignen estas nuevas facultades, cuando hasta el momento no ha sido capaz de hacer bien su labor en materia de sanciones para los servidores públicos.
En su discurso del miércoles, el Presidente también señala que “se mejorará sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos con objeto de impedir incrementos inexplicables en los mismos”, lo cual además de ser una perogrullada constituye una tácita aceptación de los altos niveles de impunidad en la materia. Algo verdaderamente útil hubiera sido el convertir en información pública de oficio las declaraciones patrimoniales de absolutamente todos los funcionarios públicos y representantes populares.
Pero ese tipo de transparencia no es del agrado del Presidente. Tan sólo el miércoles pasado durante la aprobación en lo general de las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la SHCP volvió a presionar a los diputados panistas para que se reservara el artículo 18 Bis que proponía transparentar los recursos públicos depositados en fideicomisos.
En resumen, sin voluntad política, sin consensos, sin respaldo social, sin una política anticorrupción verdaderamente coherente, y sobre todo sin un verdadero Estado de derecho, las reformas anticorrupción propuestas por el Presidente están condenadas al fracaso.
www.irmaerendira.blogspot.com
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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