Miguel Carbonell
Envueltos en el vendaval de noticias que todos los días recibimos y ocupados como estamos en la comprensión del tormentoso presente del país, a veces dejamos de observar ciertas noticias trágicas que afectan la vida y libertad de miles de personas. Es lo que ha sucedido con un importante informe presentado hace poco por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema del secuestro de migrantes.
Las cifras son alarmantes, como lo es también la falta de respuesta de las autoridades competentes. La CNDH nos indica en su informe que se pudo documentar que en un periodo de seis meses (de abril a septiembre de 2010) se produjeron 214 eventos de secuestro de migrantes, los cuales involucraron a 11 mil 333 víctimas. Sí, leyó bien: 11 mil víctimas de secuestro en un plazo de seis meses.
El 44% de las personas afectadas por tales secuestros son de origen hondureño, 16% son salvadoreños, 11% guatemaltecos, 10% mexicanos y 5% cubanos.
¿Por qué salen de sus países esas personas y se aventuran a sufrir todo tipo de vejaciones en territorio mexicano o estadounidense? La explicación central aparece también en el luminoso informe de la CNDH: la pobreza que afecta a Centroamérica es brutal. Son pobres, según datos de la Cepal, 68% de los habitantes de Honduras, 54% de los guatemaltecos, 47% de los salvadoreños y 39% de los ecuatorianos (según estadísticas de 2008).
La mayor parte de los secuestros de migrantes sucede en el sureste de México (67%), aunque también se presentaron en la región norte (29%) y mucho menos en el centro del país (únicamente 2%).
¿Cómo responden las autoridades frente a esta masiva y clamorosa acción delictiva? Según el informe de la CNDH, ni las autoridades federales ni las locales parecen estar muy preocupadas por el tema. La PGR apenas ha consignado dos averiguaciones previas, la procuraduría de Baja California ha realizado una consignación y la de Chiapas ha llevado ante la autoridad judicial dos expedientes (datos de 2008 y 2009). La mayor parte de las procuradurías de Justicia de las demás entidades federativas ni siquiera tienen registro del delito de secuestro contra migrantes. Es decir, la impunidad absoluta parece ser la regla, como pasa con frecuencia en México.
Lo peor de todo, quizá, es la falta de respuesta de la sociedad mexicana. Si los secuestrados hubieran sido todos ellos mexicanos, seguro se habría producido un gran reclamo ante las autoridades. Es probable que ya se hubieran pedido renuncias de funcionarios, organizado marchas en varias ciudades, los analistas discutirían sobre el tema en los medios de comunicación y en las universidades se organizarían eventos para estudiar un fenómeno de tal gravedad.
Pero como los afectados son extranjeros y pobres, nadie parece preocuparse por su suerte. El mismo respeto que el gobierno mexicano le pide a EU para proteger a nuestros connacionales que están en territorio norteamericano, no se puede garantizar en nuestro propio país.
México sostiene una doble moral muy criticable en el trato a los extranjeros que están en territorio nacional. La Constitución habla de “extranjeros perniciosos” y en el artículo 33 (afortunadamente recién modificado) se autoriza a expulsarlos sin ningún trámite ni derecho de defensa. Quizá no nos hemos dado cuenta de que el delito de secuestro lastima igual a todos, con independencia de la nacionalidad de la víctima. Quizá no vemos que los que vienen de fuera son iguales a nosotros y merecen completo y total respeto. Quizá pensamos que no deberían venir a nuestro país, sino quedarse en el suyo viviendo en la pobreza.
Eso es lo que creen muchos estadounidenses sobre los mexicanos que llegan a su país y, por eso, nos sentimos legítimamente ofendidos. La misma consideración habría que tener, siendo congruentes, con los abusos que se producen dentro de nuestras fronteras.
El importante informe de la CNDH nos ofrece un mirador excepcional para darnos cuenta de la crueldad e injusticia con la que tratamos a los migrantes. Ojalá no caiga en el vacío.
El testimonio de un migrante secuestrado, que se incluye al final del informe de la Comisión, señala: “No importa lo que me hicieron. Pero lo que le hicieron a todas esas mujeres, eso duele más. Eran diecisiete. Diecisiete mujeres que regresaban cada noche más tristes, más heridas, golpeadas. Yo no voy a olvidar nunca lo que vi”. Ojalá nosotros tampoco olvidemos.
Investigador del IIJ-UNAM
Las cifras son alarmantes, como lo es también la falta de respuesta de las autoridades competentes. La CNDH nos indica en su informe que se pudo documentar que en un periodo de seis meses (de abril a septiembre de 2010) se produjeron 214 eventos de secuestro de migrantes, los cuales involucraron a 11 mil 333 víctimas. Sí, leyó bien: 11 mil víctimas de secuestro en un plazo de seis meses.
El 44% de las personas afectadas por tales secuestros son de origen hondureño, 16% son salvadoreños, 11% guatemaltecos, 10% mexicanos y 5% cubanos.
¿Por qué salen de sus países esas personas y se aventuran a sufrir todo tipo de vejaciones en territorio mexicano o estadounidense? La explicación central aparece también en el luminoso informe de la CNDH: la pobreza que afecta a Centroamérica es brutal. Son pobres, según datos de la Cepal, 68% de los habitantes de Honduras, 54% de los guatemaltecos, 47% de los salvadoreños y 39% de los ecuatorianos (según estadísticas de 2008).
La mayor parte de los secuestros de migrantes sucede en el sureste de México (67%), aunque también se presentaron en la región norte (29%) y mucho menos en el centro del país (únicamente 2%).
¿Cómo responden las autoridades frente a esta masiva y clamorosa acción delictiva? Según el informe de la CNDH, ni las autoridades federales ni las locales parecen estar muy preocupadas por el tema. La PGR apenas ha consignado dos averiguaciones previas, la procuraduría de Baja California ha realizado una consignación y la de Chiapas ha llevado ante la autoridad judicial dos expedientes (datos de 2008 y 2009). La mayor parte de las procuradurías de Justicia de las demás entidades federativas ni siquiera tienen registro del delito de secuestro contra migrantes. Es decir, la impunidad absoluta parece ser la regla, como pasa con frecuencia en México.
Lo peor de todo, quizá, es la falta de respuesta de la sociedad mexicana. Si los secuestrados hubieran sido todos ellos mexicanos, seguro se habría producido un gran reclamo ante las autoridades. Es probable que ya se hubieran pedido renuncias de funcionarios, organizado marchas en varias ciudades, los analistas discutirían sobre el tema en los medios de comunicación y en las universidades se organizarían eventos para estudiar un fenómeno de tal gravedad.
Pero como los afectados son extranjeros y pobres, nadie parece preocuparse por su suerte. El mismo respeto que el gobierno mexicano le pide a EU para proteger a nuestros connacionales que están en territorio norteamericano, no se puede garantizar en nuestro propio país.
México sostiene una doble moral muy criticable en el trato a los extranjeros que están en territorio nacional. La Constitución habla de “extranjeros perniciosos” y en el artículo 33 (afortunadamente recién modificado) se autoriza a expulsarlos sin ningún trámite ni derecho de defensa. Quizá no nos hemos dado cuenta de que el delito de secuestro lastima igual a todos, con independencia de la nacionalidad de la víctima. Quizá no vemos que los que vienen de fuera son iguales a nosotros y merecen completo y total respeto. Quizá pensamos que no deberían venir a nuestro país, sino quedarse en el suyo viviendo en la pobreza.
Eso es lo que creen muchos estadounidenses sobre los mexicanos que llegan a su país y, por eso, nos sentimos legítimamente ofendidos. La misma consideración habría que tener, siendo congruentes, con los abusos que se producen dentro de nuestras fronteras.
El importante informe de la CNDH nos ofrece un mirador excepcional para darnos cuenta de la crueldad e injusticia con la que tratamos a los migrantes. Ojalá no caiga en el vacío.
El testimonio de un migrante secuestrado, que se incluye al final del informe de la Comisión, señala: “No importa lo que me hicieron. Pero lo que le hicieron a todas esas mujeres, eso duele más. Eran diecisiete. Diecisiete mujeres que regresaban cada noche más tristes, más heridas, golpeadas. Yo no voy a olvidar nunca lo que vi”. Ojalá nosotros tampoco olvidemos.
Investigador del IIJ-UNAM
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