Ana María Salazar
De ser un Estado fallido a considerar la posibilidad de que Los Zetas colaboren con Al-Qaeda. Ahora WikiLeaks y la operación “Rápido y Furioso”. Es un milagro que los funcionarios mexicanos sigan conversando con los vecinos, pero también son los gajes del oficio. Ser vecino de Estados Unidos nunca representará algo fácil, sin embargo, por algo será que millones de mexicanos buscan cruzar a ese país.
Y aunque los comentarios del embajador Carlos Pascual filtrados por WikiLeaks ofenden las sensibilidades del presidente Felipe Calderón, el bad boy de Pascual no dijo algo que no se haya dicho antes. De hecho, muchos columnistas y reporteros deberíamos exigir regalías o, por lo menos, pedir que se nos cite como fuente en los cables filtrados. Carlos no descubrió el hilo negro.
Ahora surge la operación “Rápido y Furioso”.
No es nuevo que el gobierno de EU use operaciones encubiertas, donde se permiten o se promueven actividades delictivas para identificar, investigar y eventualmente arrestar a miembros del crimen organizado. Dichos operativos pueden ser una herramienta muy efectiva para arrestar capos, porque se supone que se documentan las actividades de los delincuentes mediante videos, fotografías, grabaciones de voz, etcétera. Todo esto se usa ante un jurado en Estados Unidos para condenar a delincuentes.
Para entender cómo EU pudo arrestar en un día a 600 mexicanos, días después de que mataran al agente Zapata, o como en el 2009, en dos días —después de cuatro años de investigaciones, en la operación llamada Project Coronado— arrestaron a 300 supuestos integrantes de La Familia Michoacana, hay que destacar que además de requerir de una extraordinaria coordinación entre policías y fiscales locales y federales para llevar a cabo este operativo, seguramente hubo múltiples acciones encubiertas, donde agentes compraban y vendían drogas, conseguían armas... por supuesto, todas éstas son actividades ilegales. Desde que se ejecutó este operativo, más de mil personas adicionales han sido arrestadas.
Sí, las operaciones encubiertas pueden ser muy efectivas para combatir a las grandes organizaciones criminales. La idea es que el fin justifica los medios. Pero cuando fracasan estas operaciones, los resultados pueden ser devastadores. Se han documentado casos, por ejemplo, en donde agentes estadounidenses dejaron ingresar a su territorio toneladas de cocaína —las cuales llegaron a los consumidores y adictos— como parte de un operativo tratando de identificar a quienes traficaban drogas a EU.
Con la excepción de infiltrar personas a una organización delictiva, generalmente estas operaciones son ilegales, especialmente si requieren que el gobierno participe o patrocine una actividad ilegal. Ante los resultados de la operación “Rápido y Furioso”, uno entiende por qué no debería permitirse. Sin embargo, hay que reconocer que sin éste se les quita a las autoridades una herramienta importante.
¿Qué puede hacer ahora el gobierno de México? Puede exigir que se investigue y castigue penalmente a los agentes y a sus supervisores involucrados en la operación. Pedirlos en extradición para que los juzguen en México por el delito de tráfico de armas. Algo a lo que seguramente no accederá el gobierno de EU.
Otra alternativa sería que el gobierno de México presionara no sólo una investigación penal en EU, sino también que buscara participar en la investigación administrativa ordenada por el fiscal general Eric Holder. Más efectivo sería iniciar un juicio civil, donde ya sea el gobierno de México o personas que han sido víctimas de estas armas introducidas al país, a través de Rápido y Furioso, puedan exigir remuneración económica por los resultados de este operativo.
Seguramente un juicio de esta naturaleza tardaría años y tendría un importante costo. Pero también permitiría que el tema se desvinculara de las relaciones diplomáticas entre los países cuando éstas se normalizaran después de las elecciones presidenciales en ambas naciones. Un juicio de esta naturaleza continuaría ejerciendo presiones en las agencias estadounidenses para que consideren el impacto político en las relaciones bilaterales y en el bolsillo de las instituciones cuando se estén considerando operaciones tipo Rápido y Furioso. Una demanda civil permite que se paguen indemnizaciones millonarias a las víctimas. Muchas veces la mejor diplomacia se define con el bolsillo.
Analista política
Y aunque los comentarios del embajador Carlos Pascual filtrados por WikiLeaks ofenden las sensibilidades del presidente Felipe Calderón, el bad boy de Pascual no dijo algo que no se haya dicho antes. De hecho, muchos columnistas y reporteros deberíamos exigir regalías o, por lo menos, pedir que se nos cite como fuente en los cables filtrados. Carlos no descubrió el hilo negro.
Ahora surge la operación “Rápido y Furioso”.
No es nuevo que el gobierno de EU use operaciones encubiertas, donde se permiten o se promueven actividades delictivas para identificar, investigar y eventualmente arrestar a miembros del crimen organizado. Dichos operativos pueden ser una herramienta muy efectiva para arrestar capos, porque se supone que se documentan las actividades de los delincuentes mediante videos, fotografías, grabaciones de voz, etcétera. Todo esto se usa ante un jurado en Estados Unidos para condenar a delincuentes.
Para entender cómo EU pudo arrestar en un día a 600 mexicanos, días después de que mataran al agente Zapata, o como en el 2009, en dos días —después de cuatro años de investigaciones, en la operación llamada Project Coronado— arrestaron a 300 supuestos integrantes de La Familia Michoacana, hay que destacar que además de requerir de una extraordinaria coordinación entre policías y fiscales locales y federales para llevar a cabo este operativo, seguramente hubo múltiples acciones encubiertas, donde agentes compraban y vendían drogas, conseguían armas... por supuesto, todas éstas son actividades ilegales. Desde que se ejecutó este operativo, más de mil personas adicionales han sido arrestadas.
Sí, las operaciones encubiertas pueden ser muy efectivas para combatir a las grandes organizaciones criminales. La idea es que el fin justifica los medios. Pero cuando fracasan estas operaciones, los resultados pueden ser devastadores. Se han documentado casos, por ejemplo, en donde agentes estadounidenses dejaron ingresar a su territorio toneladas de cocaína —las cuales llegaron a los consumidores y adictos— como parte de un operativo tratando de identificar a quienes traficaban drogas a EU.
Con la excepción de infiltrar personas a una organización delictiva, generalmente estas operaciones son ilegales, especialmente si requieren que el gobierno participe o patrocine una actividad ilegal. Ante los resultados de la operación “Rápido y Furioso”, uno entiende por qué no debería permitirse. Sin embargo, hay que reconocer que sin éste se les quita a las autoridades una herramienta importante.
¿Qué puede hacer ahora el gobierno de México? Puede exigir que se investigue y castigue penalmente a los agentes y a sus supervisores involucrados en la operación. Pedirlos en extradición para que los juzguen en México por el delito de tráfico de armas. Algo a lo que seguramente no accederá el gobierno de EU.
Otra alternativa sería que el gobierno de México presionara no sólo una investigación penal en EU, sino también que buscara participar en la investigación administrativa ordenada por el fiscal general Eric Holder. Más efectivo sería iniciar un juicio civil, donde ya sea el gobierno de México o personas que han sido víctimas de estas armas introducidas al país, a través de Rápido y Furioso, puedan exigir remuneración económica por los resultados de este operativo.
Seguramente un juicio de esta naturaleza tardaría años y tendría un importante costo. Pero también permitiría que el tema se desvinculara de las relaciones diplomáticas entre los países cuando éstas se normalizaran después de las elecciones presidenciales en ambas naciones. Un juicio de esta naturaleza continuaría ejerciendo presiones en las agencias estadounidenses para que consideren el impacto político en las relaciones bilaterales y en el bolsillo de las instituciones cuando se estén considerando operaciones tipo Rápido y Furioso. Una demanda civil permite que se paguen indemnizaciones millonarias a las víctimas. Muchas veces la mejor diplomacia se define con el bolsillo.
Analista política
No hay comentarios.:
Publicar un comentario