MÉXICO, D.F., 11 de marzo (apro).- Dos noticias han marcado la semana empresarial: la lucha entre el duopolio televisivo y el monopolio telefónico, y el anuncio de que la riqueza de los magnates mexicanos sigue en ascenso.
Con el uso de los medios de comunicación, Telmex, Televisa y Televisión Azteca se han dedicado a denunciarse mutuamente.
Por un lado, Teléfonos de México presentó un par de denuncias por supuestas prácticas monopólicas absolutas y relativas en contra de Televisa y TV Azteca, mientras que otro grupo de operadores de televisión abierta, restringida, de telefonía móvil y fija, acusaron a Movistar y a Telcel de colusión tarifaria para evitar competencia.
Las autoridades han dicho poco, pero una de las pocas cosas que han declarado es que ambas partes tienen razón.
Televisa y Televisión Azteca (el duopolio televisivo) han impedido que Telmex participe ofreciendo televisión abierta y cerrada, cuando tiene derecho a hacerlo, aunque, efectivamente, la empresa de Carlos Slim aplica cobros excesivos por la interconexión, que deberían alinearse con los precios internacionales.
Y, al mismo tiempo, como todos los años, la revista Forbes publicó en días pasados su lista de súper millonarios del mundo. Entre los diez mexicanos que aparecen este año en esa lista figura, en primerísimo lugar, Carlos Slim, pero también aparecen Ricardo Salinas Pliego –dueño, entre otras empresas, de Televisión Azteca– y Emilio Azcárraga Jean, de Televisa.
Así pues, el pleito es entre magnates: la familia más rica de México y del mundo, contra los Salinas Pliego y Azcárraga, el cuarto y séptimo entre los más ricos del país.
Tan pronto empezó el pleito, daban ganas de sentarse a ver de qué cuero salen más correas, pero lo que importa es que el ataque deje algún beneficio para los mexicanos de a pie.
Si la autoridad piensa que ambas partes tienen razón, pues lo que debiera seguir es que ambas se les reconozca por igual y, consecuentemente, que se abra inmediatamente la posibilidad de que ingresen otros operadores a ofrecer televisión y que se establezcan tarifas de interconexión a precios internacionales.
Teóricamente, los beneficiados con esta decisión gubernamental serían los consumidores, toda vez que la reducción de las tarifas de interconexión tendría que traducirse en precios más bajos y, también, mejor calidad en el servicio.
Asimismo, la existencia de una o más televisoras ampliaría la oferta televisiva y tendrían que bajar los precios para los anunciantes, de manera que los consumidores saldrían beneficiados.
Más aún, la ruptura de la aguda concentración en estos mercados podría provocar un impulso generalizado para que los mercados con control oligopólico, es decir los controlados por unas cuantas empresas, se abrieran a la competencia.
Es obvio que, pese a que es evidentemente conveniente, la apertura a mayor competencia en estos mercados es un asunto complejo, y una de las dificultades presentes tiene que ver con política, pues se trata no sólo del peso que tienen estas grandes empresas y sus dueños, sino de las relaciones de los magnates con algunos de los institutos políticos que hay en el país.
Siempre ha sido clara la relevancia política de los medios electrónicos de comunicación y su enorme capacidad de influencia en los procesos electorales.
Por años fueron una herramienta de apoyo al PRI y luego, con el fin de la “dictadura perfecta”, sirvieron al candidato del PAN, sin abandonar por completo sus relaciones y compromisos políticos con el Revolucionario Institucional, y en las elecciones de 2006 jugaron abiertamente contra el candidato de las izquierdas y a favor de la continuidad panista.
La eficiencia política demostrada en el proceso electoral de 2006 evidenció que se habían convertido en los grandes electores, capaces de decidir quién gobernaría al país. Ello permitió que los partidos con mayor respaldo electoral acordaran modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), eliminando la posibilidad de que los partidos compraran tiempo televisivo y reduciendo ese medio de propaganda política a los tiempos oficiales.
El proceso electoral de 2009 demostró que los medios electrónicos son capaces de sortear las dificultades legales para influir. Y, coludidos con candidatos y partidos, desarrollaron formas novedosas para apoyar a sus candidatos.
En los tiempos preparatorios a la contienda presidencial de 2012, los medios electrónicos tienen candidato desde hace muchos meses. Lo han construido, han invertido en él, le han creado una imagen que aparece con una frecuencia inusitada en las pantallas. Ese candidato tiene nombre y corresponde a un partido: Peña Nieto, del PRI.
De eso no hay la menor duda. Tampoco la hay en relación con que constituye un enorme desafió a la posibilidad de que gane la presidencia otro candidato.
Y, así, el duopolio televisivo tiene apoyos poderosos, de manera que romper ese duopolio para la maltrecha democracia mexicana es absolutamente fundamental.
La oportunidad que abre el conflicto con Telmex es extraordinaria, y es el momento para que las instancias del estado actúen.
El Ejecutivo debiera enviar las iniciativas legales que correspondan para abrir los espacios televisivos y así determinar las tarifas de interconexión. Y, con prontitud, el Legislativo tendría que dictaminar favorablemente esas iniciativas, para permitir que se instrumentes las acciones. Pero no parece posible que esto ocurra.
Si el Ejecutivo tuviera la capacidad para decidir a favor del país y no del duopolio y monopolio, probablemente en el Legislativo habría grupos parlamentarios y diputados sueltos que se alinearan con la telebancada que, obviamente, instrumentaría todas las medidas dilatorias posibles y sería una oposición beligerante.
Pese a ello, habría que mandar esa iniciativa y forzar un debate nacional, con salidas que apelaran a la ciudadanía y que construyeran una voluntad mayoritaria nacional capaz de obligar a cambiar las reglas del juego a favor de la democracia y la competitividad nacional.
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