Demandan activistas su liberación inmediata
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 9 mar 11 (CIMAC).- En Baja California, 14 mujeres están encarceladas y esperan sentencia –de hasta 50 años de prisión, sin derecho a fianza– por interrumpir su embarazo, denunció Marixtel Calderón Vargas, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.
En entrevista telefónica, la activista precisó que entre 2000 y 2010 fueron encarceladas 14 bajacalifornianas acusadas por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco, tipo penal con el que se pretende sancionar a las mujeres que decidieron abortar con una pena de cárcel de entre 20 y 50 años de prisión, sin derecho a fianza.
Calderón Vargas adelantó que la Red solicitará al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, que revise los casos y evite que se vulnere el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria. Por ello demandó la libertad inmediata para las 14 presas en el estado de Baja California.
La integrante de la Red aclaró que además de esos 14 casos está el de una joven de 19 años que en 2008 sufrió un aborto espontáneo y está en prisión también por el supuesto delito de homicidio agravado en razón de parentesco.
El pasado 20 de enero, la mujer (ya con casi tres años en la cárcel) fue sentenciada a 23 años de prisión, pero la defensa apeló el fallo por lo que el caso está ante el Tribunal Superior de Justicia del estado en espera de que la magistrada Perla Ibarra le dé resolución.
Calderón afirmó que además de la joven (ahora de 21 años de edad) hay más mujeres presas en Baja California por abortar, es por eso –subrayó– que esperamos que el Tribunal Superior del estado resuelva conforme a Derecho y tome en cuenta los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos de las mujeres para liberar a la joven y revisar los otros 14 casos.
El 26 de diciembre de 2008, legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, modificaron el artículo 7 de la Constitución local para proteger la vida desde el momento de la concepción y derogaron las disposiciones que la contravengan, es decir, las causales permitidas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Código Penal del estado.
Sin embargo, los códigos Penal y de Procedimientos Penales estatales no han sido reformados conforme lo señala la Constitución y se mantienen las causales que permiten el aborto por violación, por peligro de vida de la gestante, por malformación del producto y por inseminación artificial sin autorización.
A decir de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, la reforma constitucional ha dado pie a las autoridades “misóginas” para encarcelar a las mujeres “que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, la no discriminación, sus derechos sexuales y reproductivos, y a una maternidad libre y voluntaria”.
La reforma en Baja California contraviene el artículo 4 de la Constitución federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
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